A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.
En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys".
Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.
La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.
Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.
La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.
En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.