El oficialismo libertario y la oposición dialoguista aprovecharán una reunión virtual que se consumará esta tarde, desde las 17, para definir la agenda del Senado de cara al mes próximo, con bancadas aliadas que ya revisan la iniciativa que blinda la propiedad privada y algunas dudas de aliados sobre eventuales propuestas sobre corrupción en el Código Penal que el Ejecutivo promete enviar, en algún momento, a Diputados.
La última cuestión, sin el proyecto presentado de manera oficial, se activó por trascendidos que, como suele ocurrir, levantan la guardia de un par de bloques que sí o sí precisa La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta. “Si es cierto que se revisan penas sobre algunos delitos contra la administración pública, en el sentido de si algunas llegaran a disminuir, estaremos en problemas”, sentenció un referente dialoguista a Infobae.
“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente, Javier Milei, en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y ‘entraderas’, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas. También impulsaremos el agravamiento de la pena para: casos de incumplimiento de deberes alimentarios; trapitos; grooming y abuso sexual infantil”, manifestó el martes pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Vale recordar que, durante largos meses, un equipo de expertos liderado por Jorge Buompadre, y acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti y Ricardo Basílico, entre otros, entregó una documento actualizado, detallado y fundamentado a la Casa Rosada para renovar el Código Penal.
Propiedad privada
Tras la ansiedad que generaron las leyes lanzadas por el primer mandatario el 1 de marzo pasado -inauguración de sesiones ordinarias-, el texto sobre propiedad privada ingresó el viernes último a la Cámara alta. Llegó más que completo: modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se votó durante el macrismo, con amplísimo apoyo-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.
“El derecho de propiedad no sólo protege intereses individuales, sino que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo económico, la inversión, la previsibilidad y la autonomía personal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional no se limita a la titularidad formal del bien, sino que se extiende a su contenido económico, y comprende el uso, el goce y la disposición de éste”, argumentó el Ejecutivo.
Uno de los capítulos resaltó que el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RANABAP), “lejos de lograr su objetivo, luego de más de siete años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08% del suelo” a los que “apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo”.
Esto implicaría un punto delicado si se considera, cuando se discutió la ley, el “consenso” entre movimientos sociales -el hoy diputado nacional Juan Grabois- hoy criticados por la Casa Rosada, la iglesia y la entonces ministra de Desarrollo Social del macrismo, Carolina Stanley. La nueva ley dinamita varios artículos y aclara que los procesos en curso no se verán afectados.
Para el Manejo del Fuego, en tanto, se reformula el artículo 22 bis y derogan el 22 ter y 22 quater. Los primeros hablan de no tocar tierras -tras incendios- por 60 y 30 años, respectivamente. Ya no aparecen más esos plazos, pero sí otras prohibiciones relacionadas con superficies de bosques nativos, por ejemplo.