Murió María del Carmen Roqueta, la ex jueza que dio por probado el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura

Se trata de María del Carmen Roqueta. Como presidente del Tribunal Oral Federal N°6, condenó a nueve militares el 6 de julio de 2012. Entre ellos se encontraba Jorge Rafael Videla

La jueza María del Carmen Roqueta, cuya labor es fundamental en la investigación del plan sistemático de robo de bebés

El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

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El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Jorge Rafael Videla fue condenado por el robo de bebés por la jueza Roqueta el 6 de julio de 2012 (Photo by AFP)

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

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