Reforma Penal Juvenil, en vivo: el peronismo votará dividido el acuerdo UE-Mercosur

El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, sostuvo que a los 14 años existe comprensión de la criminalidad del acto y que esa conducta debe tener consecuencias penales. En ese marco, afirmó que el debate no puede limitarse a la baja de la edad de imputabilidad, sino que debe avanzar en la construcción de un régimen penal juvenil integral que supere la normativa vigente, a la que definió como una omisión del Estado por provenir de la última dictadura. Recordó que durante un año pasaron por el Congreso especialistas de distintas disciplinas y organizaciones de la sociedad civil, y remarcó que su bloque presentó un proyecto con diferencias sustanciales respecto del impulsado por el Poder Ejecutivo.

Gutiérrez planteó que el eje del sistema debe estar en dotar a los jueces de herramientas concretas desde el momento cero del delito, con un esquema de dieciséis medidas cautelares que incluyan desde restricciones digitales hasta el decomiso de bienes y la figura del arrepentido. Señaló que la privación de la libertad debe ser excepcional y reservada para delitos graves, junto con alternativas restaurativas, terapéuticas y educativas, respaldadas por un Estado con programas y financiamiento adecuados. Además, advirtió que la ley corre riesgo de judicialización si no se incorpora una modificación al Código Penal que establezca expresamente la no punibilidad de los menores de 14 años, y pidió revisar ese punto para garantizar la aplicabilidad del nuevo régimen.

El diputado Pablo Farías, de Provincias Unidas, sostuvo que el Congreso no debe “seguir dilatando” el debate sobre un sistema de responsabilización penal de niños y adolescentes y remarcó que la legislación vigente “no lo resuelve”, al arrastrar un “pecado de origen” por haber sido sancionada sin plena vigencia democrática. Señaló que durante más de ocho meses la comisión trabajó sobre distintos proyectos y afirmó que existe un consenso mayoritario para fijar en los 14 años el inicio de la imputabilidad penal, apoyado en experiencias internacionales y regionales.

El legislador aclaró que establecer la edad de imputabilidad no implica aplicar el Código Penal de adultos y defendió el principio de especialidad, tanto en el proceso como en las sanciones. En ese marco, explicó que su dictamen alternativo propone penas diferenciadas según franjas etarias, un tope máximo de diez años —frente a los quince del dictamen de mayoría—, plazos estrictos para la prisión preventiva y un sistema integrado con la Ley 26.061 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Subrayó que la privación de la libertad debe ser la última ratio y cuestionó la falta de financiamiento previsto, al advertir que sin inversión estatal y políticas preventivas “se desfinancia absolutamente” el nuevo régimen.

El bloque de Unión por la Patria encontró la vuelta para ir unido en un tema que genera diferentes posturas dentro del variopinto bloque peronistas. El debate de la baja de edad de imputabilidad generó en el bloque posiciones que van desde el rechazo hasta el acompañamiento pasando por diferentes versiones, es por eso que se definió que en la votación en general no acompañarán al oficialismo y, cuando vaya en particular, algunos de los diputados del bloque acompañarán algunos de los artículos.

Donde no se llegó a un punto en común es en el acuerdo Unión Europea - Mercosur. El peronismo que se mostró en contra de lo que proponía la UE cuando se discutió en 2019, 2023 y 2025 hoy encontró el apoyo de algunos sectores del bloque. “Hay de todos lados que van a acompañar. Del PJ, del kirchnerismo, del massismo, de los gobernadores; vamos a ir divididos”, explicó una fuente del bloque. “Las diferencias comenzaron en los últimos encuentros que tuvo el bloque para debatir el tema y eso nos llevó a esto”, explicó otra fuente del bloque de Unión por la Patria.

La diputada Victoria Tolosa Paz rechazó el proyecto de Reforma Penal Juvenil impulsado por el oficialismo y sostuvo que parte de una consigna “inconstitucional”, en alusión a la frase “delito de adulto, pena de adulto”, atribuida a Patricia Bullrich. En su exposición, citó observaciones internacionales que señalan que niños y adolescentes deben recibir un trato diferenciado por su desarrollo físico y psicológico, y advirtió que el contacto temprano con el sistema penal “perjudica sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.

La legisladora de Unión por la Patria cuestionó que la respuesta del Gobierno sea “cárcel y bala” en un contexto de desarticulación de políticas públicas de niñez, educación y salud, y afirmó que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Defendió el dictamen de su bloque, que fija la punibilidad entre los 16 y los 18 años y establece una pena máxima de diez años para delitos graves, con criterios de proporcionalidad, progresividad y un sistema especializado que garantice defensa, derechos y espacios diferenciados de los adultos.

Tolosa Paz también puso el foco en los adolescentes no punibles y reclamó una respuesta integral del Estado frente a los delitos cometidos por menores de esa franja etaria. Señaló la necesidad de fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos, la aplicación de la ley de salud mental y medidas excepcionales de restricción de la libertad en casos gravísimos, con control judicial y plazos limitados. En ese marco, acusó al oficialismo de cambiar la edad de imputabilidad “como si fuera un juego de cartas” y afirmó que el proyecto “no resuelve la conflictividad adolescente”, al tiempo que llamó a legislar con “más seriedad y menos slogans”.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, publicó una foto junto a todos los legisladores oficialistas minutos antes de ingresar al recinto y envió un mensaje de respaldo político a la sesión. “Listos los leones para salir a la cancha”, escribió en sus redes sociales, en la antesala del inicio del debate.

En el mismo posteo, Bornoroni aseguró que este jueves el Congreso avanzará con la aprobación de la Ley Penal Juvenil y con la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”, afirmó, en línea con la estrategia del oficialismo de mostrar cohesión y expectativa de triunfo legislativo.

La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante del oficialismo, abrió el debate sobre la Reforma Penal Juvenil con una fuerte crítica al régimen vigente, al que calificó como “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”. Señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica. En ese marco, destacó que el dictamen de mayoría surgió tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la edad de imputabilidad. Rodríguez Machado explicó que el consenso legislativo fijó el umbral en los 14 años, por encima de los 13 propuestos inicialmente por el Poder Ejecutivo, y sostuvo que especialistas en neurociencia y salud mental coincidieron en que, a partir de esa franja etaria, los adolescentes tienen discernimiento y voluntad para comprender la ilegalidad de sus actos. Rechazó que el proyecto busque “encarcelar menores” y subrayó que establece un régimen integral con 51 artículos, nueve tipos de sanciones y la privación de la libertad como último recurso, con penas proporcionales y alternativas como mediación, restricciones de acercamiento y seguimiento judicial.

La diputada también defendió las garantías del nuevo sistema, que prevé la participación de las víctimas, procesos con plazos máximos, supervisores especializados para acompañar a los adolescentes y la prohibición absoluta de alojar menores junto a adultos. Afirmó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales. Por último, aseguró que el proyecto contempla un esquema de financiamiento claro, con partidas definidas y convenios entre Nación y provincias, y llamó a saldar una deuda histórica del Congreso con una ley que, según expresó, permita terminar con la impunidad y ordenar la respuesta del Estado frente al delito juvenil.

Juan Schiaretti juró este jueves como diputado nacional en la Cámara baja, luego de no haber podido asistir a la sesión preparatoria de diciembre pasado debido a una intervención cardíaca. El exgobernador de Córdoba recibió el alta médica el 14 de enero y regresó al Congreso tras once años, en el marco de una jornada legislativa marcada por el debate sobre la nueva Ley Penal Juvenil.

Durante su asunción, Schiaretti también informó que renunció a percibir la dieta y los gastos de representación como diputado nacional, por lo que mantendrá como únicos ingresos los provenientes de su actividad profesional y de su jubilación nacional ordinaria.

Hay quórum y Diputados inició la sesión para debatir la Reforma Penal Juvenil

La Cámara de Diputados alcanzó el quórum necesario para comenzar la sesión especial, luego de que el oficialismo reuniera 129 legisladores presentes, frente a 128 ausentes. De ese modo, quedó habilitado el debate en el recinto sobre el proyecto de Reforma Penal Juvenil.

La iniciativa figura como el primer punto del temario y concentra la atención del oficialismo y de la oposición, en una jornada que se anticipa extensa y que también incluye la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La UCR adelantó su apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil que se debatirá en Diputados

La Unión Cívica Radical anunció que acompañará la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil que la Cámara de Diputados tratará este jueves, destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años. Desde el partido señalaron que el objetivo es “garantizar justicia para las víctimas y fomentar la responsabilidad adolescente de sus actos”, en la antesala de una sesión clave en el Congreso.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la UCR sostuvo que mantiene “una posición histórica y consistente” a favor de un sistema penal juvenil “moderno y federal, con reglas claras y garantías efectivas”. En ese marco, remarcó que el proyecto que se somete a votación es integral y advirtió que “modificar solo la edad de punibilidad no mejora la seguridad ni garantiza la justicia”, al tiempo que cuestionó la vigencia del decreto ley actual, al que calificó como “agotado”, fragmentado y poco transparente.

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión que se extenderá por al menos diez horas, con un temario cargado y una dinámica atravesada por 22 cuestiones de privilegio, que serán ordenadas y tratadas en bloques a lo largo de la jornada.

Según el esquema previsto, el debate en el recinto se abrirá con la Reforma Penal Juvenil y luego avanzará con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En este último caso, la definición será en una única votación, que se resolverá por la afirmativa o la negativa, sin posibilidad de introducir cambios al texto.