Ese lunes, el Gobierno aceptó la renuncia del actual titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. Además, oficializó la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) y comunicó un recambio en la Secretaría de Transporte mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial.
A partir del 1° de febrero de 2026, el contador Pablo Luis Santos dejará el cargo de director nacional del Renaper y en su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.
El decreto incluye una fórmula habitual en este tipo de decisiones y agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Hasta la fecha, no se difundieron los motivos de la decisión ni un balance de la gestión concluida.
A partir del 1° de febrero, asumirá Pérez Lorgueilleux, abogado, como nuevo director nacional del Registro Nacional de las Personas. El organismo depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y cumple tareas clave como la emisión y control de documentos de identidad, pasaportes y partidas de nacimiento.
Por otro lado, el ciclo de Starc al frente de la UIF concluyó tras una serie de actividades de alto perfil, incluido su viaje reciente a Washington junto a funcionarios estadounidenses, con el objetivo de cooperar en la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Estas reuniones, que contaron con la participación del embajador Alec Oxenford y de autoridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), buscaron fortalecer los vínculos institucionales para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En simultáneo, Starc terminó su gestión participando como querellante en el juicio de los Cuadernos, causa que involucra a ex funcionarios y empresarios argentinos, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.
El ex titular de la UIF había llegado a la gestión en abril de 2025 luego de la dimisión de Ignacio Yacobucci, a través del Decreto 256/2025, tras una extensa carrera en la investigación de delitos complejos y la implementación de políticas de seguridad.
Tras varios meses frente al cargo, mediante el Decreto 45/2026, el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.
La gestión de Starc, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, se destacó por su profesionalismo y compromiso, adecuando el sistema de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales vigentes. El comunicado también informó que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.
Si bien todavía no fue oficializado, desde el Gobierno ya adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.
Según el Ministerio de Justicia, Gaspari posee una “sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, y fue anteriormente Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las autoridades nacionales señalaron que, bajo esta nueva gestión, el objetivo será fortalecer los mecanismos de control y prevención, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos tanto nacionales como internacionales.
En paralelo, se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, como nuevo titular del área.
Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.
“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a Infobae. Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones periodísticas alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.
Fuentes oficiales marcaron que los cambios fueron gestionados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien antes era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.
En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.
A su vez, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor. El cambio se oficializó este lunes mediante la Resolución 18/2026 publicada en el Boletín Oficial.
En los fundamentos de la medida, la cartera explicó que el nuevo funcionario “reúne los antecedentes que justifican su postulación”. La función de Nachon será ejercer la administración y el control del ENARGAS mientras esté vigente la intervención dispuesta para el sector.
El nombramiento tiene un marco legal preciso. La duración y validez del cargo de interventor se rigen por lo dispuesto en el “Artículo 2° del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025”, que extendió el estado de intervención del organismo hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio definitivo, lo que ocurra antes. Durante este tiempo, el interventor mantiene las facultades de gobierno y administración principales de ENARGAS.
La intervención sobre ENARGAS y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se extendió sucesivas veces a través de distintos decretos, en el contexto de la llamada emergencia energética. Esta situación también está vinculada con la creación de un nuevo organismo conjunto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto en la Ley N° 27.742. Sin embargo, su directorio aún no está en funciones.
La secretaría recordó que hasta que ese órgano bicéfalo entre en vigencia “se mantendrán vigentes las actuales unidades organizativas del ENARGAS y ENRE y las responsabilidades, competencias y funciones asignadas en el marco legal y reglamentario vigente”, como forma de garantizar la continuidad del control estatal sobre el transporte y la distribución de gas natural y electricidad.