El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, requiere de los dos tercios de la Legislatura para poder salir a tomar deuda en 2026, tal como lo planteó en el proyecto de ley de financiamiento que presentó a principios de noviembre y que por estos días es materia de negociación en el sistema político bonaerense. La construcción de los dos tercios se materializará con el acompañamiento de la oposición y puntualmente con el aval de los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica; que hoy por hoy se muestran como un grupo amalgamado y con demandas puntuales en la negociación abierta con el Ejecutivo.
Hay distintos fusibles que, por estas horas, están tocándose. Más allá de las leyes en cuestión, la oposición reclama poner en la mesa de negociación los lugares en el directorio del Banco Provincia y completar las cuatro vacantes que ostenta hoy la Suprema Corte de Justicia bonaerense -además de la designación del Subprocurador o Subprocuradora-. Para los lugares en la Corte bonaerense habrá que esperar. Un diputado de la oposición que forma parte de las conversaciones aseguró a Infobae que “lo único en lo que hay acuerdo es que los lugares para la Corte se van a discutir a partir del año que viene, pero tenemos que tener un compromiso real del Gobierno de que va a ser así. No puede ser que funcione con tres de siete integrantes”.
Actualmente, el máximo órgano de Justicia bonaerense está integrado por su presidenta, Hilda Kogan; el vicepresidente, Sergio Torres, y el ministro Daniel Soria. Hay cuatro espacios que fueron quedando vacantes y Kicillof nunca envió pliegos para reemplazar. Para eso se precisa de un acuerdo político, toda vez que las designaciones salen con acuerdo del Senado y luego de un proceso de entrevistas y aprobación del postulante en cuestión.
El radicalismo tiene un ojo siempre cerca de la vacancia en la Corte. Cada vez que se ha insinuado con una instancia de negociación, el nombre que apareció fue siempre el mismo en representación del partido centenario: Marina Sánchez Herrero. Se trata de la futura vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y presidente del concejo deliberante de General Pueyrredón; lugar que dejará los próximos días porque termina su mandato. Además, integró el Consejo de la Magistratura de la Nación. Otro nombre que también asoma es el del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri; también por la UCR.
En el peronismo —puntualmente el sector de CFK y también en el Frente Renovador de Sergio Massa— dejan correr que Kicillof debería más temprano que tarde atender ese frente de negociación política. Lo graficó tiempo atrás una primera línea del PJ bonaerense: “Hasta la ex gobernadora María Eugenia Vidal en cuatro años de gestión consiguió el acuerdo para designar un integrante en la Corte y cambió a la procuradora para que asuma (Julio) Conte Grand. El gobernador ya lleva seis años en el gobierno”.
Pero la negociación en la Corte no estará en las conversaciones de los próximos días de manera resolutiva. Primero, porque en el Ejecutivo consideran que poco tiene que ver con la votación del Presupuesto y segundo, porque formalmente la designación de un nuevo integrante del máximo tribunal de Justicia, lleva tiempo. Sucede que el decreto 735 del 2004 ordena el procedimiento de una designación de este tipo. En la normativa firmada por el entonces gobernador Felipe Solá se establece que el mecanismo inicia con la publicación de los nombres y antecedentes curriculares de las personas consideradas para cubrir la vacante. Esta información se difundirá durante tres días en el Boletín Oficial, en tres diarios de circulación nacional y en tres diarios provinciales, además de la página oficial del Ministerio de Justicia. Además de las presentaciones de declaración jurada que deberán hacer los postulantes, sus cónyuges y convivientes; como así también los hijos menores, durante los quince días posteriores a la última publicación en el Boletín Oficial, cualquier ciudadano, organización no gubernamental, colegio o asociación profesional, entidad académica o de derechos humanos podrá presentar observaciones o impugnaciones fundadas y documentadas ante el Ministerio de Justicia. Luego el Poder Ejecutivo contará con un máximo de quince días para decidir si eleva o no la propuesta correspondiente y recién ahí el Senado dictaminará. El período entonces es de, como mínimo, más de un mes.
Además de los lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia, también está entre los pedidos de la oposición, la designación del Sub Procurador; otro sillón vacío en el entramado mundo judicial de la provincia de Buenos Aires. El actual Procurador, Julio Conte Grand, fue designado a instancias de Vidal. Antes de su nombramiento era el Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires.
Lo que sí puede moverse en las próximas horas son los nombramientos en el directorio del Banco Provincia. La banca pública bonaerense, que preside Juan Cuattromo, cuenta con un directorio cuyos integrantes tienen mandato prorrogado, sillas vacías y algunos que vencerán a fin de año.
Actualmente, integran el directorio representantes de los distintos sectores del peronismo, la UCR y el PRO. Por el PJ están Humberto Vivaldo —cercano al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares—, Sebastián Galmarini —por el Frente Renovador, pero que dejará su lugar porque en diciembre asume como diputado nacional—, Alejandro Formento —un puro de Kicillof—, Laura González —exfuncionaria del municipio de Quilmes y que responde a su intendenta Mayra Mendoza— cuyo mandato está prorrogado. Además, está el lugar vacío Daniel Barrera, quien falleció en marzo del 2024 y era el representante del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el directorio. La salida de Galmarini abre una instancia de negociación en el directorio, aunque el massismo seguirá con presencia en ése ámbito. El kirchnerismo buscará retener la silla de González. Los directores pueden ser reelectos.
Por la UCR tiene mandato prorrogado en el directorio del Banco el exdiputado nacional e histórico senador bonaerense, Carlos Fernández. El PRO supo tener dos lugares, aunque uno es del exdiputado Santiago Nardelli, que también tiene mandato prorrogado y está más cerca de las filas de Patricia Bullrich. Lo mismo que Bruno Scrensci, otro director que supo llegar al directorio de la mano del hoy ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.
Hay varios nombres dando vuelta para la nueva integración. El del saliente senador, Marcelo Daletto, es uno de ellos. Incluso puede ser una llave para el peronismo en la búsqueda de votos para conseguir el endeudamiento. En rigor hay algunos legisladores de la oposición que terminan mandato el 10 de diciembre y su desembarco en el directorio del Bapro es una posibilidad concreta; incluso para que Kicillof consiga los votos que le permitan aprobar el endeudamiento.