Los integrantes de la comunidad mapuche Lof Paillako anticiparon que van a resistir el desalojo de las tierras que ocupan desde 2020 en el Parque Nacional Los Alerces y convocaron a otras comunidades y agrupaciones para intentar permanecer en los predios que pertenecen al Estado Nacional.
Cuestionaron además la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y desestimó el aplazamiento que había dispuesto el Juez Guido Otranto, hasta tanto se resuelva el recurso de queja que los abogados de los mapuches elevaron a la Corte Suprema de Justicia.
Para el grupo que encabeza Ernesto Cruz Cárdenas, el litigio judicial se encuentra en pleno recorrido por lo que la orden de desalojo debería permanecer en suspenso hasta que se resuelva el recurso elevado a la Corte máxima.
“Es una clara señal de la ilegalidad y la connivencia en la que se manejan los funcionarios de Justicia, el Poder Político Nacional y Provincial” denuncia la comunidad.
El Juez Otranto ordenó la restitución de las tierras a Parques Nacionales y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia avaló su decisión.
Antes de ejecutar el desalojo, el magistrado convocará a los acusados a una audiencia previa buscando que los intrusos se retiren por sus propios medios y de esa forma evitar cualquier posible enfrentamiento con las fuerzas federales que estarán a cargo del procedimiento. “Serán instados a que se retiren por su propia voluntad” adelantó Otranto a Infobae.
Es que en las tierras en litigio residen varias familias con niños menores de edad. En caso de que el encuentro fracase, se retomará el plan para ejecutar el desalojo, tal como había sido diseñado en octubre pasado cuando se conoció la sentencia y la confirmación posterior de la Cámara.
En 2020, Cruz Cárdenas, su pareja Belén Salinas y otros integrantes referenciados con la Lof Paillako se instalaron en la seccional de guardaparques El Maitenal y en otras tierras cercanas, en el marco de una recuperación de tierras ancestrales. Su irrupción provocó, entre otras cosas, la dimisión del guardaparque Gustavo Machado quien había sido a cargo de la seccional.
Durante la gestión del ex Presidente Alberto Fernández, el caso recorrió escritorios de distintos organismos nacionales, en el marco de la supuesta búsqueda de una “solución alternativa” al conflicto. La postura oficial sólo prolongó la permanencia de los mapuches.
El 4 de junio de este año la administración de Parques Nacionales, por vía administrativa, intimó a los integrantes de la Lof Paillako a abandonar el territorio. Treinta días después el caso pasó al Juzgado de Otranto, quien en agosto ordenó el desalojo.
Las ideas y vueltas del expediente aletargaron el proceso y la restitución del predio para el organismo nacional.
Los embates judiciales fueron apelados, una y otra vez. El argumento de la comunidad fue la preexistencia en esas tierras de sus ancestros, la reivindicación ancestral y el controvertido articulado de la ley 26.160 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Más allá del argumento, tanto la fiscalía federal como el juez quedó confirmado que el ingreso del grupo se produjo a través de métodos violento, situación que echa por tierra cualquier antecedente.
“En los próximos días es muy posible que se presenten en el territorio las fuerzas federales para intimarnos a abandonar nuestras rukas” advierten desde la comunidad, en la búsqueda de acompañamiento para repeler el accionar de los uniformados e hicieron pública la convocatoria con ese fin. “Hacemos un llamado a toda la sociedad, comunidades y organizaciones, a expresar el rechazo contundente y de manera urgente a esta decisión, como también acompañar nuestra resistencia en el territorio” aseguraron.