
La suspensión de la comisión de Presupuesto tomó por sorpresa y puso en alerta a la oposición en la Cámara de Diputados. El diputado oficialista José Luis Espert aseguró que el Gobierno tiene la voluntad de “seguir trabajando para lograr consensos” pero no brindó ningún detalle sobre las negociaciones, que no avanzaron durante la última semana.
Varios referentes del oficialismo, como el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ya dijeron públicamente que el Gobierno quiere tener Presupuesto pero no a cualquier costo. Es decir, no está dispuesto a ceder ante los principales reclamos de las provincias ya que tiene habilitada la posibilidad de prorrogar el plan de gastos vigente, tal como hizo este año.
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Tanto opositores como libertarios coinciden en que no lograr la aprobación del proyecto de Presupuesto es una pésima señal para los inversores y los organismos financieros internacionales. No obstante, desde La Libertad Avanza amenazan con que están dispuestos a pagar ese costo antes que dejarse “extorsionar” por los gobernadores.
Por su parte, la oposición cree que el Gobierno busca que la ley no salga para reconducir por segunda vez el plan de gastos vigente. Esto le otorga discrecionalidad casi total al Poder Ejecutivo porque en contextos inflacionarios, donde se recauda más de lo presupuestado, los excedentes pueden ser direccionados a voluntad del oficialismo.
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“Es muy difícil que los gobernadores cambien su posición ahora porque son muy razonables los reclamos. Los cinco puntos que reclaman representan un 3% del Presupuesto total. El Gobierno tranquilamente podría acordar alguno de esos puntos”, explicó un operador de un mandatario de Juntos por el Cambio.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del radicalismo explicaron que un texto que no incluya ninguno de estos cinco puntos deja de tener sentido para los gobernadores. “Si no les dan nada, es lo mismo que salga el Presupuesto o no salga”, se sinceraron.
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Entre los puntos clave, las provincias quieren dejar plasmado un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, lo recaudado por ese tributo tiene seis asignaciones específicas (destinos) entre las que se destacan obras públicas y viales, y subsidios al transporte. Pero como el Gobierno cortó los subsidios y tampoco está haciendo las obras, se queda con ese dinero y lo utiliza para mantener el equilibrio fiscal. Los gobernadores pretenden que ese dinero vuelva a la masa coparticipable que se reparte entre todos los distritos.
Otro reclamo gira en torno al organismo que reemplazó a la AFIP, la flamante ARCA, que recibe el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. Si, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para bajar el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable.
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Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional -1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548- que el Ejecutivo históricamente distribuyó a discreción, pero ahora directamente bajó casi a cero. Los gobernadores no se llevaron ninguna promesa sobre estos temas.
Las transferencias a las cajas previsionales provinciales son otro tema delicado ya que los fondos presupuestados están muy lejos de las expectativas de los gobernadores. De hecho, a modo de ejemplo, señalan que con el dinero previsto por el Poder Ejecutivo solo cubre la suma que reclama Córdoba. Por último, el Gobierno también adeuda con las provincias el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
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Hasta el momento, los gobernadores no han mostrado intenciones de buscar una negociación por la fuerza. Por eso ayudaron a dejar sin quórum la sesión especial del martes pasado que el peronismo impulsaba para rechazar el DNU 846, que permite al Gobierno reestructurar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.
La sesión de la semana pasada quedó pospuesta para este jueves, pero hay pocas expectativas de que los gobernadores modifiquen su postura. Algunos, como los diputados de Encuentro Federal, creían que rechazar el DNU de la deuda obligaría al Gobierno a sentarse a negociar porque tendría que habilitar la reestructuración a través del Presupuesto.
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Por el momento, UxP, Encuentro Federal y Democracia para siempre (radicales) sacan cuentas. No quieren volver a exponerse a un fracaso como el de la semana pasada.
“Tenemos el compromiso de trabajar por un presupuesto equilibrado y que respete el déficit cero. Argentina no puede estar sin un Presupuesto por segundo año consecutivo. En este marco, instamos al Gobierno a que convoque a sesiones extraordinarias para que, en el marco del diálogo y el consenso, podamos sancionar una Ley de Presupuesto para que el año que viene nuestra economía tenga una hoja de ruta que le dé previsibilidad”, planteaba el comunicado del bloque UCR.
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En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria: “Espert ratificó lo que dijimos siempre, Milei no quiere Ley de Presupuesto. Sin Presupuesto, Milei tendrá total discrecionalidad para manejar los recursos. Y podrá hacer lo que quiera con la deuda, gracias al DNU 846/24. Grave retroceso para la Nación y las provincias”.
Por su parte, el bloque Democracia para siempre (radicales) presentó un proyecto de resolución por el cual se dicta la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre de este año.
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La sesión convocada para este miércoles al mediodía, en la que se tratará el proyecto de Ficha Limpia, dejará en evidencia la situación de la relación entre oficialismo y oposición. Según pudo saber Infobae, el bloque Innovación Federal, que responde a tres gobernadores ya adelantó que no dará quórum. También hay fuertes especulaciones sobre los planes de Encuentro Federal y Democracia para siempre. Sin ellos, el PRO y los libertarios no podrían alcanzar el número mínimo para abrir el recinto.
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