El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), anunció este domingo la presentación de una ley integral de protección al adulto mayor, que involucrará beneficios impositivos, tributarios y de tasas a establecimientos dedicados a la tercera edad, junto a una mayor asistencia legal a esas personas para la realización de trámites burocráticos.
Torres adelantó la ley durante una reunión con jubilados en Comodoro Rivadavia. Allí, el mandatario provincial -suele estar entre los de mejor imagen del país- recordó una crítica situación en Esquel por demoras de meses en diferentes prestaciones. “La situación es inadmisible”, aseguró. Y advirtió: “Las actuales autoridades del PAMI tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los adultos mayores, independientemente de la situación económica del país”.
“Chubut va ser la primera provincia de Argentina que tenga una legislación de esta índole”, auguró Torres. De hecho, explicó que la nueva ley permitirá que los centros elijan a sus propios representantes. “Queremos que los jubilados cuenten con un vocero de la tercera edad que tendrá representación en la Justicia, para accionar con mayor fuerza cuando sus derechos sean vulnerados”, enfatizó Torres.
En otro tramo de declaraciones, el gobernador de Chubut dejó en claro la necesidad de “que los municipios se adhieran a la normativa”, ya que uno e los principales objetivos es “proteger a todos los jubilados, independientemente de si son provinciales o nacionales”.
“Cuando uno se jubila, se jubila del trabajo, no de la vida. Es fundamental que nuestros adultos mayores vivan con la mayor calidad de vida y plenitud posible”, concluyó Torre, quien estuvo acompañado por líderes de la Federación de Jubilados del Chubut Zona Sur; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y otros funcionarios provinciales y municipales.
La agenda para el sector pasivo en el Congreso
En paralelo a esta discusión, el Congreso tiene en sus manos la definición de la ley que ya aprobó Diputados y propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo, e incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.
De esta manera, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Sobre este primer punto direcciona la lupa la Casa Rosada, que pretende modificar la ley en el Senado y devolverla en segunda revisión a la Cámara baja.
Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes, tema también analizado en el Gobierno.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
En el Senado, las comisiones que analizan esta iniciativa son las de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda.
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