El Gobierno, entre la indiferencia y la intransigencia ante las protestas por los despidos masivos en el Estado

Patricia Bullrich empezó su gestión al frente del Ministerio de Seguridad enfocada en las políticas contra los cortes de calles, con el protocolo anti-piquetes como vedette de su debut libertario. Sin embargo, con el paso de las semanas viró el timón en otra dirección, y últimamente la principal referente de PRO en el Gobierno se dedica mayormente al combate contra el narcotráfico en Rosario. Las amplias y sentidas protestas de trabajadores estatales en decenas de edificios públicos en todo el país contra la ola de despidos se gestaron después de ese viraje, y si bien la funcionaria apostó decenas de policías federales en los edificios públicos, evitó hacer olas hoy en torno a los polémicos despidos.

Si bien Bullrich actúa con relativa independencia, la intención de bajar el volumen a las protestas no es espontánea ni exclusiva. En la Casa Rosada pretenden mostrar firmeza ante los “ñoquis”, como los llama la narrativa libertaria, pero quieren evitar un choque con esos sectores para evitar brindarles la oportunidad de “victimizarse”.

La atención de Milei a la reacción de la opinión pública tuvo mucho que ver con la decisión de prácticamente ignorar el malestar de un sector importante de la población y el eventual impacto que podría tener la ola de despidos sin auditoría previa sobre la gestión del Estado. “Este gobierno es esencialmente comunicacional”, explicó un funcionario. Mientras los máximos referentes del kirchnerismo lamentan la “crueldad” del Gobierno frente a los trabajadores, en Balcarce 50 creen que está ganada la batalla por el acompañamiento de la sociedad en la cruzada para reducir a toda costa la planta pública.

“Lo peor que se puede hacer es darles visibilidad. Los gremios quieren salir en los medios de comunicación. Si nosotros respondíamos desde los niveles de gobierno, les dábamos lo que querían ”, resumió la estrategia un funcionario libertario, en un cálculo político al final de la jornada, mientras los gremios celebraban su plenario de organizaciones para decidir cómo avanzar, pasadas las 16.

Por el mismo motivo, el Gobierno se cuidó de generar una situación de violencia en las calles. Aunque apostaron policías federales en la puerta de las sedes ministeriales y de las secretarías y empresas públicas -no le correspondía a la Ciudad en tanto son edificios de la órbita nacional- hubo una orden para evitar que el conflicto escalara. Lograron que no se tomaran edificios, como habían amenazado los gremios. Y las asambleas se mantuvieron de la puerta hacia afuera. Y si bien en el INADI, como denunciaron en ATE, hubo un “uso excesivo de la fuerza”, no hubo reportes de heridos. En cambio, los enfrentamientos se limitaron al nivel verbal.

Javier Milei, enfocado en atender la economía, apenas tiene tiempo para recibir a referentes políticos, propios o aliados, que se desviven por una audiencia. Menos aún para debatir cómo responder a la resistencia de los trabajadores estatales. En Seguridad evaluaron la situación, pero pocos se mostraban preocupados por la mega protesta que desplegaron los gremios de trabajadores estatales por la ola de despidos de la semana pasada -15.000-, realizada con el aviso de que aspiran a llegar a 70.000 puestos de trabajo.

Sí hubo una respuesta sobre el tema, sin grandilocuencias, de parte del vocero, Manuel Adorni, ante una consulta periodística en su conferencia de prensa en la Casa Rosada esta mañana. “El que esté fuera de la ley, tendrá consecuencias”, dijo, somero. También se leyeron algunas chicanas para la tribuna propia en la red X, la plataforma preferida del mundillo libertario. “Mientras en la provincia de Buenos Aires no pueden ni cortar el pasto de las banquinas de las rutas, su ministro de Infraestructura, Katopodis, está tomando edificios públicos nacionales (en CABA) defendiendo ñoquis. El kirchnerismo es un paro eterno”, dijo el presidente del bloque en Diputados, Oscar Zago, en referencia al apoyo explícito que dio el ex titular de Obra Pública de Alberto Fernández.

Por último, a pesar de las críticas de la oposición, el Gobierno no tiene planeado reemplazar al secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, que respondía a Federico Sturzenegger, y fue echado por mensaje de texto hace 20 días. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le soltó la mano sin pruritos a partir de la controversia por las subas de un 50 por ciento de los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios. Y en su lugar no nombrarán a nadie más. “Su función la cumplen bien los subsecretarios”, desdeñaron cerca del ministerio coordinador.

La motosierra está en marcha y al Gobierno no le tiembla el pulso en mantenerla encendida sin demasiado análisis sobre las consecuencias para la gestión ni los nuevos desempleados. Mientras tanto, los trabajadores evalúan sus próximos pasos, y piden mayor compromiso con las bases de los jefes de la CGT, que no se deciden a impulsar un paro nacional mientras esperan el devenir de las discusiones políticas sobre la reforma laboral.