La “Ley Lucio” que busca prevenir abusos en la niñez obtuvo dictamen favorable en el Senado y avanza hacia su sanción

La “Ley Lucio” dio un nuevo paso este martes hacia el objetivo de ser aprobada. Ocurre que la iniciativa que busca prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes y que establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez, obtuvo esta tarde dictamen favorable a través del plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano y será debatida en la Cámara alta.

Vale recordar que el proyecto de ley, que crea un Plan Federal de capacitación, llegó al Senado luego de haber recibido media sanción por unanimidad en Diputados  (228 votos afirmativos) a principios de noviembre.

La norma apunta a detectar en forma temprana los casos de abusos, maltratos y abandono, en tanto que está inspirada en el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió asesinado a golpes en La Pampa donde fueron acusadas por el crimen su madre y su pareja.

“El apoyo al tratamiento de esta ley es un compromiso ante la familia de Lucio, y de todas aquellas que han sufrido hechos similares, y ante toda la sociedad. La protección de los derechos de nuestras infancias nos encuentra a todas y todos los legisladores comprometidos con esa causa”, expresó el senador Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa), quien también preside la Comisión de Legislación General en la Cámara.

El proyecto propone la creación de un Plan Federal de capacitación obligatoria, continua y permanente en derechos de infancias y adolescencias para los agentes de los tres poderes del Estado, partícipes del Sistema de Protección integral.

“Debemos erradicar las situaciones de violencia hacia nuestras infancias. Pero con las leyes solas no alcanza, el Estado solo no puede, resulta imprescindible articular el trabajo con el compromiso de toda la sociedad porque la vulneración de los derechos de las infancias nos atraviesa a todos, y se trata de un compromiso urgente y diario que no admite dilaciones”, agregó Bensusán.

“Debemos evitar que estos delitos violenten aún más a las infancias de nuestro país, comprometiendo a toda la sociedad a que denuncie, reafirmando que estas acciones son un delito grave, y que los y las representantes del Senado de la Argentina Si les creemos a las niñas y los niños”, agregó.

El correntino Eduardo Alejandro Vischi (UCR), en tanto, expresó a través de su cuenta oficial en Twitter. “La #LeyLucio avanza. El dolor de tantos niños y familias no se puede reparar de ninguna manera, pero podemos trabajar para erradicar la violencia hacia los más pequeños haciéndola visible y capacitando a las instituciones y funcionarios que deben intervenir ante ella”.

“Hoy emitimos el dictamen de la “Ley Lucio” —también comentó en este sentido la senadora por San Luis, Gabriela González Riollo (JxC), un proyecto que nace de la tristeza tras la muerte de Lucio Dupuy y que busca detectar y prevenir de manera temprana la violencia en la niñez, para que ningún niño, niña o adolescente sea víctima de violencia y abuso”.

Vale recordar que el último 26 de noviembre, familiares de Lucio Dupuy y agrupaciones de la sociedad civil marcharon al Congreso Nacional para homenajear al niño de 5 años asesinado en la capital de La Pampa para hacerle un homenaje a un año de su muerte. Al mismo tiempo reclamaron que sea sancionada la ley que lleva su nombre.

En el marco del juicio que se realiza por la muerte del menor, la madre de Lucio —Magdalena Espósito Valenti— enfrenta la acusación del Ministerio Público Fiscal por “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

En tanto, a su pareja —Abigail Páez— se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente. La querella, en el alegato de apertura, adhirió a las calificaciones legales del MPF, aunque añadió que también existió la agravante de odio de género para el homicidio.

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