A diez años del allananamiento que cambió el rumbo del Caso Ciccone

El 4 de abril de 2012, exactamente hace diez años, un hecho modificó el rumbo que tenía hasta entonces el Caso Ciccone que había comenzado en el febrero de ese año. Aquella tarde de abril, un grupo de gendarmes llegó junto a tres integrantes de una fiscalía federal a un departamento cuyo dueño era nada menos que el vicepresidente de la Nación en ejercicio.

Aquel día se produjo el allanamiento del departamento 3 situado en el piso 25 de la Torre 1 del lujoso edificio River View de Puerto Madero. Ese inmueble era propiedad de Amado Boudou, quien meses antes había sido electo vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabezó Cristina Kirchner y había arrasado en las elecciones de 2011.

En aquel lejano 2012, Boudou se preparaba para algo más que ser vicepresidente. Como Cristina Kirchner no tenía posibilidad de reelección, había quienes proponían al ex ministro de Economía como el heredero. El caso judicial había comenzado por la denuncia de Laura Muñoz, quien había estado en pareja con Alejandro Vandenbroele. La mujer lo señaló como representante de Boudou en algunos negocios, uno de ellos, la compañía que había comprado Ciccone Calcográfica.

Había medios de comunicación que cubrían el Caso Ciccone día a día. Y otros que aseguraban que Boudou no está “ni imputado ni mencionado” en el expediente, hipótesis que se desvaneció en el aire el día del allanamiento. Lo cierto es que el caso estaba en manos del juez Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Rívolo, a su vez, había pedido varios allanamientos a lugares relacionados con la causa en la que estaba imputado el vicepresidente y Rafecas los había otorgado.

Quedaba por ser allanado el departamento a nombre de Boudou en el que había vivido Vandenbroele, al frente de la firma que se había quedado con la empresa Ciccone Calcográfica, la máquina de hacer billetes. Boudou negaba conocer a Vandenbroele, pero el abogado que presidía la empresa que imprimía papel moneda, había vivido en su departamento. El nexo entre el entonces vicepresidente y Vandenbroele era José María Núñez Carmona, amigo y socio. La estrategia de la defensa de Vandenbroele fue similar a la de Boudou durante años.

El 4 de abril se produjo el allanamiento al departamento que estaba deshabitado. Tenía apenas un sillón, un teléfono y algunas colillas de cigarrillo en el piso. Teóricamente ese departamento había sido alquilado por Fabián Carosso Donatiello, un argentino, socio de Vandenbroele, que vivía en España. Eso explicaría por qué Vandenbroele residía en el departamento de Boudou. Años más tarde se demostraría que la firma de Carosso Donatiello, que apareció en el supuesto contrato de locación, era falsa.

Aquel procedimiento produjo un cimbronazo político judicial que impactó en diversos sectores de la vida pública. Rafecas, el juez que lo había ordenado era discípulo de quien por entonces estaba a cargo de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi. La llegada de Rafecas a uno de los siempre importantes juzgados federales de CABA en 2004 había tenido el visto bueno de Righi y, especialmente, de Alberto Fernández, hoy presidente y por entonces Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. De hecho Fernández, no bien asumió la presidencia de la Nación, nominó a Rafecas como candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. Ese trámite nunca avanzó.

El allanamiento fue en dos lugares. En el departamento deshabitado propiedad de Boudou y en la administración del edificio River View. Fue allí donde se hallaron recibos de expensas que había pagado Vandenbroele. Allí también se obtuvieron copias de mails que Vandenbroele intercambió con la administración por cuestiones corrientes relacionadas con ese departamento. Vandenbroele, que dirigía la compañía que se había quedado con la imprenta de papel moneda, vivía en el departamento que era de Boudou. Y eso ponía al vice más cerca de la maniobra de la compra de Ciccone por parte de la desconocida empresa llamada The Old Fund. El allanamiento fue el miércoles de Semana Santa.

La explosión fue el jueves santo. Boudou, en su carácter de vicepresidente citó a una conferencia de prensa en el Senado. Obviamente en la conferencia de prensa no hubo preguntas, fue un soliloquio de unos 45 minutos en el salón Illia del Senado. Fue durísimo contra Rafecas, contra Righi y contra los medios. Al juez lo acusó de montar una agencias de noticias para difundir información sobre el caso y sobre Righi, jefe de los fiscales federales y nacionales, deslizó versiones sobre la oferta de tráfico de influencies para solucionarle sus problemas en los tribunales de Comodoro Py. A los periodistas que cubrían el caso, sin nombrarlos, los llamó “esbirros de la mafia”, “cachafaces”, “se hacen los James Bond”. Dijo que se armó un “vodevil mediático”, que se creó un “circo mediático para volver a romper el orden constitucional argentino”. Y negó haber hecho cuando había sido ministro de Economía alguna maniobra “para favorecer a la empresa Ciccone”. Cuando terminó de hablar, dijo: “Muchas gracias y nos vemos pronto”. Nada fue igual luego de la diatriba de Boudou.

Por aquella acusación del vicepresidente contra quien había sido propuesto por Néstor Kirchner para encabezar la Procuración, Righi, peronista histórico, renunció a su cargo. La decisión del kirchnerismo de pedirle la renuncia de Righi fue -hace una década- muy cuestionada el Alberto Fernández cuando criticaba con dureza algunas de las políticas del gobierno de su actual vicepresidenta. “Un día, los desvaríos de Argentina lo hicieron renunciar y dejar ese cargo que tanto había prestigiado durante los ocho años en que lo ejerció. Muchas veces la locura maltrata a los mejores”, escribió el actual presidente cuando murió Righi en marzo de 2019.

El kirchnerismo empujó la renuncia de Righi a quien le reclamaban no haber hecho algo para evitar el allanamiento pedido por Rívolo, uno de sus subordinados. Righi tenía pensado jubilarse a fines de 2012 e irse de la Procuración General de la Nación por la puerta grande, pero tuvo que renunciar a partir de los dichos de Boudou.

Días después Rafecas fue apartado del caso por una decisión de la Cámara Federal y el expediente se acumuló con otro que estaba en el juzgado de Ariel Lijo. Debido a la resolución de la Cámara también dejó de investigar la causa Rívolo. El fiscal pasó a ser Jorge Di Lello, quien falleció en febrero de 2021.

Mucho antes de que se empezara a hablar de lawfare el vicepresidente de la Nación había logrado que lo dejaran de investigar Rafecas y Rívolo y había provocado la renuncia de Righi. Es que la estrategia de defensa de Boudou estaba en manos del abogado Darío Richarte cuyo estudio tenía como escudo protector y asesor onmipresente a quien fuera Director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SIDE luego AFI) el poderoso espía Antonio “Jaime” Stiuso.

De hecho, en diciembre de 2014 Cristina Kirchner echó de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a Stiuso y eso tuvo su correlato en Comodoro Py. El estudio de Richarte renunció a las defensas de varios funcionarios del kirchnerismo de entonces que estaban bajo investigación judicial por sospechas de corrupción. Una de las defensas a la que renunciaron fue la de Amado Boudou.

La reacción de Boudou en la Semana Santa de 2012 puso el caso pendiente abajo. Entre 2012 y 2014 Lijo acumuló pruebas de que Boudou había comprado a través de su círculo cercano una porción de acciones de Ciccone Calcográfica. En junio de 2014 Lijo llamó a indagatoria al vicepresidente y al resto de los imputados. El 27 de junio de 2014 Lijo procesó a Boudou porque cuando había sido ministro de Economía de la Nación había cometió un delito. Se quedó con Ciccone que iba a ser contratada por la Casa de Moneda que dependía de Economía. Fue un hecho inédito: un juez había procesado al vicepresidente en ejercicio por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Cohecho significa coimas. Es decir por un caso de corrupción.

En febrero de 2015 la Cámara Federal confirmó los procesamientos, incluido el de Vandenbroele, quien mantenía sus argumentos originales de defensa; que no tenía relación con Boudou. Esos procesamientos fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal en febrero de 2015. Aún estaban lejos las elecciones presidenciales de aquel año. El Caso Ciccone se encaminó al juicio oral y público. Lijo cerró la investigación y el fiscal Di Lello acusó a Boudou. En mayo de 2017 se sorteó el Tribunal Oral Federal 4 para que realizara el juicio y en octubre de comenzó el debate oral y público. En noviembre de 2017 Vandenbroele cambió de posición y se presentó ante Di Lello como arrepentido. Y declaró contra Boudou y Núñez Carmona. Hecho que repitió en el juicio. Los tres fueron condenados.

El kirchnerismo denunció que el testimonio de Vandenbroele fue “comprado” por el gobierno de Mauricio Macri. Y por ello se abrió una investigación penal que está radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí hay un pedido de indagatoria por parte de la fiscal Paloma Ochoa para que declaren entre otros Vandenbroele y el ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano.

En agosto de 2018 el TOF 4 condenó a Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión. Ese día Boudou fue detenido. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Boudou en julio de 2019. Ahí se inició el camino de la apelación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 3 de diciembre de 2020 rechazó la queja de los imputados. Fue así que la condena dictada por el Tribunal Oral y confirmada por Casación quedó firme.

Pasaron diez años de aquel allanamiento que sacudió la política argentina. Los integrantes de fiscalía hallaron apenas un par de papeles pero la reacción de Boudou, su monólogo en el Senado y la lectura de sus dichos le dieron al procedimiento un volumen mucho más grande del que tuvo en el expediente. Donde luego se acumularon pruebas que sostuvieron la acusación contra quien era el vicepresidente de la Nación.

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