Gildo Insfrán, ¿un dictador en democracia?

El retorno a la democracia de 1983 abrió un nuevo camino para la vida de Gildo Insfrán. Había cumplido 32 años y en una de las paredes de su casa colgaba el título de veterinario que había obtenido en la Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, su carrera profesional cuidando y curando animales nunca vio la luz, porque mientras estudiaba comenzó a definir su vocación dentro de la militancia en el Partido Comunista Revolucionario. Años más tarde, previo a graduarse, decidió experimentar en el justicialismo.

Desde allí construyó una plataforma política que lo acompañó en su ascenso hasta la gobernación de Formosa. Primero fue diputado nacional, banca a la cual renunció antes de tiempo para aceptar la propuesta ir como vice junto a Vicente Joga, que en las elecciones de 1987 derrotó al radical Alberto Maglietti. Insfrán fue vice durante dos mandatos, hasta que Joga se vio imposibilitado constitucionalmente para ir por un tercer período.

En 1995, con 44 años, Insfrán se postuló por primera vez como candidato a gobernador y desde entonces no volvió a dejar su cargo: lleva más de 33 años en el poder y ostenta el récord de ser la persona que más tiempo continuo lleva al frente de una provincia argentina. En 1999 logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente el límite de mandatos del ejecutivo formoseño, permaneciendo en funciones a la fecha.

Durante los últimos meses su nombre y su gobierno fueron repudiados y denunciados por los constantes atropellos institucionales efectuados con la pandemia como excusa. Mucho antes, diversos organismos habían señalado a la provincia como una de las peores en cuanto a los índices de pobreza y analfabetismo.

Por estas horas, la severa medida adoptada por el gobierno de Insfrán, que endureció la cuarentena en la capital provincial luego de que se registraran 17 nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Formosa, movilizó a un número masivo de manifestantes que no soportaron la decisión de ser el único distrito de la Argentina en volver a Fase 1. El viernes por la tarde las fuerzas de seguridad lanzaron gases y balas de goma. Ya por la noche, cientos de ciudadanos salieron a las calles a denunciar lo que había ocurrido y organizaron un cacerolazo.

El conflicto emergió a mediados de 2020, cuando miles de formoseños denunciaron no poder volver a su provincia y quedar varados en Chaco. La falta de respuesta y la prohibición constante implicó una serie de denuncias que dio lugar a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de noviembre de 2020 ordenó la libre circulación de los más de 7.500 formoseños que se encontraban varados desde que comenzó la pandemia. El gobierno de Insfrán hizo caso omiso a tal decisión, lo cual generó que Amnistía Internacional Argentina intercediera para que se cumpliera dicha decisión judicial.

Muchas de las personas que querían ingresar no lograron hacerlo por no contar con el dinero para afrontar los gastos del test PCR o el alojamiento que les exigía la provincia, por ejemplo. El organismo internacional resaltó que “la provincia negó el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes podrían requerir atención médica”.

Las restricciones estuvieron (y están) enmarcadas dentro del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa, el cual reguló –mediante una serie de requerimientos– la entrada de los formoseños que se encontraban en otros sitios del país. Cuando los damnificados recurrieron a la Justicia y obtuvieron amparos, el juez federal subrogante Fernando Carbajal fue acusado por el gobierno provincial de “desestabilizar el sistema sanitario”.

Durante los primeros días de 2021, un numeroso grupo fue aislado en el Estadio Cincuentenario, en donde el gobierno provincial dispuso que allí cumplieran el aislamiento los pacientes que arrojaban resultados positivos de COVID-19. Sin embargo, muchos de ellos denunciaron que convivían con formoseños y formoseñas que no habían recibido el resultado del hisopado o que contaban con uno negativo desde hacía varias semanas.

Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Insfrán por las “condiciones inhumanas” en dicho centro de aislamiento, fueron detenidas el jueves 21 de enero por la tarde durante más de una hora. “Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme a Infobae.

En su denuncia también habló de un supuesto incumplimiento de las tareas de los funcionarios públicos. En ese sentido, indicó: “La denuncia es en concurrencia con la violación al artículo 248 del Código Penal, debido a las irregularidades colaterales de esta situación: los que hacen los hisopados muchas veces son voluntarios y a las personas no les hacen firmar un consentimiento como indica la ley. No les dan asistencia psicológica a todas estas personas que están en un estado de incertidumbre, pánico, angustia y depresión terrible”.

Un mes más tarde, en la localidad de Clorinda, un grupo de vecinos se autoconvocó frente al hospital para exigir la apertura de la ciudad formoseña, bloqueada desde el 31 de agosto de 2020 por el gobierno de Insfrán. Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y allí se pudo ver como una mujer fue detenida por colocar una bandera en la camioneta del ministro Gómez, la cual llevaba la inscripción “Clorinda libre”.

“Lo de Clorinda no tiene parangón en el mundo. Más de 180 días encerrados, bloqueados y aquí el Estado nacional tiene responsabilidad porque ha desertado de su control de fronteras, es como decir que desde el corte de la ruta 11 y 86 recién comienza el país, colocándola como una zona de sacrificio. En este sentido, nos alertó que el 31 de agosto del 2020 por la situación epidemiológica se dispuso el bloqueo por 14 días en Clorinda, luego de esto no existe ninguna otra resolución, solamente hubo partes informativos, que decían que el bloqueo continuaba”, dijo en aquel entonces el concejal Rubén Acosta.

Lo sucedido en estas últimas horas generó que Insfrán intentara blindar la capital provincial ante la amenaza de una nueva manifestación contra su gestión. En el mediodía de este sábado, cientos de personas comenzaban a concentrarse en las inmediaciones a la Casa de Gobierno de Formosa, que el viernes fue escenario de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Por estas horas permanece vallada.

“Hace un año viven encerrados. Insfrán es el modelo de tirano que avala el Presidente. Vamos a apoyarlos en esta lucha por los Derechos Humanos y el trabajo”, afirmó la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Este mediodía, el presidente Fernández habló sobre la represión ejercida por la policía formoseña y sostuvo que “nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo. Estamos conversando con el Gobierno y monitoreando cómo siguen las cosas. Lo vivimos con mucha preocupación. No he hablado aún con Insfrán”.

El gobernador procuró rodearse de funcionarios que contemplen sus decisiones y las ejecuten sin reparos. Jorge Abel González, a cargo en simultáneo de los ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, fue la voz que contraatacó contra los ciudadanos tras las manifestaciones en la ciudad capital: “No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie”, indicó.

Insfrán exhibió parte de su verborragia en uno de sus discursos previos a las elecciones generales de 2019. Allí, en referencia al accionar del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo: “Vinieron a buscarle el pelo al huevo, y no encontraron pelo; encontraron huevos”. El hombre nacido en Laguna Blanca fue electo en 2019 por séptima vez y permanecerá en su cargo, al menos, hasta 2023.

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