Silencio y cautela en el Gobierno tras la condena al empresario kirchnerista Lázaro Báez

Se imponía el sigilo ante el resultado de uno de los procesos judiciales más relevantes e incómodos para el oficialismo y, en particular, para el kirchnerismo

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(Presidencia)

Aunque fue un tema de conversación importante en los despachos, en la Casa de Gobierno reinaba la reserva, este miércoles por la tarde, respecto de la condena a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez en la causa de la “ruta del dinero K” por lavado de USD 55 millones, en la que también fueron condenados sus cuatro hijos. Tanto en el entorno del presidente Alberto Fernández como en el de la vicepresidenta Cristina Kirchner se imponía el silencio ante el resultado de uno de los procesos judiciales más relevantes e incómodos para el oficialismo y, en particular, para el kirchnerismo.

El fallo se conversó ayer por la tarde en la intimidad del despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, después de la reunión que se celebró en la Casa Rosada con intendentes del conurbano bonaerense. El objetivo oficial del encuentro, previsto hace días, era analizar planes de viviendas y obras públicas en la provincia de Buenos Aires, por lo que también estaban presentes el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ex intendente kirchnerista Jorge Ferraresi. En Gobierno aseguran que la reunión ya había terminado para cuando se conoció el fallo de la Justicia y que el tema se discutió a puertas cerradas a posteriori.

“No hay nada que agregar. Respetamos lo que dice la Justicia”, expresó una fuente de Gobierno, y contrastó sus palabras con las fuertes declaraciones del Presidente ayer, cuando consideró que la actuación de los fiscales y jueces que intervienen en las denuncias por el caso de las vacunaciones irregulares en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, y que terminaron en el desplazamiento del ministro de Salud, Ginés González García, son una “payasada”.

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Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión (Adrián Escandar)

La decisión de la Justicia con respecto a Lázaro Báez se produjo cuando el presidente Alberto Fernández se encuentra fuera del país. De visita en México desde el domingo, el primer mandatario protagonizaba una nutrida agenda hoy, con la participación del acto central por los 200 años de la Promulgación del Plan Iguala y la visita al Museo de las Banderas y Santuario de la Patria, para observar una exposición de la historia de las banderas mexicanas acompañado por su par de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. De todas formas, el primer mandatario sigue de cerca el palpitar político del país, sobre todo en un momento de ajetreo extremo por el escándalo de las vacunas.

En Balcarce 50, la prioridad era continuar con la estrategia orientada a recuperar el control sobre la agenda pública, que quedó ocupada en su totalidad desde el viernes por el caso denominado “vacunatorio VIP” tras la revelación de que se aplicaron vacunas contra el coronavirus, de manera irregular, a funcionarios, sindicalistas y empresarios y sus familias. El desenlace del caso de Lázaro Báez corrió el foco, al menos por ahora. Sin embargo, la oposición ya adelantó que no planea dar tregua y continuará con los pedidos de explicaciones a los principales funcionarios responsables en el Congreso Nacional.

En el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner no hicieron comentarios ante la consulta de Infobae sobre la condena a Báez, empresario de su confianza y amigo del ex presidente Néstor Kirchner durante sus 12 años de gobierno. Báez fue quien construyó el mausoleo donde descansan los restos del ex presidente argentino, fallecido en 2010.

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.

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