En horas de crisis algunos expertos recuerdan un concepto sencillo pero muchas veces eludido, sino subestimado. Dice así: hasta el mejor plan económico puede fracasar si no genera confianza y la confianza no es un dato estrictamente económico, pero sí vital. Traducido a estos días, esa credibilidad se relaciona con un necesario sustento político que trasciende al Gobierno en volumen, con el agravante de que en el mejor de los casos recién asomarían lineamientos de un plan en el Presupuesto que acaba de llegar al Congreso. Las nuevas restricciones a la compra del dólar –con impacto en ahorristas y en empresas, para empezar- exponen que Alberto Fernández reacciona con decisiones técnicas y precipitadas frente a un tema básicamente político.
El endurecimiento de los controles eclipsó por completo la presentación del Presupuesto 2021, cuyos adelantos ya eran motivo de primeras discusiones y que seguramente abrirá debate y negociaciones, incluso en el plano doméstico del oficialismo. Fue anunciado casi a la misma hora que se informaba el envío del proyecto a Diputados y el Gobierno difundía un punteo de sus puntos salientes. Eso mismo le daba más dramatismo: las restricciones a las operaciones con el dólar asomaban así como una medida de urgencia capaz de alterar la propia agenda oficial. Más incertidumbre a cuento del estado de las reservas.
La secuencia con el dólar explica quizá más que otras cuestiones el foco reducido del Gobierno frente a una mesa de arena que parece no contemplar el factor político global, sino su pura voluntad. Eso y la apuesta a elementos de difícil asimilación e improbable impacto social como ocurría con el macrismo cuando jugó la carta del FMI. Y sin considerar además la exigencia actual de una política exterior muy fina en un mundo sacudido por la pandemia del coronavirus y que no derrama inversiones.
Cuando se encendieron ya de modo persistente las luces de alarma por las reservas del Banco Central y la creciente compra de “dólar ahorro”, se impuso en el Gobierno la idea de que el acuerdo con los acreedores externos generaría un vuelco de confianza y distensión de los “mercados”, con arrastre tranquilizador sobre la demanda de los 200 dólares mensuales. El Presidente apostó entonces esa ficha, sostenida especialmente por Economía.
Esa decisión en modo de espera fue acompañada por otras medidas para desalentar las operaciones legales con el dólar, desinflar al mercado paralelo y tratar de mejorar otras ofertas de ahorro. No se entendía mucho que el problema superaba a los “coleros” y además, como ya ocurrió en otras temporadas, no se trataba siquiera de ahorro, sino de juego rápido de mucha gente para hacer una diferencia de ingresos.
Casi al mismo tiempo y pensado en magnitud, también dentro el Gobierno evaluaban que el inicio de las negociaciones formales con el FMI aportaría al menos certidumbre sobre la decisión política de ajustar un programa económico, tal vez con imposiciones algo más flexibles para la tradición de ese organismo. No funcionó como se esperaba.
El episodio previo al dólar y significativo por su impacto fue la poda de recursos a la Capital para derivarlos a la provincia de Buenos Aires, en medio del inquietante reclamo policial. La medida presidencial, imaginable por lo que exponía antes que nadie Cristina Fernández de Kirchner, fue un corte abrupto en el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta.
Pero fue más que eso. En la superficie, marcó el punto más alto de enfrentamiento con Juntos por el Cambio. Y por debajo, provocó un quiebre de confianza profundo en la relación con los referentes moderados de la coalición opositora, los más predispuestos a tender puentes con Olivos. En síntesis, un fuerte mensaje de conflicto y al mismo tiempo de incertidumbre –más allá del ruido de las declaraciones-, porque además se proyectó casi como un símbolo triunfante de la línea de dureza con sello CFK.
Esto último tiene estribaciones múltiples, empezando por el juego de centralidad en el oficialismo. Con un añadido: fuera de los temas asociados a la cuarentena y a la crisis, el único punto sobresaliente es la ofensiva en el terreno judicial. Ayer mismo, y con conducción directa de CFK, el oficialismo impuso su número en el Senado para avanzar con la remoción de tres jueces que han tenido o tuvieron participación directa en causas sobre corrupción que involucran a la ex presidente y a ex funcionarios kirchneristas.
El endurecimiento de los controles es aplicado en ese cuadro más amplio, con Alberto Fernández cerrado en el frente interno y en medio de un creciente duelo con la oposición, pero como si esos elementos políticos no tuvieran peso en el delicado paño económico. Con mejor o peor mirada, Economía y el Banco Central expuso medidas sobre las que resuelve el Presidente. Pero la política trasciende esa mesa.
En ningún momento el Gobierno parece haber contemplado que la sostenibilidad económica es, en rigor, un concepto doble: articulación de lineamientos económicos y sustento político. El primer renglón sigue abierto y el segundo, empeoró sobre todo en el último mes, lejos de las entregas de consenso en el inicio de la cuarentena. Ese podría ser el problema.