Hackeo a Migraciones: los archivos robados incluían información sobre los pedidos de asilo de cubanos y sirios

Uno de los documentos que se hicieron públicos ayer, cuando venció el plazo que los ciberdelincuentes le habían dado al Gobierno, develó la diferencia de criterios al momento de recibir a los ciudadanos de esos dos países

Uno de los archivos que fueron hackeados a la Dirección Nacional de Migraciones por el grupo de ciberdelincuentes que pretendieron extorsionar al Gobierno de Alberto Fernández contiene información detallada sobre los pedidos de asilo de ciudadanos de Cuba y de Siria durante el mandato presidencial de Mauricio Macri. Incluye nombres y otros datos personales de las personas involucradas.

Según puede observarse en uno de los documentos que se hicieron públicos ayer, cuando venció el plazo que los extorsionadores le habían dado a las autoridades para que abonaran 4 millones de dólares, el 15 de enero de este año el Departamento de Análisis de Información de Migraciones elaboró la actualización de un informe para ratificar los datos que se habían volcado en mayo del año anterior sobre los pedidos de refugio de ciudadanos cubanos en Argentina. Entre los motivos se menciona el incremento de solicitudes de ese tipo en los últimos años, los del Gobierno de Macri, teniendo en cuenta las estadísticas proporcionadas por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

En el período 2015-2019, se habían solicitado 997 refugios por parte de personas de nacionalidad cubana. Se produjo una disminución de peticiones del 25% entre 2018 y 2019, siendo 2018 el año que tuvo el pico máximo de solicitudes anuales (252) dentro de los cuatro años que se evaluaron. Según trascendidos, desde el Gobierno de Estados Unidos le habían sugerido a sus pares argentinos que cobijaran a la mayor cantidad posible de opositores al régimen comunista que rige en la isla caribeña.

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Además, como sucedió con el informe original, Migraciones confirmó una tendencia que venía en aumento: la de solicitar refugio en la frontera como método de ingreso al país, “patrón recurrente que podría estar asociado a personas que alientan este tipo de mecanismo a cambio de algún beneficio, como así también, en otro orden, el ingreso ilegal por pasos no habilitados”.

En marzo de este año, Migraciones elaboró otro reporte interno para evaluar la situación de los refugiados incluidos en el denominado “Programa Siria”, que permitió comprobar su escaso resultado entre 2015 y 2019. En estos cuatro años apenas 628 personas habían pedido asilo, de las cuales 616 eran sirias, 8 palestinas y 4 egipcias, ya que el programa también incluía a estas dos últimas nacionalidades. De ese total, casi la mitad, el 48% exactamente, todavía permanecía en el territorio nacional. En tanto, el 25% ya se había marchado con otro rumbo y otro 27% (172 personas) aún no había arribado al país.

Mauricio Macri visitó al Papa Francisco en octubre de 2016 y allí se acordó que nuestro país iba a recibir a 3.000 inmigrantes sirios que deseaban huir de la guerra civil desatada en ese país asiático. La intención del ex primer mandatario era continuar con el Plan Siria, un programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros afectados por el conflicto en la República Árabe de Siria que se había iniciado en 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta argentina: hasta diciembre de 2015 ingresaron 1.448 refugiados. Macri ratificó la intención de ayudar a los ciudadanos sirios ante la reunión anual de la ONU el 19 de septiembre de 2016, con la presencia de líderes mundiales como Barack Obama, Angela Merkel y Francois Hollande. Y un mes después lo hizo frente al papa Francisco en el Vaticano.

Desde el Ministerio de Seguridad que entonces conducía Patricia Bullrich, aseguraron que la identificación que se hacía de las personas para evitar infiltrados terroristas era muy difícil y que eso complicaba las autorizaciones para radicarse aquí. Pretendían evitar ataques como los que se produjeron contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y contra la mutual judía de la AMIA en julio de 1994.

Aunque el departamento de Seguridad de Estados Unidos también intervenía en el plan y tenía acceso a los datos de quienes solicitaban asilo, así como también a la cantidad de ciudadanos que ingresaban y salían de nuestro país, el plan no cumplió los objetivos trazados por el temor de las autoridades de que se infiltraran terroristas en ese plan de refugiados.

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