Aunque el Frente de Todos tendría los votos para el impuesto a la riqueza, la tensión en Diputados complica el inicio del debate

Cuando hace una semana el oficialismo presentó en el Congreso el Aporte Solidario Extraordinario (ASE) que gravará las fortunas de 12.000 personas hubo alivio entre los diputados del Frente de Todos. Durante cuatro meses hubo tensión entre quienes querían avanzar sobre una iniciativa que consideran clave y quienes prefirieron negociar con la oposición. Siete días después de que el ASE pasara por Mesa de Entradas no sólo no pudieron arrancar su tratamiento sino que aún no figura en la agenda de las comisiones. Su tratamiento depende del diálogo entre Sergio Massa y los jefes del interbloque opositor mayoritario que se rompió el martes pasado en la previa a una polémica sesión. Por lo que parece, de un lado y del otro evitan forzar: la oposición no presentó su reclamo en la Justicia, pero tampoco el oficialismo puso fecha en comisión ni este proyecto ni tampoco a la reforma judicial.

Primero, sostienen legisladores de las distintas bancadas, deben superarse las profundas diferencias entre las dos primeras minorías y acordar el mecanismo de sesiones y comisiones. El Frente de Todos tiene 119 diputados, uno menos si se considera que José Ignacio de Mendiguren se encuentra de licencia. Juntos por el Cambio alcanza a 116. Aunque otros bloques consensuaron la renovación del protocolo de funcionamiento remoto y permitieron avanzar en la sanción del auxilio, hay coincidencia en que es imprescindible un acuerdo para seguir adelante. Incluso quienes se sentaron en sus bancas o se conectaron en forma remota piden acordar y bajar la tensión entre ambas fuerzas.

A la inversa de lo que se supone, el Frente de Todos no tendría inconvenientes en aprobar el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos. No sólo lo votarían los diputados propios. También hay voluntad en el Interbloque Federal y en Unidad Federal para el Desarrollo. Entre ambas bancadas, que lideran Eduardo ’Bali’ Bucca y José Luis Ramón, el oficialismo podría sumar entre 14 y 19 votos. Bucca ya habló con Máximo Kirchner y el lavagnista Alejandro ’Topo’ Rodríguez cita a monseñor Víctor ’Tucho’ Fernández, el arzobispo de La Plata amigo del Papa Francisco que se mostró a favor de la iniciativa.

El destino de la recaudación quedará explicitado en la ley, para tranquilidad de los partidos chicos que así lo exigieron. Jorge Sarghini, uno de los tres lavagnistas, estudió la letra pequeña de la norma y a instancias de su bloque, Consenso Federal, una parte de los recursos se destinará a la reactivación productiva.

Los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez, se manifestaron a favor en abril, apenas trascendió un borrador. “Si este nuevo gravamen no ataca a la clase media por el rango en el que se va a mover, nosotros lo vamos a apoyar”, prometió Gutiérrez, alineado con Bucca.

El proyecto sumó en los últimos días el respaldo explícito del diputado socialista santafesino Enrique Estévez. Podrían también dar su aval los cuatro del bloque Córdoba Federal que lidera Carlos Gutiérrez. Todos están dentro del Interbloque de Bucca.

Además se descuenta, como es usual, el apoyo de Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino, con lo cual el proyecto podría arrancar con 130 votos pero alcanzaría hasta 138 sin contar a ningún legislador de Juntos por el Cambio. Además tendría holgado quórum gracias también a los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, precursores de un proyecto a las grandes fortunas con un piso mucho más bajo que el del oficialismo y con la idea de alcanzar también a las 5.000 empresas más grandes.

El santafesino Estévez suele actuar en forma independiente y pasa de sólo dar quórum y votar en contra hasta a ayudar con su voto al Gobierno. Sería esta vez ese caso. “Es lógico que en este contexto de crisis económica, social y sanitaria que los que más pueden hagan un esfuerzo solidario para afrontar esta situación”, le dijo en la semana a la agencia Télam.

En Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo al tratamiento del proyecto autoría de Carlos Heller y Máximo Kirchner, al menos si se debate en forma remota. Sin embargo, en los últimos días pusieron el foco en la reforma judicial y en la movilidad jubilatoria, los dos temas que consideran más críticos. Hay razones: el Aporte Solidario podría quebrar al bloque, según admitieron algunos diputados radicales que están dispuestos a votar a favor y ya lo expresaron puertas adentro.

Algunos de esos diputados responden al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien varias veces repitió que “en esta emergencia quienes están haciendo su mayor esfuerzo son los trabajadores, negociando a la baja sus salarios para preservar el empleo, y el sector público, que no recibe aumentos salariales, con una inflación que le come los sueldos” y agregó: “Estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario”. El bloque, sin embargo, no discutió a fondo su postura por lo que si la conducción se expresa en contra en forma muy contundente dejaría en posición incómoda a los que quieren acompañar y que en general son de los más jóvenes. Sí coinciden todos respecto a la metodología con la que quieren debatir: cara a cara.

Aunque no sería coparticipable, hay gobernadores oficialistas y opositores que esperan que con ese aporte se auxilie a algunos sectores. Así se lo indicarían a sus respectivos diputados, contaron algunos legisladores que viajaron el martes pasado a la sesión. Se calcula que la recaudación no bajaría de $300.000 millones y la negociación podría darse en paralelo al Presupuesto Nacional y a la Reforma Tributaria. Incluso hay diputados que habrían aconsejado que se incluya ya para el 2021, aunque se discuta en lo que resta del mes.

El gravamen generará un debate interno en Juntos por el Cambio que en el marco de la actual tensión se niega a tratarlo. La reforma judicial y el escándalo de la última semana logró abroquelar posiciones. Luciano Laspina (PRO), vicepresidente de la comisión de Presupuesto, considera que este proyecto “persigue” al capital cuando se necesita atraer inversiones.

Hace un par de meses arrancaron las manifestaciones particulares. El puntano Alejandro Cacace (UCR) había anticipado su posición a favor. “Es razonable que el tributo recaiga sobre la persona y que sea de carácter extraordinario. Las empresas hoy están muy golpeadas por la crisis y con dificultad de pagar los salarios”, dijo (y lo repite aún) sobre la modificación que introdujo Heller para gravar bienes personales y no a las empresas. En términos parecidos se expresó el pampeano Martín Berhongaray. Y el Comité Capital de la UCR consideró en su momento “razonable” la discusión aunque eso ocurrió en abril y en otro contexto.

Según lo previsto, el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario se aplicará por única vez a las personas que hayan declarado, al 31 de diciembre, un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. La alícuota será de entre 2 y 3,5%.

Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, convocaría en los próximos días a una reunión informativa en la que se presentarían los detalles del proyecto, entre otros el destino de la recaudación: pymes, sistema sanitario, el programa Progresar y el desarrollo energético.

De los $300.000 millones que se podrían recaudar, un 20% se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; un 20% a las pymes y un 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, una condición, dicen, conversada con referentes sociales como Juan Grabois. Además, está previsto que el 20% se destine a becas del plan Progresar y el restante 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de YPF y Enarsa.

En la hoja de ruta del oficialismo estaba prevista una reunión informativa para después de la última sesión y la aprobación para este mes. La confrontación entre las dos fuerzas mayoritarias demoró el arranque y el debate que se anticipa, otra vez, caliente.

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