Sin noticias aún sobre la letra chica del proyecto, la oposición y el resto de los bloques en Diputados que suelen oficiar de aliados del oficialismo empiezan a debatir internamente la posición oficial en torno a la expropiación de la empresa Vicentin, anunciada este lunes de manera sorpresiva por Alberto Fernández.
Clausurada la discusión en Juntos por el Cambio, que homogéneamente ya declaró su rechazo a la iniciativa de la Casa Rosada, y que incluso radicalizó su postura con la denuncia penal presentada por un grupo de siete legisladores contra el jefe de Estado por supuesto “abuso de autoridad”, el Frente de Todos mira con atención a las bancadas del PJ Federal y el interbloque conducido por el mendocino José Luis Ramón, de estrecho vínculo con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
El bloque oficialista está compuesto por 119 legisladores. Es decir, necesita diez más para llegar al quórum.
En ese sentido, las discusiones internas entre los 8 diputados de la bancada de Ramón y los 11 del Interbloque Federal, liderado por Eduardo “Bali” Bucca, acaparan el seguimiento parlamentario del oficialismo. Además de Nicolás del Caño y Romina del Plá, de la izquierda: Del Caño ya manifestó su aprobación a la intervención estatal, aunque con complementos aún más osados.
En el Senado, donde va a arrancar el debate legislativo, la situación es mucho más distendida: Cristina Kirchner tiene la mayoría suficiente como para darle media sanción a la expropiación del sexto grupo agroexportador del país.
La Cámara alta fue el lugar en el que el Frente de Todos empezó a ventilar la discusión parlamentaria en torno a Vicentin: a principios de mayo el senador Oscar Parrilli, del riñón de la ex presidenta, propició la creación de una comisión bicameral para investigar a los directivos de la compañía y al directorio del Banco Nación, principal acreedor de la firma, durante la anterior administración.
El Interbloque Federal tuvo este martes más conversaciones que de costumbre.
A media tarde, Eduardo “Bali” Bucca, jefe del interbloque, armó un encuentro virtual para empezar a discutir la posición del espacio junto a Graciela Camaño, “El topo” Alejandro Rodríguez y Jorge Sarghini.
“En términos generales hay un desacuerdo en las formas, en los tiempos y en hacerlo en medio de la falta de una política económica en general”, confiaron después de la charla a este medio. Un rato antes, el ex ministro Roberto Lavagna, que la semana pasada almorzó en Olivos con el Presidente y Martín Guzmán, y que auspicia a buena parte de ese interbloque, había oficializado ya su postura: “Hace años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien”.
La reunión virtual vía Zoom contó además con la participación de un par de asesores jurídicos especializados en quiebras y concursos que, según trascendió, se mostraron reacios a la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar sobre Vicentin. “Es una empresa que está en concurso preventivo. Se podrían haber agotado otras instancias", fue el mensaje.
Entrada la noche, Bucca tenía previsto hablar en forma remota con los cuatro diputados cordobeses del interbloque, liderados por Carlos Gutiérrez, que a veces se diferencian del resto.
En el caso de la bancada conducida por Ramón, el estado de situación general es bastante más previsible: el propio jefe del bloque escribió en sus redes sociales un tuit de apoyo a la decisión de Alberto Fernández.
“Era esperable el rescate que está haciendo @alferdez a Vicentin y vamos a discutir cuando llegue al Congreso. Vicentin está en concurso, no puede sostenerse, y la inmensa mayoría de la deuda la tiene el Banco Nación, no es menor”, remarcó Ramón en su cuenta de Twitter. Y arrobó al ministro de Desarollo Productivo, Matías Kulfas.
En Cambiemos, la posición oficial no deja lugar a dudas: la coalición opositora integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que cuenta con 116 miembros, no tardó ni 24 horas en comunicar oficialmente que, para ellos, la decisión presidencial es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”. Después, avanzaron con la denuncia penal.
La jefatura del interbloque en la Cámara baja, como publicó el lunes este medio, le encomendó el análisis del decreto del Poder Ejecutivo a Bernardo Saravia Frías, el ex procurador de la gestión de Mauricio Macri. Cambiemos centra su discusión pública en el caso YPF. Saravia Frías siguió al detalle, por su rol, el pleito judicial en torno a la expropiación de la petrolera en los tribunales de Estados Unidos.
“El esquema jurídico propuesto no es novedoso. Para expropiar YPF, el Poder Ejecutivo de entonces utilizó facultades legislativas excepcionales (un DNU) para intervenir la empresa. El Congreso luego refrendó lo actuado, declaró su utilidad pública y decidió su ocupación”, planteó el ex procurador en un paper que le envió a algunos diputados.
Aunque marcó diferencias con la estatización de la petrolera. “Vicentin está en concurso desde diciembre del año pasado. Desde su apertura el patrimonio de Vicentin está resguardado por el juez en favor de todos sus acreedores y es él quien podría, en forma excepcional, apartar al directorio de la conducción de la empresa. Bajo el ropaje de la soberanía alimentaria, se invaden también facultades propias del juez. De una vez, el Poder Ejecutivo implementa un esquema jurídico que arrebata y desconoce competencias propias de otros poderes. El desamparo y la arbitrariedad a que pueden dar lugar, son graves. Desde todo punto de vista, legal e institucional. Las incógnitas arrecian: ¿qué pasa si la expropiación no es aprobada por el Congreso? La ocupación ya ocurrió y un interventor no solo estará dirigiendola sino disponiendo de los activos sin control ni restricciones. ¿Qué será del concurso? ¿Qué dirá el juez?”, abundó.
Pero más allá de las posiciones, la discusión futura en el Parlamento en torno a Vicentin, que el Gobierno pretende apurar, conlleva otro debate en paralelo: ¿Se puede llevar un proyecto de tamaña relevancia a un recinto virtual?
A finales de semana vence el protocolo de sesiones remotas de la Cámara baja. En el Senado, el bloqueo de la oposición a la sesión especial convocada por CFK tensó mucho más los vínculos. Lo anticipó Martín Lousteau el fin de semana: empezó a agotarse la “buena voluntad”. Y eso que la intervención y expropiación de Vicentin aún no estaba en la hoja de ruta de la oposición.
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