
La vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó minutos antes de las 14 en los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer las pruebas del espionaje ilegal que se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri. La calificó como “un verdadero y auténtico escándalo” y responsabilizó directamente a la AFI del gobierno de Mauricio Macri. También disparó contra la Corte Suprema de Justicia por no haber intervenido en la difusión de sus conversaciones privadas durante 2017. Se retiró minutos después de las 16:30.
Con un barbijo blanco y tapándose la cara por el coronavirus, la ex presidenta saludó con la mano a los que esperaban y entró directo al edificio judicial. El lugar estaba cercado desde las 7 de la mañana, y había una importante guardia periodística. A Cristina la acompañaba el abogado Carlos Beraldi, el defensor que la representa en la mayoría de las causas penales que se abrieron en su contra en Comodoro Py 2002. Ahora quiere saber qué material habían producido sobre sus actividades. Sobre esa base, podrá constituirse como querellante en el expediente.
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Allí, el juez Federico Villena investiga a "una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local”, a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones” y que tendría como víctimas a, al menos, una veintena de políticos, gremialistas, jueces, periodistas, religiosos y hasta integrantes de la comunidad mapuche que ya fueron citados a presentarse en calidad de víctimas como Cristina. También figura el novio de la hermana menor de Mauricio Macri.
Hasta último momento, Cristina no había querido confirmar su presencia en los tribunales. No obstante, había un gran despliegue de seguridad a la espera de su llegada. Al salir de su casa en La Recoleta, la ex presidenta difundió por sus redes sociales un video en donde se mostraba su recorrido desde un auto. En una voz en off, Cristina decía que este viaje era muy distinto a las veces que tuvo que ir a Comodoro Py citada a indagatoria cuando la convocaba el fallecido juez Claudio Bonadio en “causas armadas” –dijo– y la seguían motos transmitiendo en vivo
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“Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Inédito. Inédito escándalo. ¿Que por qué lo digo? Escuchá bien: la AFI que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, les vendió a todos los argentinos que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío. Cuánta mentira, y cuánto cinismo, por Dios”.
Es que fue un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, el que destapó la punta de este escándalo cuando reveló que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le había pedido que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa, José Luis Vila, para darle “un susto”. Y eso permitió seguir la pista y encontrar documentación que acreditaría los seguimientos y vigilancias a políticos, gremialistas, religiosos, jueces, periodistas e integrantes de la comunidad mapuche.
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“Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho en la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada –dijo–. Me acuerdo por ejemplo cuando en marzo de 2017 se difundieron ya célebres escuchas de mis conversaciones con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Nación”, afirmó.
Justamente en este momento, el Congreso debe decidir si hace caer el decreto de Mauricio Macri que había pasado la oficina de escuchas bajo la órbita del máximo tribunal, en vez de depender de la Procuración General de la Nación, como ella había decidido tras la muerte del fiscal Alberto Nisman.
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Cristina afirmó que cuando se difundieron las escuchas en donde se la oía decir “Soy yo, Cristina, pelotudo” pensó que alguien iba a intervenir, pero “nada de eso ocurrió” y “nadie hizo nada para impedirlo”. “Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiera tomado medidas y sancionado a los responsables. Es probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados”. "En fin... De aquellos lodos, estos barros”, dice la ex jefa de Estado en la frase final del video, con un auto llegando a destino.
El video de la vicepresidenta –al estilo del anuncio que hizo sobre la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia o la internación de Florencia Kirchner en Cuba– fue el precedente de su aparición en los tribunales de Lomas de Zamora.
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Allí, el juez Federico Villena investiga a "una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local”, a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”.
Fue el narcotraficante “Verdura” el que reveló esta cuestión. El juez confirmó que el abogado Melo pertenecía a la AFI. Hubo allanamientos, tareas de inteligencia, vigilancias y secuestros. En la causa hay documentación que acredita ese material. Hay al menos dos otros espías investigados, pero la causa también avanzaría hacia otras ramificaciones: las escuchas que se habrían hecho sobre presos K.
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Cristina Kirchner no es la única citada en los tribunales de Lomas de Zamora para esta semana. La veintena de convocados incluye al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Diego Santilli; la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo –hoy jefe de bloque de diputados del PRO–; el diputado Waldo Wolff y los ex diputados Nicolás Massot, quien fue jefe de la bancada macrista en Diputados, y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara baja durante la gestión macrista.
El juez Villena también dispuso la citación del ex presidente Eduardo Duhalde, los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño –esposa de Barrionuevo–, el senador del FdT Maurice Closs, los intendentes de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de Avellaneda Jorge Ferrari y ex intendente de La Plata Pablo Oscar Bruera.
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La lista de convocados también incluye al juez Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña; el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, y el sacerdote José María Di Paola, conocido como “Padre Pepe”; los periodistas Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, del diario La Nación; integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina y Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente.
Cristina Kirchner sostiene que durante el gobierno de Macri se llevó adelante una persecución política en su contra a través de las causas judiciales, conocido como “lawfare”. Y que por eso se llevaron adelante las investigaciones en las que terminó procesada y enviada a juicio oral, tanto en expedientes por decisiones políticas (como “dólar futuro” o “Memorándum”) como en denuncias por corrupción (obra pública, Los Sauces, Hotesur, cuadernos).
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