Ricardo Echegaray pidió con carácter de “muy urgente” que dispongan de la “inmediata liquidación de haberes de manera regular y ordinaria”, que se revoque la suspensión como empleado de la Dirección General de Aduanas, que cese la “persecución política” que según él se “instrumentó de manera directa a partir del 10 de diciembre del 2015” y hasta que le entreguen la “medalla” por sus “25 años de antigüedad” como empleado aduanero.
En el entorno del ex titular de la AFIP, que desde que dejó la función pública dedicó buena parte de su tiempo a abogados penalistas, aseguran que la asunción del nuevo Gobierno debería darle algún rédito político, a pesar de la pública enemistad que mantiene con Mercedes Marcó del Pont, la jefa del organismo de recaudación, desde el 2013.
Suspendido sin goce de sueldo en la planta permanente que mantenía en la Aduana, Echegaray envió este lunes un documento a Silvia Traverso, la directora general, en la que le pide que resuelva su situación administrativa, y en la que resalta que fue víctima de “lawfare” bajo la gestión “de sus predecesores durante el gobierno de Mauricio Macri".
“(Pido que) Se disponga el cese inmediato de las medidas de persecución política que la institución instrumentó hacia mi persona de manera directa a partir del 10 de diciembre del 2015. Hasta esa fecha carecía de procesamientos judiciales y sanciones administrativas en mi vida personal", resalta el ex titular de la AFIP en el documento de cuatro carillas fechado este lunes al que accedió Infobae.
Tras su salida del organismo, en diciembre del 2015, Ricardo Echegaray había buscado refugio en la Auditoría General de la Nación (AGN), que tuvo que abandonar en agosto del 2016, acorralado por varias denuncias. Días antes de su renuncia fue procesado por el juez Claudio Bonadio por falso testimonio tras una denuncia del ex ministro Alfonso Prat-Gay. Al final, fue absuelto en octubre de este año.
En junio del 2018, el ex funcionario fue suspendido sin goce de sueldo por seis meses, una medida impulsada por Diego Dávila bajo la gestión de Leandro Cuccioli como director de la AFIP. La suspensión fue prorrogada hasta estos días. Ahora deberá resolver Traverso. Es decir, Marcó del Pont.
La suspensión se había decidido a raíz del procesamiento dictado por Sebastián Casanello por encubrimiento: el juez federal acusó a Echegaray de darle protección impositiva a Austral Construcciones, la firma madre de Lázaro Báez, y a otras empresas subcontratadas.
En el entorno del ex titular de la AFIP dicen que desde ese momento tuvo que dedicarse a la apicultura para obtener ingresos genuinos. Y que gastó en abogados y en gestiones judiciales gran parte de la fortuna que amasó.
“Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de ‘lawfare’, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política. (Pido) Se revoque la suspensión como empleado con la que me sancionara preventivamente el Director General de Aduanas durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Por tratarse la cuestión salarial de naturaleza eminente alimentaria, peticiono se imprima carácter de muy urgente al trámite a estas actuaciones, y se disponga la inmediata liquidación de mis haberes de manera regular y ordinaria. Solicito liquidación y el pago inmediato aplicando la tasa activa superior que hubiese fijado el Banco Nación”, solicita Echegaray en el escrito.
También pide la devolución de los pagos para la obra social: “Tuve que afrontar directa y personalmente el pago del sistema de salud familiar”. Y que le devuelvan tareas dentro del organismo: “Me incorpore a desempeñar tareas en el nivel de mandos altos de dirección, dentro del escalafón aplicable a los empleados en el marco del convenio colectivo de trabajo”.
Según el propio ex funcionario detalló, estudia la carrera de “traductor público de francés” en la Universidad de Buenos Aires: "Restan aún 22 materias para graduarme”, abunda.
Además, reclama a Traverso “vacaciones y antigüedad”; el “carnet de identificación como empleado”; la habilitación “del correo electrónico institucional”, y que “instruya a los letrados querellantes de la Aduana", en causas judiciales en las que se lo investiga, "que cesen en el uso indebido de instrumentos jurídicos y criterios interpretativos ajustados a derecho”. Según el ex funcionario, para instalar “el lawfare”.
Cuando después de las elecciones trascendió que Marcó del Pont lideraría la AFIP en la administración de Alberto Fernández, los colaboradores de Echegaray fantasearon con que la economista levantaría el teléfono para aflojar tensiones con el ex recaudador.
No solo no sucedió. Si no que la jefa del organismo no dio lugar a ninguno de los funcionarios que reportan a su antecesor. Incluso ascendió a varios de los que lideraron algunos de los expedientes que salpicaron el legajo judicial del ex titular del organismo.
Ninguno de los directores más relevantes del nuevo organigrama tienen línea con Echegaray: Traverso, Carlos Castagneto –al frente de Seguridad Social– o Virginia García –la ex cuñada de Máximo Kirchner que lidera la DGI–.
La decisión depende de Marcó del Pont.
Echegaray hasta pretende que lo condecoren. Quiere “la medalla de 25 años de antigüedad” como empleado de la Aduana. “Me fue negado en su entrega sin justificativo válido alguno durante el gobierno anterior”, asegura.