Julio De Vido y Roberto Baratta dejaron la cárcel y ya están en sus respectivos hogares

El ex ministro cumple prisión domiciliaria por la causa Río Turbio, mientras que el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación Federal está excarcelado con tobillera

Julio De Vido en su casa. El festejo con su esposa y su hijo

La libertad de ambos funcionarios en el marco de la causa de los Cuadernos fue ordenada el viernes 13 por la noche por el Tribunal Oral Federal (TOF 7) y se hizo efectiva en horas de la madrugada de este sábado cuando tanto Julio De Vido como Roberto Baratta dejaron el penal de Ezeiza rumbo a sus respectivos hogares.

Persiste de todos modos una diferencia en la situación procesal de cada uno, porque el ex Ministro de Planificación de la era K seguirá con detención domiciliaria por la causa Río Turbio (administración fraudulenta en el manejo de los fondos destinados a la remodelación de la mina de carbón), mientras que Baratta portará tobillera, deberá presentarse todos los meses ante el tribunal y no podrá dejar el país.

El propio De Vido, al enterarse de Casación había ordenado su inmediata libertad en la causa de los Cuadernos, explicó: "El TOF 7 ordenó mi liberación, pero el TOF 1 había dejado firme una domiciliaria que seguramente en la semana mis abogados buscarán la forma de remover para darle valor a la decisión de Casación”

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La decisión de excarcelar a De Vido y Baratta fue tomada por la Sala I de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Por mayoría, Barroetaveña y Petrone resolvieron aceptar el recurso de las defensas de los ex funcionarios de Planificación y ordenar que el TOF 7 revise su decisión de no morigerar la situación de los detenidos, a la luz de las nuevas normas del Código Procesal Penal que puso en vigencia la Comisión Bicameral, en los últimos días del Gobierno de Mauricio Macri.

Los magistrados de Casación coincidieron en que el TOF no analizó debidamente las distintas pautas alternativas al encarcelamiento. Ejemplo de estas morigeraciones del encierro son la prisión domiciliaria o la excarcelación con tobillera para revenir riesgos de fuga.

Julio De Vido (Foto: NA JUAN VARGAS)

Antes de enterarse de que su prisión domiciliaria se concretaría finalmente, Julio De Vido había anunciado que iniciaría una huelga de hambre en Ezeiza, en protesta por la “despiadada persecución” por parte de “los tres poderes del Estado". El ex funcionario se encuentra detenido desde octubre de 2017, por un pedido del fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa Río Turbio y en virtud de una interpretación del uso de la prisión preventiva que fue bautizada como “doctrina Irurzun”, por el magistrado que la formuló por primera vez. Tras el pedido de prisión de Stornelli contra De Vido, el Congreso le quitó los fueros al ex ministro.

En abril de 2018, se inició la llamada causa de los Cuadernos, cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, se presentó ante el fiscal Stornelli para aportarle fotocopias de cuadernos que contenían las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, con el registro de los viajes que hacían recaudando dinero entre empresarios. En el marco de esa causa, se ordenaron detenciones que incluían a la ex presidenta (con fueros como senadora), a De Vido, Baratta, ex funcionarios y empresarios. Tras las declaraciones de los arrepentidos y las revisiones de la Cámara Federal, actualmente los únicos detenidos por cuadernos eran De Vido, Baratta y el ex director de Yaciretá, Oscar Thomas, con prisión domiciliaria.

La excarcelación de De Vido y Baratta tiene un alto impacto político, en particular en momentos en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó el abuso de las prisiones preventivas, tanto en campaña como en su discurso de asunción en el Congreso, y después de que la vicepresidente Cristina Kirchner hablara del lawfare de causas en su contra.

En la noche del jueves, De Vido había anunciado que iniciaba una huelga de hambre en prisión: aseguró que no comería los alimentos entregados por el Servicio Penitenciario como protesta por la “despiadada persecución” de que se considera víctima por parte de “los tres poderes del Estado".

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