Cuáles son las denuncias que enfrentan los jueces de Comodoro Py en el Consejo de la Magistratura

Los Tribunales Federales de Comodoro Py donde se investigan los casos de corrupción en los que están involucrados funcionarios nacionales están bajo la mira de la opinión pública.

Los nombres y rostros de los titulares de los 12 Juzgados federales que están en el edificio de Retiro se hicieron conocidos por el reclamo social ante la demora en la tramitación de causas que implican al poder político. Desde la renuncia en 2016 de Norberto Oyarbide, son 11. Todos ellos,  excepto Julián Ercolini, tienen investigaciones en trámite en el Consejo de la Magistratura.

El ranking de denuncias abiertas en la Comisión de Disciplina y Acusación lo encabeza Luis Rodríguez, con 8, seguido de Claudio Bonadio, con 6. Detrás están Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, con 4 cada uno, y Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi, con 3. Sebastián Casanello tiene 2 expedientes abiertos, en tanto que María Servini, Sebastián Ramos y Sergio Torres enfrentan una denuncia cada uno.

Estos números corresponden a las denuncias presentadas desde 2016 a la fecha. Transcurridos los tres años de ingresadas, si no se resolvieron, se cierran. Este plazo le garantiza a los jueces que los procesos en su contra en el Consejo no se extiendan indefinidamente, y busca evitar que se sientan condicionados en el ejercicio de su función. Lo cierto es que si una investigación se demora en el tiempo, puede terminar favoreciendo al juez acusado.

Las investigaciones contra Rodríguez

Rodríguez quedó bajo la lupa por las declaraciones de tres arrepentidos en la causas de los cuadernos, que afirmaron que cobró una coima millonaria para favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Acumula ocho denuncias en la Comisión de Acusación y Disciplina, que preside el senador peronista Miguel Pichetto.

Las dos más antiguas son de noviembre pasado. Una fue presentada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López por supuestamente frenar la investigación por lavado de dinero contra Muñoz y su entorno, que tramitaba en su Juzgado. La otra la presentó el abogado Ricardo Monner Sans por "favorecer a quienes debía investigar" en la causa del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, por la que está detenido el ex ministro Julio De Vido desde el 25 de octubre de 2017. El magistrado se había negado al pedido de prisión preventiva que le había hecho el fiscal Carlos Stornelli, hasta que se lo ordenó la Cámara Federal.

Estos mismos denunciantes ampliaron sus presentaciones en el Consejo en febrero último, a partir de la declaración como arrepentida de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien afirmó que su marido le había pagado 10 millones de dólares a Rodríguez a través de su abogado –Miguel Pló, hoy detenido- para que no avanzara la causa en su contra.

Por esta declaración y su actuación en esa causa también lo denunció Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quien sumó los tres sobreseimientos exprés al ex funcionario kirchnerista Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini. Las cinco denuncias quedaron concentradas en manos del consejero académico Diego Molea.

En los últimos quince días se presentaron otras tres contra Rodríguez. Una de la senadora nacional tucumana Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), por la actuación del magistrado en una causa por el manejo de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal destinados a obras en Tucumán. En ese expediente están acusados Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex gobernador tucumano José Alperovich. Por no tener vinculación con la causa de Muñoz, fue a sorteo y recayó en el consejero abogado Juan Pablo Mas Vélez.

Otra de las últimas denuncias contra Rodríguez es por haber beneficiado con la prisión domiciliaria al sindicalista Omar "Caballo" Suárez a fines de 2017, mientras subrogaba al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Quedó en manos de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño. Y una tercera cuestiona la actuación del juez cuando estaba a cargo interinamente del Juzgado de Instrucción Nº49 en una causa del 2007, en perjuicio de la empresa Publicidad Sarmiento SA. Tras ser sorteada, recayó en el juez Alberto Lugones.

Cuando el Consejo recibe una denuncia, el expediente queda a cargo de uno de los miembros de la Comisión de Acusación y Disciplina, por sorteo. Tras abrir una investigación, elabora un dictamen en el que propone al resto de la Comisión desestimarla, aplicar una sanción disciplinaria o abrir el procedimiento de remoción a través del jurado de enjuiciamiento. Ese dictamen debe ser luego aprobado por el plenario del Consejo con una mayoría especial.

Bonadio, en segundo lugar

El juez a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas es el que le sigue a Rodríguez en cantidad de denuncias en el Consejo. Tiene seis expedientes abiertos, tres de ellos iniciados justamente por su actuación en la investigación abierta a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta.

Una de esas presentaciones fue realizada en agosto pasado por el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, porque no lo dejaron presenciar el allanamiento al departamento de la ex presidenta en Recoleta. La instruye el consejero en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques.

Otra la hizo la esposa y el hijo del titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, procesado con prisión preventiva en esa misma causa, por haber sido "alojado a exclusiva disposición del Juzgado" en el Penal de Marcos Paz. Quedó en manos del consejero Juan Manuel Culotta, representante de los jueces.

La tercera denuncia vinculada a la investigación por los cuadernos la presentó el abogado Alejandro Kalbermatten por considerar que Bonadio no involucró en la causa de los cuadernos al empresario Sebastián Eskenazi – pese a haber sido mencionado por el financista Ernesto Clarens-, por su presunto vínculo con él. Esta presentación tiene como instructora a la diputada Camaño.

Bonadio, nombrado por Carlos Menem a mediados de 1994, es  uno de los jueces más denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la mayoría fueron desestimadas por el plenario. El kirchnerismo intentó iniciarle juicio político en 2014, pero no reunió la mayoría necesaria.

El patrimonio de Canicoba Corral

Canicoba Corral acumula cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura, que se concentraron en un solo expediente que estaba a cargo de la abogada Adriana Donato, y ahora pasó a manos del consejero Mas Vélez. Gira alrededor de su presunto enriquecimiento y su actuación el causa contra el  "Caballo" Suárez, en la que el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) está procesado y detenido desde septiembre de 2016.

Una de las denuncias contra el titular del Juzgado Federal Nº 6 la hizo el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli, en mayo del 2018, por el presunto enriquecimiento patrimonial del magistrado.

Otra la hizo Alfredo Popritkin, presidente de Contadores Forenses, por la designación del cuñado de Canicoba como interventor de la obra social del SOMU. Una cuarta fue realizada por el propio Suárez por supuestamente enviar a un secretario a pedirle una coima a su hija para otorgarle la prisión domiciliaria.

Mora en la tramitación de causas

Su colega del Juzgado Federal Nº 4, Ariel Lijo, tiene cuatro expedientes abiertos en la Comisión de Acusación y Disciplina. En uno de ellos está denunciado, junto a su colega Daniel Rafecas, por la demora en la tramitación de las causas, según una auditoría realizada por el Consejo. La presentación la hizo el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

También fue denunciado por José María Nuñez Carmona en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente Amado Boudou, por ampliar la acusación a asociación ilícita y lavado de dinero, y ordenar su detención antes de resolver su situación procesal. La prisión preventiva de ambos fue revocada por la Cámara Federal. La investigación estaba en manos del diputado radical Mario Negri y ahora pasó a Camaño.

Otra de las denuncias contra Lijo la presentó la diputada Elisa Carrió. Apuntó a su presunto enriquecimiento "con la influencia y protección del empresario del juego y dirigente deportivo Daniel Angelici". Este expediente quedó a cargo de Pichetto.

En agosto pasado el Consejo desestimó otra denuncia contra Lijo por su presunta vinculación en la compra y explotación de un haras, junto a su hermano Alfredo "Freddy" Lijo. Tras pedir informes a distintos hipódromos y a la municipalidad de Dolores, Tonelli pidió desestimarla al no encontrar elementos en los informes recibidos que lo incriminen.

Lijo está a cargo desde hace dos años de una de las causas judiciales más sensibles para el Presidente, la que investiga si la quita de la deuda del Correo Argentino con el Estado, cuando era del Grupo Macri, fue perjudicial para las arcas públicas.

La cuarta denuncia contra Lijo la hizo una particular por haber ordenado una extracción compulsiva de ADN en el marco de una supuesta sustracción de identidad.

Por su parte, el juez Rafecas – además del expediente por la demora en tramitación de causas en su Juzgado- enfrenta otra investigación por la tramitación de la causa contra el ex secretario de obras públicas, José Lopez. Se abrió por una presentación de la diputada nacional Carla Carrizo (Cambiemos) en junio de 2016, con el argumento de que Rafecas no había avanzado en la causa hasta que López fue descubierto con los bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. La instrucción la tiene ahora Camaño.

La tercera denuncia que enfrenta Rafecas es de noviembre de 2017 y la presentó Hugo Isaac Malamud. Lo acusó de haberse "inmiscuido en política" al firmar en junio de 2015 una solicitada adhiriendo a la candidatura de Eduardo Jozami por el Frente para la Victoria. La investigación en el Consejo estaba en manos del senador Angel Rozas y pasó a la senadora radical Inés Brizuela y Doria.

El sobreseimiento de Freiler

Marcelo Martínez De Giorgi también tiene tres denuncias abiertas en el Consejo. Una es de Monner Sans y fue hecha en 2016, por el sobreseimiento "sin investigar" del ex camarista Eduardo Freiler, por enriquecimiento ilícito. Está en manos de Tonelli, el consejero que estuvo a cargo de la instrucción en la Comisión de Acusación, que terminó en la destitución del ex integrante de la Sala I de la Cámara Federal.

La otra denuncia contra el titular del Juzgado Federal Nº 8 la hizo Aldo Sergio Parodi en junio pasado por "retardar la justicia para favorecer los negocios de Claudio Tapa en la AFA", y está en manos del juez Juan Manuel Culotta.

Por último, a Martínez de Giorgi lo denunciaron el senador Fernando "Pino" Solanas y Alejandro Olmos (hijo) por haberlo citado a indagatoria al fiscal federal Federico Delgado, por la presunta revelación a la prensa de información en la causa Time Warp.

Por su parte, Sebastián Casanello fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña en 2016 por la tramitación de la causa de la llamada ruta del dinero K, pero el expediente no tuvo más movimientos desde octubre de 2017.

En ese misma causa, ya elevada a juicio oral, el titular del Juzgado Nº 7 fue denunciado, también en 2016, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires por haber realizado un allanamiento al estudio Baker Tilly Argentina SRL, sin haber dado aviso a la entidad que reúne a los profesionales para que designe un miembro del Consejo Directivo que presencie el procedimiento.

Finalmente, María Servini fue denunciada en febrero pasado por la habilitación de un grupo político en la interna partidaria del Partido Justicialista.

Su colega Sebastián Ramos fue denunciado por Monner Sans en 2016, por su intervención en una causa vinculada al sobreseimiento de Freiler.

En tanto que Sergio Torres, juez federal hace 17 años, fue denunciado en 2017 por el diputado Franco Caviglia por la demora en sus actuaciones en la causa de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Sin que tuviera avances, recayó ahora en Camaño.

En los últimos días , el titular del Juzgado Federal Nº 12 fue propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La investigaciones del Consejo derivan en un enjuiciamiento de índole política, que pueden terminar con la destitución del juez en su cargo, pero no son de índole penal. Si un juez renuncia o deja el cargo, se vuelven abstractas y se cierran.

Las causas en la Justicia penal

Por carril separado corren las denuncias en sede penal. Dos de los jueces federales de Comodoro Py  tienen hoy causas abiertas en su propio fuero.

Uno es Rodríguez, denunciado por la presunta coima que habría cobrado por favorecer a Muñoz, y el otro es  Lijo, denunciado por Carrió por supuestamente "operar" junto a su hermano "Fredy" y al ex ministro De Vido para garantizarle impunidad judicial a ex funcionarios kirchneristas.

En junio de 2017, Canicoba Corral fue sobreseído por su par Bonadio por el presunto soborno que habría recibido para beneficiar al "Caballo" Suárez.