El fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, salió al cruce de la información publicada este fin de semana por un matutino porteño, que difundió un intercambio de mails entre Miranda, la presidente del superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Clara Aurora de Langhe de Falcone, y el abogado Federico Wagner, quien representó al gobernador Gerardo Morales en la querella por la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso.
La nota atacaba a los responsables de los procesos que se llevan adelante contra Milagro Sala, afirmando que los contactos por mail apuntaban a "diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo". "Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo", explicaba. A pesar de que el objetivo enunciado no representa un delito, el artículo sostenía que la "promiscuidad" del gobierno de Morales con la presidente del Superior Tribunal "ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación".
Sin embargo, el fiscal Miranda salió al cruce de las acusaciones y explicó que el intercambio de emails citado por el matutino se dio en el marco de "la necesaria coordinación institucional entre distintos poderes del Estado provincial y organismos nacionales, para dar transparencia a los requerimientos de los organismos internacionales". Y remarcó que el objetivo es que "constaten mediante la compulsa de los expedientes, el respeto a las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, que le asiste a cualquier ciudadano en un Estado de Justicia y Derecho".
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Respecto a la publicación de los mails, Miranda sosotuvo que está acostumbrado "al desprestigio de quienes insisten en negar la verdad e impedir que las víctimas tomen contacto directo con los organismos internacionales". "Tenemos problemas reales que atender en Jujuy. Sin embargo, no cejamos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Lamentamos que grupos con claros intereses políticos y económicos sigan intentando entorpecer esa meta", agregó.
En efecto, en diferentes instancias, la Justicia jujeña sostuvo que, de quedar en libertad, podría entorpecer el proceso. Ante los reclamos de diversos organismos internacionales sobre "irregularidades" en la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala en Jujuy, el Gobierno nacional explicó en noviembre pasado, en una nota emitida por la Cancillería junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la liberación de Sala "implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación" judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo, porque existe "evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa", lo que "determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".
En el texto oficial, además, se afirmó que "están debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos".
"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", dijo el gobierno en su momento, a través de la Cancillería.
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Estas circunstancias -el respeto a las garantías del debido proceso y el riesgo a influir sobre los testigos y la investigación en el caso de que Sala estuviera libre- son las que el Estado jujeño intentará mostrarle a la misión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviará al país en mayo.