Confirmaron la validez de un audio que ratifica que el juez Hooft fue víctima de una persecución judicial

La Cámara Federal de Casación Penal declaró la legalidad y validez como prueba de la grabación de una conversación entre particulares. El audio corresponde al registro de una charla que Federico Hooft, hijo del juez de Mar del Plata Pedro Hooft, mantuvo con el fiscal Claudio Kishimoto. Durante la conversación, Kishimoto le manifestó a Hooft (h) que estaba recibiendo presiones de sus superiores en la causa que se le seguía al magistrado marplatense por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

Hooft denunció que desde marzo de 2006 es objeto de una persecución penal en una causa en la que lo acusan de ser responsable de delitos de lesa humanidad. Esa supuesta confabulación habría sido llevada a cabo -según la denuncia- por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el Juez Federal Martín Bava,  miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, Organizaciones de Derechos Humanos y algunos abogados ligadas a éstas últimas.

Además de la grabación, el juez junto a su hijo ofreció otras pruebas, pero la denuncia fue desestimada en primera instancia y luego esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata. Frente a esa resolución, Hooft interpuso un recurso de Casación alegando la arbitrariedad de los fallos de primera instancia y de la Cámara que no tomaron en cuenta ninguna prueba y rechazaron la denuncia. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a ese planteo y resolvió que se investigue la denuncia de Hooft y apartó al juez de primera instancia y a los camaristas que intervinieron en la causa.

La conversación de la polémica ocurrió el día 11 de marzo de 2013, entre las 19:45 y las 20:30 en la puerta de la casa del fiscal Claudio Kishimoto. Esa charla fue grabada con el celular por Hooft (h), transcripta luego en presencia de un escribano público y ambos elementos fueron aportados a la causa. En esa conversación el fiscal Kishimoto manifiesta que está recibiendo presiones de sus superiores, en particular, del fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler, miembro de Justicia Legítima y muy cercano a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

Sobre la validez de la grabación como medio de prueba, la Cámara de Casación citó su propia jurisprudencia que ha sostenido hace años que "las grabaciones 'caseras',al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles. Su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga".

En el fallo, los magistrados señalaron que todo parecería indicar que Federico Hooft realizó la grabación convencido de que su padre estaba siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima y en virtud de considerar que estaba ejerciendo un derecho que le asistía.  Asimismo, destacaron que en este caso no existió una intromisión indebida de un tercero en la conversación privada que mantuvieron Hooft (h) y Kishimoto. Por el contrario, quien grabó la charla fue una de las partes intervinientes por lo que no se puede inferir que allí hubo una vulneración de la intimidad como sí podría ocurrir cuando alguien ajeno intercepta una comunicación sin autorización judicial o consentimiento de uno de los interlocutores.

La Cámara sostuvo que en definitiva se trató de una conversación entre dos personas que se conocían en la puerta de acceso al domicilio de uno de ellos por lo tanto no es posible alegar que haya existido una violación a la privacidad que permita invalidar la prueba. Tampoco se aprecia -afirmó la Casación- que el fiscal Kishimoto haya sido obligado física o moralmente a decir lo que manifestó en la conversación que mantuvo con Federico Hooft.

Tras el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ahora las actuaciones fueron remitidas a la Oficina de Sorteos para designar qué magistrado va a intervenir en la denuncia que presentó el juez Pedro Hooft.