El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, se pronunció este martes sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que dejó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sin posibilidad de recibir credenciales como alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, debido a que ya ejerció el cargo durante el mandato anterior y la Constitución prohíbe la reelección inmediata.
En diálogo con RPP, el titular de Justicia señaló que, aunque existe un debate sobre la interpretación constitucional aplicada por el organismo electoral, hay dos disposiciones que debieron considerarse desde el inicio del proceso: la prohibición de la reelección y la sucesión municipal en caso de que el alcalde electo no pueda asumir el cargo.
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“En la Constitución dice que no hay reelección y la ley indica que, en todo caso, cuando el candidato a alcalde no puede asumir, le pasa cualquier cosa o renuncia, asume el primer regidor”, afirmó.
Álvarez consideró que el JNE debió resolver esta controversia antes y cuestionó que el organismo electoral no haya zanjado el asunto desde el comienzo. “Con estos elementos, el Jurado desde el inicio ha debido zanjar el tema”, sostuvo.
El funcionario también advirtió de las dificultades que podría generar una eventual intervención del Poder Judicial mediante una medida cautelar para ordenar la entrega de credenciales al primer regidor, una decisión que, según explicó, podría colocar al JNE ante el dilema de acatar una orden judicial o mantener su competencia en materia electoral.
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“Lo que se prevé es que va a tener que asumir la segunda regidora de la lista, porque los plazos ya no dan para ir al Tribunal Constitucional”, indicó.
Asimismo, advirtió que una medida cautelar podría agravar el escenario institucional. “El Jurado lo pondrían en una situación en la cual tendría que desconocer lo ordenado por el juez. No podría acatar”, manifestó.
Finalmente, Álvarez sostuvo que desconocer las competencias del organismo electoral durante un proceso de esta naturaleza podría generar mayores conflictos. “Hacer lo contrario significaría abrir verdaderamente las compuertas del caos y del desorden”, concluyó.
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El máximo órgano electoral informó la semana pasada que los candidatos a primeros regidores en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre en el país no podrán recibir credenciales de alcaldes si en el período inmediato anterior ejercieron ese máximo cargo.
En el caso de Lima, la elección estuvo desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López Aliaga, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció en octubre del año pasado para postular a la Presidencia, de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.
El político quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía. Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, aunque luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una “reelección encubierta”.
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Al no poder se proclamado alcalde nuevamente, ese cargo debe quedar en manos de Jeanette Alonzo Contreras, segunda en la lista de regidores de Renovación Popular, que ha sido el partido más votado en las elecciones capitalinas.
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