La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) advirtió que la meta del Gobierno de construir 1.25 millones de viviendas en los próximos cinco años no podrá alcanzarse si las políticas públicas se limitan a ampliar los mecanismos de financiamiento o los subsidios. El principal obstáculo, según el gremio, es la limitada capacidad del país para generar una oferta suficiente de viviendas formales. El planteamiento fue expuesto por Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de CAPECO, durante el Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 103.
Valdivia subrayó que la vivienda debe ser reconocida como una política social prioritaria, al mismo nivel que la educación y la salud. En esa línea, identificó tres condiciones estructurales que el Estado debe atender de forma simultánea: mayor disponibilidad de suelo urbano habilitado, expansión de los servicios básicos y desarrollo de infraestructura adecuada para sostener el crecimiento habitacional.
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Perú construye menos viviendas de las necesarias
Las cifras expuestas por CAPECO revelan una brecha de proporciones considerables. El Perú incorpora actualmente cerca de 60.000 viviendas nuevas al año, frente a una demanda que supera las 200.000 unidades anuales. Esa diferencia de más de 140.000 viviendas por año explica por qué el déficit habitacional del país se mantiene sin una reducción sostenida pese a los esfuerzos del sector.
La situación en Lima refleja esa misma tensión a escala metropolitana. En la capital se venden alrededor de 30.000 viviendas al año y la oferta disponible apenas supera las 50.000 unidades. Para alcanzar niveles de producción que se acerquen a la demanda real, Valdivia planteó que será indispensable generar nuevo suelo urbano habilitado, ampliar la cobertura de servicios y planificar con anticipación la expansión de las ciudades.
Suelo y saneamiento, antes que crédito
El vicepresidente ejecutivo de CAPECO fue preciso al establecer un orden de prioridades: el primer paso debe ser la habilitación de suelo urbano para proyectos habitacionales, a través de planes urbanos actualizados y el aprovechamiento de terrenos en manos del Estado. Sin ese insumo básico, cualquier política de financiamiento carece de sustento.
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La disponibilidad de agua y saneamiento ocupa el segundo lugar en esa secuencia. Valdivia advirtió que desarrollar proyectos de vivienda sin la infraestructura de servicios necesaria compromete la sostenibilidad de largo plazo de cualquier política habitacional. En esa misma dirección, planteó que los servicios públicos deben llegar a los nuevos territorios antes de que la expansión urbana se consolide de manera informal, un patrón que históricamente ha encarecido la formalización posterior.
Menos burocracia y lecciones del pasado
Junto a la habilitación de suelo y servicios, Valdivia identificó un tercer frente de acción: la modernización de la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y la simplificación de los procedimientos administrativos que hoy retrasan el desarrollo de proyectos inmobiliarios. La burocracia en los trámites de habilitación urbana y licencias de construcción fue señalada como un factor que desincentiva la inversión privada en vivienda formal.
El especialista respaldó su diagnóstico en la experiencia de hace 25 años, cuando el crecimiento del sector fue posible gracias a políticas públicas orientadas a generar suelo, promover proyectos y facilitar la construcción. “De nada vale que vengan más bancos o que demos más garantías si no tenemos una oferta que se proyecte hacia el futuro para alcanzar la producción de 200.000 viviendas al año”, afirmó Valdivia durante su exposición en el IEC N.° 103. La advertencia apunta directamente a evitar que la meta gubernamental genere expectativas que el mercado formal no esté en condiciones de satisfacer.
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