¿Recuerda usted los vídeos que hallaban cebollita china con manchas azules? Los supermercados en Perú la podían seguir vendiendo

La cebollita china con manchas verdes, los tomates con residuos y el apio contaminado han sido parte de la oferta habitual en supermercados y mercados de Perú durante años, sin retiros ni advertencias para los consumidores.

Ahora, un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados busca cambiar de raíz el control sanitario de los alimentos, estableciendo reglas más estrictas y responsabilidades claras para evitar que productos peligrosos sigan llegando a la mesa de millones de peruanos.

Para las exportaciones, todo; para el mercado interno, nada

El proyecto de ley 00011-2026-2031-CD, presentado por la bancada de Ahora Nación, establece que SENASA, autoridad sanitaria adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), asuma la rectoría única y directa sobre la vigilancia de la inocuidad alimentaria en todo el país.

La propuesta deja atrás el modelo vigente desde 2008, definido por el Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, que asignaba la fiscalización del mercado interno a más de 1.800 municipios, mientras SENASA se enfocaba en la exportación.

Esta fragmentación de responsabilidades resultó en una falta de control efectivo sobre los productos nacionales, incluso en supermercados, recuerda el senador Jaime Delgado. “Esa ley cuidaba la inocuidad de las exportaciones, pero para el mercado interno, que coman lo que sea”, dijo para Infobae Perú.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de organizaciones agrarias como Conveagro, crea un sistema nacional de trazabilidad agraria, que obligará a productores, transportistas y comerciantes a registrar el origen y el recorrido de cada alimento desde la chacra hasta el punto de venta.

Este mecanismo permitirá identificar rápidamente la cadena de distribución de un producto contaminado y actuar de inmediato para retirarlo del mercado ante cualquier hallazgo de riesgo.

El proyecto legislativo también endurece las sanciones para quienes infrinjan las normas. El uso indebido de plaguicidas o la omisión en el retiro de alimentos contaminados serán considerados infracciones “muy graves”, sujetas a las multas más altas previstas por la ley.

Además, la norma exige que los resultados de los controles sean publicados y que Indecopi emita alertas públicas a los consumidores sobre cualquier riesgo detectado en los alimentos comercializados.

SENASA le cargó sus funciones a más de 1.800 municipios

Durante años, el sistema de control sanitario de alimentos en Perú permitió que productos contaminados circularan sin restricciones, recuerda Jaime Delgado.

Según datos oficiales citados en el proyecto de ley, el 21,75% de las muestras vegetales analizadas por SENASA en 2023 superó el límite legal de plaguicidas. En ese monitoreo, la paprika tuvo un 97,8% de muestras no aptas, el pimiento 71,6%, el apio 69,7% y el tomate 62,8%.

Además, informes independientes revelaron que hasta el 44,7% de los vegetales de mercados populares no era apto para el consumo humano, mientras que en supermercados se encontraron residuos de plaguicidas en niveles muy por encima de lo permitido. Estos son algunos de los plaguicidas señalados en el proyecto:

• Clorpirifos: prohibido en Perú, actúa como disruptor endocrino y afecta la fertilidad.Metomil: neurotóxico, sometido a suspensión por orden judicial.
• Glifosato: herbicida de amplio uso, actualmente suspendido para consumo interno.
• Imidacloprid: insecticida neonicotinoide, vinculado a riesgos ambientales y para la salud.
• Clotianidina: otro neonicotinoide bajo suspensión judicial.
• Metamidofos, paratión, triclorfón y carbofurano: plaguicidas reconocidos por su toxicidad aguda y crónica.
• Otros detectados en exceso: cipermetrina, diazinon, fipronil, procimidona, profenofós, triazofós, fenpropatrin.

No obstante, el senador aclara que no se trata solo de plaguicidas prohibidos, sino también de la presencia de sustancias en altas dosis, como metales pesados, antibióticos y otros contaminantes.

“Nos hemos concentrado en los agroquímicos por los monitoreos, pero la inocuidad alimentaria abarca mucho más: también hay metales pesados y presencia de antibióticos. Todo eso supone un riesgo”, alerta.

Supermercados solo cubren un 10%: ¿quién vigila el resto?

Según el senador, la situación previa permitía que, aun cuando los monitoreos oficiales detectaban alimentos con altos niveles de contaminantes (incluso en supermercados), esos productos permanecieran a la venta y terminaban en la mesa de los consumidores.

Delgado identifica como los más afectados a tomate, pimiento, apio, cebollita china y fresa, productos en los que al menos la mitad de las muestras no era apta para el consumo. “No se hacía nada, la gente igual se los comía porque no había forma de inmovilizar ni retirar esos lotes del mercado”, explica el abogado.

Con todo, Delgado sostiene que, aunque los supermercados actualmente “ya están empezando a exigir más trazabilidad”, su oferta solo representa el 10% de las ventas nacionales; la mayoría de los alimentos frescos se sigue vendiendo en mercados tradicionales. La tarea es titánica.

“Lo que se tiene que hacer es un control permanente y aleatorio; no es posible analizar cada lote, pero sí tomar muestras y sancionar de inmediato al que incumpla. Al primero que se le encuentre, se le abre proceso y se incineran los productos. Así se envía una señal clara”, consideró el senador.

Finalmente, Delgado aseveró que, para que esta reforma sea efectiva, el SENASA necesita contar con más recursos y fortalecimiento institucional, ya que la autoridad no puede asumir estas atribuciones ampliadas sin respaldo técnico y presupuestal. “Es una situación que no resiste para más”, sentenció.

El dato

• En julio pasado, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ordenó a SENASA suspender la venta, distribución y uso de cinco plaguicidas agrícolas —clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina— en productos destinados al consumo interno.
• El tribunal declaró que la respuesta estatal es estructuralmente deficiente y advirtió que casi el 40% de los alimentos analizados presentaban residuos peligrosos, lo que vulnera derechos fundamentales de los consumidores.