Un total de 10.000 detonantes de presunta fabricación boliviana, valorizados en S/195.000, fueron incautados en Cusco durante un operativo conjunto de las autoridades. El material explosivo era transportado sin documentos que acreditaran su ingreso legal al país y, según las primeras investigaciones, podría estar destinado a actividades de minería ilegal.
La intervención estuvo a cargo de oficiales de Aduanas de la SUNAT, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, quienes emplearon un escáner móvil para revisar una encomienda procedente de Juliaca. El hallazgo encendió las alertas debido a que este tipo de accesorios suele ser utilizado en actividades extractivas que requieren explosivos.
Las autoridades informaron que los detonantes podrían estar destinados a operaciones de minería ilegal. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que el material quedó bajo custodia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para las investigaciones correspondientes.
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Escáner móvil permitió detectar cargamento de detonantes extranjeros
La incautación se produjo durante las acciones de control desarrolladas en los almacenes de una empresa de transporte de carga en Cusco. Según informó la SUNAT, los agentes utilizaron un escáner móvil para inspeccionar la carga y detectaron una caja de cartón cuyo contenido resultó sospechoso.
Al revisar la encomienda, encontraron 10.000 detonantes Riocap de origen boliviano ocultos en el interior del paquete. La mercancía había sido enviada desde Juliaca y era transportada sin documentos que acreditaran su importación o ingreso legal al territorio peruano.
De acuerdo con la Sucamec, los accesorios para el uso de material explosivo fueron retirados de circulación como parte de un operativo conjunto en el que también participó la Policía Nacional del Perú. La intervención buscó reforzar los controles para prevenir el transporte y la comercialización ilegal de explosivos y materiales relacionados.
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Tras la incautación, las autoridades comunicaron el hallazgo al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, los detonantes fueron internados en los almacenes de la Sucamec, entidad competente para su custodia y evaluación mientras avanzan las investigaciones.
Cargamento incautado podría estar destinado a la minería ilegal
La SUNAT advirtió que el cargamento podría haber estado destinado a actividades de minería ilegal, debido a que este tipo de detonantes es empleado para la fragmentación de roca en explotaciones mineras.
Aunque las investigaciones continúan para determinar el destino final de la mercancía y la identidad de los responsables, las autoridades consideran que impedir el traslado de estos materiales reduce el riesgo de que sean utilizados en operaciones clandestinas.
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La minería ilegal representa uno de los principales mercados para el uso irregular de explosivos en distintas regiones del país. El transporte sin autorización de detonantes constituye una infracción grave, ya que estos materiales requieren controles estrictos por el riesgo que representan para la seguridad pública.
El operativo también evidencia el fortalecimiento de las acciones conjuntas entre la SUNAT, la Policía Nacional y la Sucamec para combatir el tráfico de explosivos, una actividad que suele estar asociada a otras economías ilícitas.
Estudio advierte el avance conjunto de la minería ilegal y el narcotráfico
El decomiso ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de las economías ilegales en el país. Un reciente informe titulado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas, advierte que la minería ilegal y el narcotráfico ya operan como una estructura criminal integrada.
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La investigación sostiene que ambas actividades dejaron de actuar por separado y hoy comparten rutas, infraestructura y mecanismos financieros. Entre 2014 y 2024, las economías ilícitas habrían movilizado al menos US$13.341 millones en el Perú, de los cuales aproximadamente US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, superando incluso los ingresos del tráfico de drogas.
El estudio explica que el dinero generado por el narcotráfico financia operaciones extractivas ilegales, mientras que el oro obtenido ilícitamente sirve para lavar activos provenientes de diversas actividades criminales. Además, identifica corredores estratégicos donde estas redes han fortalecido su presencia, como Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
Los investigadores también alertan sobre el impacto de estas organizaciones en comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos. Según el informe, la expansión de la minería ilegal ha provocado miles de hectáreas de deforestación y ha favorecido el ingreso de organizaciones criminales transnacionales, lo que refuerza la necesidad de intensificar los controles sobre explosivos y otros insumos que podrían abastecer estas actividades ilícitas.
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