La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cada 26 de junio, invita a revisar las acciones orientadas a evitar el inicio y la escalada del consumo en jóvenes y adolescentes.
Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven la prevención basada en evidencia, con programas que priorizan el desarrollo de habilidades personales y familiares.
Modelos de prevención familiar enseñan a padres técnicas de crianza positiva y comunicación asertiva, lo que ayuda a reducir el riesgo de consumo temprano. En el entorno escolar, currículos de habilidades para la vida trabajan el manejo de emociones y la resistencia a la presión de grupo.
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Paralelamente, los programas comunitarios ofrecen alternativas culturales y deportivas en zonas de alta vulnerabilidad social, abordando factores como la deserción escolar y la violencia familiar. “Las estrategias más eficientes ya no se basan en el miedo o la intimidación, sino en el fortalecimiento de habilidades”, señala la UNODC.
El impacto del tráfico ilícito de drogas en la seguridad nacional y la economía
El tráfico ilícito de drogas representa una amenaza directa para la seguridad nacional y la economía de los países afectados. El financiamiento de organizaciones criminales y bandas urbanas a través del narcotráfico incrementa los índices de homicidios, extorsión y sicariato. Además, el poder económico de estas redes corrompe instituciones públicas y debilita el Estado de derecho, en particular en zonas de frontera o difícil acceso.
En el plano económico, el flujo masivo de dinero ilícito distorsiona la economía formal y facilita el lavado de activos mediante negocios fachada. El Estado debe redirigir recursos para fortalecer la defensa, la seguridad policial y el control de fronteras, con altos costos para el presupuesto público.
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A esto se suma la pérdida de productividad laboral asociada al consumo de drogas y la criminalidad, generando ausentismo, accidentes y gastos médicos. “El narcotráfico financia directamente a organizaciones criminales complejas”, indica la UNODC en sus reportes anuales.
Programas de rehabilitación y reinserción social para personas con adicciones
Las políticas actuales reconocen la adicción como una enfermedad crónica y no como un delito, según la perspectiva de la ONU. El acceso a programas de rehabilitación se sustenta en un enfoque de derechos humanos, priorizando la atención voluntaria, confidencial y libre de estigmas. Los tratamientos exitosos incluyen tres etapas: desintoxicación médica y psicológica, terapia ambulatoria o residencial, y la reinserción social.
La reinserción es clave para reducir la recaída, combinando nivelación educativa, capacitación técnica y acceso a empleo. Comunidades terapéuticas reguladas por el sector salud, junto a programas de apoyo educativo y laboral, buscan devolver la autonomía económica a las personas recuperadas. “El tratamiento de las adicciones debe ser voluntario, confidencial y libre de estigmas”, subraya la ONU en sus directrices para los Estados miembros.
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El rol de Devida
En el Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) lidera la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, orientada a romper la cadena de suministro de la cocaína mediante el desarrollo alternativo integral y sostenible.
Devida impulsa la sustitución voluntaria de cultivos de coca por productos agrícolas rentables como el cacao y el café, aliada con comunidades nativas y campesinas.
El organismo brinda asistencia técnica y comercial a los agricultores, fomenta la formación de cooperativas y facilita el acceso a mercados sin intermediarios. Además, financia infraestructura comunal, como caminos vecinales y plantas agroindustriales, para dinamizar la economía en valles amazónicos.
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