El Gobierno ejecutó una de las acciones de interdicción contra la minería ilegal más fuertes de este año en Madre de Dios, donde se destruyeron e incautaron bienes, maquinaria e insumos valorizados en más de S/ 64 millones. El operativo se desarrolló de manera simultánea en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, y dejó al descubierto la magnitud de las estructuras montadas por redes dedicadas a la extracción ilícita de oro en una de las zonas más sensibles del país.
De acuerdo con la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional contra las economías ilícitas que golpean directamente el patrimonio natural del Perú. Las acciones permitieron desarticular campamentos mineros instalados de forma ilegal dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, un espacio reconocido por su alta biodiversidad.
Operativos en Inambari dejan bienes incautados por más de S/ 64 millones
El primer golpe se ejecutó en el sector conocido como “Isla Córdova”, donde las fuerzas del orden hallaron una gran cantidad de equipos usados para la extracción ilegal de oro. Allí se incautaron bienes valorizados en S/ 62 247 275, entre ellos 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible entre petróleo y gasolina.
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En paralelo, otro operativo fue desplegado en el sector “Zorro Valencia”, también en Madre de Dios, donde se intervinieron equipos y materiales valorizados en S/ 2 277 230. En esta zona se decomisaron seis balsas tracas, dos pozas, tres motores, 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas para el procesamiento ilegal del mineral.
La intervención en ambos puntos se realizó bajo el amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción para prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional. Esta base legal permite a las autoridades actuar de forma directa contra campamentos, maquinaria e insumos empleados en actividades extractivas no autorizadas, especialmente en zonas donde el impacto ambiental se vuelve más severo por la cercanía a áreas protegidas.
Las acciones desarrolladas en Inambari forman parte del despliegue coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que mantienen intervenciones en distintos puntos del país para enfrentar las actividades que afectan los recursos naturales. En el caso de Madre de Dios, la presión de la minería ilegal de oro continúa siendo uno de los principales desafíos para la protección de la selva, la fauna y los cuerpos de agua de la zona.
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La expansión de la minería ilegal amenaza nuevas regiones de la Amazonía peruana
La problemática de la minería ilegal ya no se limita a los tradicionales focos de extracción en Madre de Dios. Un informe reciente de la agencia internacional AP advirtió que esta actividad se ha extendido hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, avanzando por ríos remotos y áreas de difícil acceso.
Según el reporte, autoridades peruanas reconocen que este delito tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, impulsado por el incremento del precio internacional del oro, que en 2026 bordea los US$ 2.000 por onza.
La investigación también alerta sobre los severos impactos ambientales que genera esta actividad. Las organizaciones especializadas citadas en el informe señalan que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada, dragas y motores para remover grandes cantidades de sedimentos en los cauces amazónicos.
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Como consecuencia, extensas áreas de bosque son transformadas en pozas y terrenos degradados en cuestión de semanas, mientras que los ríos presentan altos niveles de turbidez debido a la acumulación de residuos y sustancias contaminantes.
Otro de los riesgos identificados es el uso de mercurio en el procesamiento del oro, un elemento tóxico que termina ingresando a los ecosistemas acuáticos y a la cadena alimenticia. El reporte advierte además que la expansión de la minería ilegal está vinculada al accionar de redes criminales que operan en zonas alejadas de la Amazonía, generando conflictos sociales y amenazas contra comunidades indígenas y defensores ambientales.