En la zona fronteriza entre Perú y Ecuador, las operaciones contra la minería ilegal han entrado en una fase más intensa. Desde marzo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han ejecutado una serie de intervenciones en el sector del Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde ya fueron destruidas cerca de 150 instalaciones clandestinas vinculadas a la extracción de oro. El despliegue militar ha apuntado a campamentos, bocaminas, herramientas, explosivos y maquinaria usada para sostener esta actividad ilícita en un área protegida de enorme valor ecológico.
La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.
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El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal
Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.
Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.
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133.000 dólares de afectación económica a mafias
Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.
Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.
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En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.