En Perú, el 0.1% más rico de la población concentra alrededor del 22% de los ingresos nacionales, la proporción más alta registrada entre los países de Sudamérica y, para ese año, la más elevada del mundo. Así lo revelan datos de la World Inequality Database (WID) difundidos por Our World in Data, cifras que contrastan con una realidad paralela: 13.9 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, una brecha que especialistas en nutrición califican como una señal de alerta estructural.
La cifra de concentración de ingresos adquiere mayor dimensión cuando se examina al interior del propio segmento de altos ingresos. El 10% más rico del país acumula el 59% de los ingresos nacionales, pero dentro de ese grupo existe una fracción aún más reducida —el 0.1%— que por sí sola absorbe 22 de cada 100 soles que genera la economía peruana. La desigualdad, en otras palabras, no solo separa a los más ricos del resto de la población: también opera con fuerza dentro de la propia cúspide económica.
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“Muy pocos concentran una parte enorme de la riqueza, mientras 13.9 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave”, advirtió Jessica Huamán, nutricionista y especialista en seguridad alimentaria. Según la experta, esto implica que una parte importante de la población no accede de manera regular a una alimentación suficiente, saludable y adecuada. La inseguridad alimentaria grave alcanza a 4.9 millones de personas, y 2.3 millones se encuentran en situación de subalimentación.
La cara del hambre: familias que comen menos, peor o dejan de comer
La especialista subrayó que hablar de inseguridad alimentaria va más allá de la imagen del hambre extrema. “Hablamos de familias que comen mal, comen menos o que, en los casos más graves, dejan de comer uno o más días porque no tienen recursos suficientes”, señaló Huamán. Esa privación afecta directamente la salud, la nutrición y las oportunidades de millones de peruanos.
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Los datos de organismos internacionales refuerzan ese diagnóstico. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que el 51.7% de la población peruana sufre inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a cerca de 17.6 millones de personas. El Índice Global del Hambre (GHI) 2025, presentado por la red Alliance2015, ubicó a Perú en 18.8 puntos, un nivel comparable al registrado hace 15 años, con ocho departamentos —Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco— en situación grave.
El problema, según el informe del GHI, no radica en la falta de alimentos, sino en las condiciones de acceso. El país pierde hasta 12 millones de toneladas de alimentos al año, mientras persisten fallas en la distribución y en la capacidad de las familias para sostener una dieta adecuada. A ello se suman el alza del costo de vida, la precariedad laboral y la debilidad de los programas de protección social.
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La anemia infantil ilustra con precisión la magnitud del problema: el 43.1% de los niños menores de 3 años padece esta condición, según cifras citadas por Huamán. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró una prevalencia de anemia por deficiencia de hierro de 36.1% en menores de esa edad, y del 22.7% en mujeres de 15 a 49 años. La desnutrición crónica afecta al 12.1% de los niños menores de 5 años, un indicador que la especialista califica como sumamente grave.
Políticas públicas insuficientes ante una desigualdad estructural
La concentración de ingresos y la inseguridad alimentaria convergen en un mismo diagnóstico: el crecimiento económico no ha logrado traducirse en mejoras para los sectores más vulnerables. Pese a que la economía peruana creció cerca de 3.3% en 2024 y proyecta una trayectoria similar para 2025, el GHI advierte que ese ritmo no será suficiente para revertir la crisis alimentaria. En todos los escenarios proyectados, el índice de hambre se mantendría entre los más altos desde 2010.
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Alrededor de 7 millones de peruanos se benefician directamente de los programas sociales existentes, pero esa cobertura resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, según la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. La pobreza monetaria, aunque descendió de 29% a 27.6% según el INEI, convive con el encarecimiento de la canasta básica, que alcanzó los 454 soles.
“No basta con hablar de crecimiento económico si ese crecimiento no llega a la mesa de las familias”, afirmó Huamán. La especialista planteó la necesidad de políticas que enfrenten la desigualdad, garanticen el derecho a la alimentación y fortalezcan la alimentación escolar, las ollas comunes, los comedores populares, la agricultura familiar, los mercados de abasto y los servicios de salud con enfoque nutricional.
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Huamán remarcó que la seguridad alimentaria debe convertirse en una prioridad nacional con presupuesto asignado, metas claras y articulación entre los sectores de salud, agricultura, educación, desarrollo social, gobiernos locales y gobiernos regionales. “Es urgente que las políticas nacionales no se concentren únicamente en el crecimiento económico, sino también en cómo se distribuye la riqueza, quiénes se benefician de ella y quiénes siguen pagando las consecuencias de una profunda desigualdad”, sostuvo la especialista.