El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la expropiación de bienes inmuebles en Iquitos para avanzar con las obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta. La resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano oficializa la transferencia forzosa de propiedad y establece el valor de la tasación a ser abonado a los actuales titulares de los terrenos.
La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC tiene un plazo máximo de 60 días para solicitar vía judicial la consignación del monto calculado en la tasación, que asciende a S/ 523.667,99. El proceso queda especificado en la Resolución Ministerial N° 142-2026-MTC/01.02 y se ejecuta en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1192, el cual regula la adquisición y expropiación de inmuebles para infraestructura a favor del Estado.
El Aeropuerto Francisco Secada Vignetta de Iquitos, declarado de necesidad pública, se localiza en el distrito de San Juan, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
Pasos y criterios para la expropiación de predios en el aeropuerto de Loreto
La norma legal cita que la expropiación constituye la transferencia forzosa de la propiedad privada sustentada en causa de necesidad pública, solo procedente mediante ley expresa autorizada por el Congreso a favor del Estado, y siempre bajo el principio de indemnización justipreciada.
El proceso establece que el único beneficiario de la transferencia es el Estado, y precisa quiénes son los sujetos activos y pasivos: el MTC es el responsable del trámite, mientras que propietarios o poseedores inscritos en SUNARP figuran como sujetos pasivos de la medida.
La identificación precisa del área expropiada, linderos y medidas perimétricas está documentada mediante informes técnicos y catastrales. El valor de la tasación, fijado a partir del informe elaborado por un perito especialista, asciende a S/ 523.667,99, como detalla la resolución ministerial emitida el 18 de marzo de 2026, citada por El Peruano. El monto será depositado en la cuenta judicial correspondiente hasta la definición definitiva de la titularidad, sea por vía judicial, arbitral u otro mecanismo.
Plazos, notificación y entrega de inmuebles expropiados
El MTC, a través de su Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, tiene hasta 60 días hábiles tras la publicación de la resolución para efectuar la consignación judicial del pago por tasación. Cuando existen situaciones de duplicidad de partidas entre particulares y entidades estatales, el dinero queda bajo resguardo judicial hasta que se resuelva la propiedad del terreno involucrado.
La legislación exige que, en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la consignación, el área expropiada se inscriba a favor del beneficiario en los registros públicos. El registrador debe levantar y extinguir toda carga o gravamen que pese sobre los predios afectados; los acreedores podrán reclamar directamente el monto fijado.
Los notificados deberán desocupar y entregar el inmueble en un plazo máximo de 10 días hábiles en caso de terrenos desocupados o de 30 días en caso de inmuebles ocupados. El incumplimiento faculta al ministerio a iniciar el procedimiento de ejecución coactiva y proceder con la toma de posesión del predio.
El proceso establece que los propietarios deben ser notificados formalmente y contarán con un plazo legal para entregar el terreno; en caso contrario, se activa la vía coactiva. El pago por tasación es consignado judicialmente y cualquier disputa sobre la titularidad o sobregravámenes se resuelve ante el juzgado correspondiente, garantizando la disponibilidad del área a favor del Estado.
Contraloría detectó retrasos y riesgos en adquisición de terrenos para aeropuertos en Loreto
En agosto de 2025, la Contraloría General de la República publicó un informe crítico señalando que el MTC presentaba “incumplimientos en la adquisición de predios para el aeropuerto en Loreto”. El informe señaló retrasos tanto en la compra de terrenos como en su inscripción registral, además de la ausencia de una declaración expresa de necesidad pública sobre algunas áreas, aumentando la exposición a litigios y sobrecostos.
El caso más notorio involucraba el Aeropuerto Teniente Manuel Clavero en Soplín Vargas, donde la adquisición de solo 17 de los 54 terrenos necesarios acumulaba hasta 199 días hábiles de retraso.
La Contraloría reportó que, pese a que 45 predios contaban ya con valorizaciones oficiales, numerosos procedimientos legales permanecían inconclusos o en estado de duplicidad, complicando la transferencia formal a manos del Estado. También advirtió sobre la caducidad de certificados catastrales y la necesidad de nuevas tasaciones, lo que podría generar retrasos adicionales y perjuicios económicos.
Las recomendaciones exigieron la adopción inmediata de medidas correctivas y el respeto estricto a los plazos y procedimientos fijados en el Decreto Legislativo N° 1192, para preservar la seguridad jurídica, evitar sobrecostos y garantizar la correcta inversión de fondos públicos.