El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió sus fuertes declaraciones contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien lo denunció por difamación tras ser calificada como “aliada del terrorismo” y “desquiciada”. El parlamentario fujimorista negó retractarse y atribuyó la querella a una “venganza” por las denuncias constitucionales promovidas en el Parlamento.
En entrevista con Al día con Willax, justificó y vinculó sus calificativos a una presunta defensa a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Cuestionó que mientras los agentes del orden son procesados, los instigadores “están libres, nadie los investiga”.
“Yo puse un tuit cuando ella tuvo el descaro, la desfachatez, la vergüenza de reunirse con una supuesta asociación de víctimas. ¿Tú sabes quiénes son los que organizan esas asociaciones de víctimas? Sendero Luminoso y el MRTA en los años ochenta y noventa. Creen que los peruanos no tenemos memoria. Las supuestas asociaciones de víctimas eran impulsadas por el terrorismo. Hoy, las víctimas son los policías y militares que defendieron la democracia y el Estado de derecho. La situación es inversa, las víctimas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, mencionó.
Consultado sobre si se arrepiente de llamar a la exfiscal “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, reiteró: “No, por supuesto que no, que revise el diccionario de la Real Academia a ver lo que significa desquiciada”. Señaló que el término tiene “muchas acepciones, como exasperada”.
Además, mencionó que Espinoza, como persona pública y habiendo ocupado la Fiscalía de la Nación, un cargo muy importante, está sujeta a críticas. “A mí me critican todos los días. Ella misma, la mafia caviar, han hecho campaña diciendo que el Congreso da leyes prodelincuencia. Yo soy autor de alguna de esas leyes, como la que devuelve la investigación preliminar a la policía. La defiendo desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo.
“No voy a querellar a medio mundo, como hace esta señora. Yo siempre me he opuesto a la penalización de este tipo de cosas. Eso debería ser materia de juicios civiles, no penales, donde te meten a la cárcel por decir lo que piensas. Todas las organizaciones de periodistas en el Perú y en el mundo se oponen a esto y yo también. Pero esa es la ley, eso es lo que está ahora, así es que ya nada que hacer”, agregó.
El legislador denunció que “hay más de 350 policías y militares que están procesados, investigados por la fiscalía. Incluso crearon un organismo especial, el Eficavip, solo para perseguir policías y militares. Y no crearon ningún organismo para perseguir a los autores de estos delitos, a los que atacaron a la policía. ¿Cuántos de los instigadores están presos? Ninguno. ¿Cuántos están investigados? Nadie”.
Respecto a la audiencia de conciliación, relató: “Ella rechazó de inmediato la conciliación. Bueno, yo tampoco [quería]” y confirmó que el Congreso evalúa nuevas denuncias constitucionales contra Espinoza: “Esta señora ya ha sido sancionada por el Congreso, ha sido inhabilitada por diez años por violar la Constitución y la ley. La Junta Nacional de Justicia la ha destituido por violar la Constitución y la ley. Esa es la señora que me está acusando”.
Consultado sobre si la querella responde a una venganza, afirmó: “Sí, por supuesto, y por todas las críticas que yo le he hecho. Porque la he desenmascarado. Le he puesto como lo que es: perseguidora de policías y militares y defensora de aquellos que trataron de destruir la democracia y de instaurar una dictadura”.
Sobre la ampliación de la demanda, explicó: “Ellos habían presentado una serie de supuestas evidencias de lo que yo había dicho y después piden añadir un tuit más del 17 de enero, que no estaba en la demanda inicial. La juez lo admitió. Ahora se supone que es un delito continuado. O sea, yo soy un delincuente perverso que continúo cometiendo delitos. Doy mis opiniones”.
El contexto judicial y político del caso
El enfrentamiento entre Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza adquirió dimensión judicial luego de que, el 7 de julio de 2025, el presidente del Congreso publicara en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje donde calificaba a la exfiscal como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” y la acusaba de “ufanarse de la ilegal persecución contra policías y militares”.
Espinoza respondió con una carta notarial exigiendo retractación, que no fue atendida, y luego presentó una querella por presunta difamación agravada, solicitando una condena de 2 años y 4 meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles, suma que, según la exfiscal, sería donada al Hospital de Neoplásicas.
El juicio oral, instalado el martes 3 de marzo por el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema y presidido por la jueza suprema provisional Norma Carbajal, se desarrolla de manera virtual, con comparecencia obligatoria del congresista bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de ausencia. El abogado de Espinoza, Julio Huerta, logró que se amplíe la imputación para incluir un tuit adicional de enero de 2026, bajo el argumento de “delito continuado”, lo que extiende el plazo de prescripción hasta julio de 2030.
La defensa de Rospigliosi, a cargo de Humberto Abanto, sostiene que las declaraciones del parlamentario corresponden al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y crítica política hacia altos funcionarios. Por su parte, la parte demandante aportó como pruebas los mensajes en redes sociales y entrevistas televisivas. La próxima sesión está programada para el martes 10 de marzo a las 14:00, cuando Delia Espinoza deberá rendir declaración.