Cada 8 de marzo volvemos a hablar de igualdad, participación y oportunidades para las mujeres. En el Estado, los avances no son solo discursivos. Según el informe “La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2025”, elaborado por SERVIR, las mujeres representan hoy el 49,3 % del sector público, una cifra que confirma que la paridad en el empleo público es ya una realidad; sin embargo, el mismo estudio advierte que el 61 % de los cargos directivos continúa ocupado por hombres. La pregunta, entonces, no es si hemos avanzado, sino hacia dónde debemos avanzar ahora.
Si bien actualmente se observa una paridad en términos numéricos, esta no se refleja necesariamente en una participación equitativa en los cargos gerenciales. El estudio de la entidad pública evidencia que persiste una brecha en el acceso a estos puestos, lo que plantea un desafío concreto: no solo promover una mayor presencia de mujeres, sino también fortalecer y consolidar su liderazgo en los espacios de toma de decisiones.
Las mujeres participan activamente en sectores estratégicos, sostienen áreas clave del Estado y, en su mayoría, cuentan con una sólida formación profesional. No obstante, esa presencia y preparación aún no se ven reflejadas en los espacios donde se adoptan las decisiones de mayor impacto, evidenciando una brecha entre el aporte real que realizan y el nivel de representación que alcanzan en posiciones de liderazgo.
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Y aquí conviene decirlo con claridad: este desafío va más allá de una brecha estadística. Tiene que ver con la cultura organizacional, con trayectorias profesionales y con la forma en que entendemos —y valoramos— el liderazgo en el Estado. También con algo que suele quedar fuera de la conversación: el recambio generacional y las condiciones para que más mujeres jóvenes encuentren en el sector público un espacio real para crecer, innovar y dirigir.
En ese camino, la consolidación del liderazgo femenino no depende únicamente de la voluntad individual. Requiere fortalecer sistemas meritocráticos, procesos transparentes de promoción y mecanismos de evaluación basados en resultados. Un Estado moderno necesita que el talento —sin distinción de género— encuentre condiciones reales para desarrollarse y asumir responsabilidades estratégicas. La igualdad no se decreta; se gestiona.
Por eso, la conmemoración del Día de la Mujer no debería limitarse a reconocer avances. Debería invitarnos a mirar con mayor profundidad cómo se distribuye el poder dentro de nuestras instituciones y qué estamos haciendo para que el talento disponible tenga oportunidades reales de incidir en la conducción pública.
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La paridad alcanzada es, sin duda, un avance que merece reconocimiento. No obstante, el cambio real no se limita a las cifras: se refleja en quién ejerce el liderazgo, quién define las prioridades y quién orienta el rumbo de las decisiones públicas.
Consolidar un liderazgo femenino sólido, técnico y con capacidad real de incidencia no es solo una meta de equidad; es una condición para fortalecer la gestión pública. Ese sigue siendo, hoy, el desafío pendiente del Estado.