El caso que ha remecido a todo el Perú y ha generado amplio debate sobre la seguridad vial en Lima sumó un nuevo capítulo tras la difusión de detalles técnicos del peritaje policial en torno al accidente que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano en el distrito de San Isidro. El joven Adrián Villar Chirinos, de 21 años, afronta una investigación por presunto homicidio culposo, además de otros cargos vinculados a lo ocurrido la noche del 17 de febrero.
Las revelaciones fueron presentadas en el programa dominical Panorama, donde se expusieron extractos del informe elaborado por los peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP). El documento técnico no solo establece la velocidad a la que se desplazaba el vehículo, sino que también analiza las condiciones específicas de la vía y el momento en que se produjo la pérdida de control. Estos elementos fueron incorporados al debate durante la audiencia en la que el Poder Judicial evalúa el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra el investigado.
Peritaje policial determina velocidad y analiza la pérdida de control
Uno de los puntos centrales del informe es la determinación exacta de la velocidad. Según el análisis de causalidad leído en audiencia, el vehículo conducido por Villar se desplazaba a 48,24 kilómetros por hora al momento del impacto. El documento precisa: “En tal sentido, la velocidad calculada fue de cuarenta y ocho punto veinticuatro kilómetros por hora, la cual no superó la velocidad permitida de una avenida. Sin embargo, dicha velocidad resultó no prudente para el lugar, curva sinuosa y del momento pérdida de la direccionalidad del vehículo”
El dato ha sido clave dentro del proceso judicial. Aunque la cifra no sobrepasaba el límite máximo establecido para la zona, los especialistas concluyeron que no era una velocidad adecuada considerando la configuración del tramo, descrito como una curva sinuosa. La combinación de factores habría generado la pérdida de direccionalidad del automóvil, que terminó empotrándose contra un árbol y alcanzando a Lizeth Marzano, quien realizaba actividad física en la vía pública a esa hora de la noche.
Durante la audiencia también se mencionaron imágenes difundidas previamente, en las que se observa la conducción del vehículo en ese tramo. En el debate se hizo referencia a una posible distracción, aunque el peritaje no establece de manera concluyente la causa exacta por la que el conductor perdió el control. El análisis técnico se centra en los elementos objetivos recogidos en la escena y en la reconstrucción de los hechos.
El informe forma parte del sustento presentado por la Fiscalía, que considera que existen suficientes elementos de convicción para solicitar la medida restrictiva. Además del presunto homicidio culposo, el Ministerio Público atribuye a Villar los delitos de fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, argumentos que también han sido materia de discusión en la audiencia virtual desarrollada este 1 de marzo ante el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
Audiencia de prisión preventiva y defensa de César Nakazaki
La sesión judicial, iniciada a las 8:00 p. m., se realiza de manera virtual e inaplazable. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la participación del reconocido abogado penalista César Nakazaki Servigón, quien asumió la defensa colegiada de Adrián Villar junto a Cesar Enrique Pérez Escobar, ambos integrantes del estudio Sousa & Nakazaki Abogados.
La presencia de Nakazaki en la audiencia generó expectativa, dado su historial en procesos de alto perfil mediático. Durante la diligencia, la defensa ha buscado desvirtuar el pedido de prisión preventiva, cuestionando los fundamentos expuestos por la Fiscalía, especialmente en lo referido al peligro de fuga y a la proporcionalidad de la medida.
El Ministerio Público sostiene que Villar no permaneció en la escena tras el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro y que fue intervenido una vez vencidos los plazos iniciales de búsqueda. Actualmente, el joven permanece bajo custodia policial tras haber cumplido una detención preliminar de 72 horas. Este elemento ha sido presentado como uno de los principales argumentos para sustentar la existencia de riesgo procesal.
Por su parte, los familiares de la víctima han seguido de cerca el desarrollo de la audiencia, solicitando que se garantice el avance del proceso dentro de los plazos establecidos por ley. En caso de acreditarse los cargos imputados, el investigado podría enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel.