En el Perú, la caída de un presidente suele normalizarse: quién ganó la votación, quién negoció mejor, quién se reposiciona. Pero hay otra lectura menos mediática pero más incómoda, y es que deberíamos hacer con urgencia desde la nutrición. Cada crisis política reordena prioridades y, en ese reordenamiento, la comida de los más vulnerables suele quedar olvidada. Por eso la salida de un presidente no es solo un episodio político más; es un recordatorio de que la inestabilidad no se queda en Palacio: baja a la cocina de los barrios.
Recordemos que el desenlace del séptimo presidente en los últimos 10 años, estuvo atravesado por denuncias e investigaciones vinculadas a reuniones no registradas en agenda y presunto tráfico de influencias, una crisis que explotó en apenas cuatro meses de su gestión encargada. En paralelo, el país camina hacia las elecciones generales del 12 de abril, con un Estado que vuelve a reacomodarse en plena carrera.
Hasta aquí, podríamos quedarnos en el análisis institucional. Pero si miramos el impacto en la alimentación, gobernar no es solo emitir decretos: es sostener rutinas administrativas que garantizan alimentos, agua segura, servicios de salud de calidad, vigilancia y continuidad. Y justamente por eso, las políticas contra la malnutrición no pueden depender del sello de una gestión. Tienen que ser políticas de Estado, con reglas claras, financiamiento estable y mecanismos que sobrevivan a los cambios de autoridades. Porque en el Perú las gestiones, por crisis, censuras o reacomodos, pueden terminar de forma intempestiva.
El problema es que la alimentación de los más vulnerables no funciona con la lógica del “luego lo vemos”. Si no se come hoy, el impacto se expresa hoy: cae la ingesta energética y proteica, se reduce el aporte de micronutrientes clave, aumenta el riesgo de infecciones y se prolongan o agravan cuadros como la anemia. En niños, esto se traduce en menor atención y desempeño escolar; en adultos mayores, en pérdida de masa muscular y mayor fragilidad; y en quienes viven con enfermedades crónicas, en descompensaciones por dietas inadecuadas.
Y aquí es donde la salida de un presidente se vuelve relevante para el debate alimentario: porque cada remezón político abre la puerta a que lo social se deteriore sin responsables visibles. No siempre ocurre por una decisión frontal; muchas veces sucede por acumulación de pequeños quiebres: prioridades que cambian, equipos técnicos que se reemplazan, programas que entran en “revisión”, transferencias que se retrasan y coordinaciones que se desordenan. No estoy diciendo que toda transición implique necesariamente retroceso, pero sí sostengo, y la historia reciente lo respalda, que la inestabilidad multiplica el riesgo de improvisación, y la improvisación en alimentación tiene consecuencias medibles en anemia, crecimiento, aprendizaje y salud.
Por eso la discusión no debería quedarse en quién ocupa el cargo, sino en cómo blindamos lo mínimo: continuidad de estrategias con metas verificables, presupuestos que respondan al costo real de combatir la malnutrición, ejecución transparente y oportuna, y participación ciudadana efectiva, incluyendo a las organizaciones que sostienen la respuesta territorial. En resumen: una política alimentaria que no dependa de la voluntad del poder, sino de compromisos de Estado que se cumplan incluso cuando la política se sacude.