El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión suspendida en su condición de exalcalde de San Martín de Porres por el delito de omisión de denuncia y no podría participar en las Elecciones Municipales y Regionales 2026.
De acuerdo con la sentencia a la que accedió Infobae, se acreditó que, tras el cierre temporal del terminal de la empresa Flores Hnos. SRL, el alcalde Julio Chávez recibió en su despacho al empresario Pastor Flores, quien le informó y le hizo escuchar un audio en el que el asesor municipal Plácido Ayala García solicitaba 70 mil dólares a cambio de la reapertura del local, señalando que el dinero se repartiría con el alcalde y otros funcionarios.
Pese a reconocer la gravedad de la situación y siendo máxima autoridad administrativa, según el fallo, Chávez Chiong permitió el borrado del audio y no denunció el hecho ante el Ministerio Público, Policía ni ante el Concejo Municipal. Se probó que esta omisión favoreció la impunidad del delito —por el que Ayala fue luego condenado— y que el alcalde tenía la capacidad y obligación legal de comunicar estos hechos.
La sentencia también fija reglas de conducta que Julio Chávez deberá cumplir a fin de que la prisión suspendida no sea revocada y sea ingresado a un penal. Estas restricciones son:
- No variar de su domicilio sin autorización del juez y con conocimiento del Ministerio Público
- Comparecer cada 30 días a la Oficina de Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, personal y obligatoriamente, con la finalidad de registrar su firma y justificar sus actividades
- No volver a cometer nuevo delito doloso
- Reparar el daño ocasionado, esto es cumplir con el pago íntegro de la reparación civil de 2 mil soles
La sentencia también le impone a Chávez inhabilitación por 2 años.
Rechaza condena
Tras conocerse el fallo, el presidente de Acción Popular aseguró que el proceso por omisión de denuncia, al día de hoy, habría prescrito, por lo que a través de su abogado ha planteado un recurso para que se deje sin efecto la sentencia y se archive el caso.
“Sin perjuicio de ello, dejo en claro que los hechos no tienen que ver con ningún acto de corrupción atribuibles a mi persona, más aún si en otro juicio con sentencia firme se ha condenado a la persona que solicitó dinero a un empresario para favorecerlo en un trámite municipal, y en la cual se acreditó que no tuve ninguna participación", se lee en el comunicado de Chávez.
Chávez, dice, confía en que “este atropello a mis derechos fundamentales será corregido” por el Poder Judicial. Denunció “intereses electorales” que buscan anularlo políticamente.
“Tienen miedo que participe en las próximas elecciones y me quieren fuera de carrera, pero para mala suerte de ellos, una vez más no lo van a conseguir”, se lee.
Julio Chávez hace referencia al artículo 34-A de la Constitución que establece que no pueden participar en elecciones quienes tengan una sentencia en primera instancia por delito doloso.