El final del Inpe. El Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto Legislativo N.° 1710, una norma que redefine la administración del sistema penitenciario en el país. La medida crea una nueva entidad y, en la práctica, dispone la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un contexto marcado por extorsiones, fugas, corrupción y el control criminal desde las cárceles.
El decreto plantea una reforma integral de la estructura penitenciaria como respuesta a una crisis que se ha agravado en los últimos años y que ha puesto en cuestión la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre los centros de reclusión.
La creación de la SUNIR
La norma crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como la nueva autoridad responsable del sistema penitenciario y de reinserción social. Esta entidad absorbe al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).
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La SUNIR queda adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Según el decreto, su creación responde a las limitaciones estructurales del modelo vigente y a la necesidad de fortalecer el control, la seguridad y los procesos de resocialización bajo una gestión unificada.
Las funciones que concentrará la nueva entidad
La SUNIR asumirá todas las funciones vinculadas al internamiento de personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre sus competencias se incluye la administración de cárceles y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica y los programas de seguimiento postpenitenciario.
Asimismo, tendrá a su cargo la seguridad interna y externa de los establecimientos, la formación del personal penitenciario y la supervisión de la participación del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserción social.
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En términos operativos, el decreto concentra en una sola entidad la toma de decisiones sobre el sistema de encierro, con el argumento de lograr una gestión más articulada y eficiente.
Resocialización en el discurso, control en la práctica
Aunque la norma enfatiza la reinserción social y el respeto de derechos, el eje predominante es el control del sistema penitenciario. El decreto busca reducir las condiciones que han facilitado la corrupción, la violencia institucional y la infiltración del crimen organizado, fenómenos que han convertido a varios penales en centros de operación delictiva.
La medida también responde a exhortaciones previas del Tribunal Constitucional, que había advertido sobre la necesidad de una reforma integral. Sin embargo, el texto no establece metas públicas ni indicadores que permitan evaluar resultados concretos en la reducción del delito o en la mejora de las condiciones carcelarias.
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El proceso de transición y sus plazos
La reforma se implementará mediante un proceso de fusión y transferencia que involucra la absorción total del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES por parte de la SUNIR. Para ello, se conforma una Comisión de Transferencia encargada de inventariar y trasladar bienes, personal y recursos, mientras las entidades absorbidas continúan operando durante el periodo transitorio.
El proceso de fusión deberá culminar en un plazo de 90 días hábiles desde la instalación de la comisión, con la posibilidad de una única prórroga adicional de hasta 30 días calendario, autorizada por el Ministerio de Justicia. Durante esta etapa, se prevé la adecuación del marco normativo y la designación temporal de autoridades para asegurar la continuidad del servicio.
Lo que el decreto no resuelve
Pese a su alcance institucional, la norma no aborda problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura penitenciaria o el déficit de personal. Tampoco contempla recursos presupuestales adicionales, ya que la implementación deberá realizarse con los fondos existentes.
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Así, la creación de la SUNIR supone un cambio profundo en la arquitectura del sistema penitenciario, pero deja abiertas dudas sobre su impacto real en una crisis que excede la reorganización administrativa y requiere soluciones de fondo.