Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, admitió haber archivado dos o tres investigaciones preliminares contra la expresidenta Dina Boluarte durante su gestión, al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con los procesos. En una entrevista reciente, detalló que las denuncias archivadas carecían de relevancia penal o resultaban imposibles de corroborar, lo que justificó su decisión de no avanzar en esos casos.
“Algunas denuncias contra Boluarte las hemos archivado porque no revestían naturaleza penal, otras por falta de pruebas o porque los hechos imputados resultaban inverosímiles. Se trató de procesos sin sustento, por lo que correspondía darles cierre”, explicó Gálvez en entrevista con Siempre a las ocho, al tiempo que recalcó que el caso Rolex permanece abierto por la existencia de sospechas graves.
Pprecisó que en el caso de la intervención estética de Boluarte, aunque la investigación no está cerrada, no observa una imputación clara hasta el momento. “Seguimos recabando información y evaluando, pero no se ha determinado aún una conducta penal”, aclaró. Gálvez subrayó que la carga de trabajo en la Fiscalía es alta y que lleva apenas tres meses en el cargo, por lo que aún está en proceso de informarse sobre todos los expedientes abiertos.
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Críticas a la gestión de Delia Espinoza
En torno a la situación interna del Ministerio Público, Gálvez fue enfático al cuestionar la figura Delia Espinoza, recientemente destituida por la Junta Nacional de Justicia. El fiscal interino señaló que, aunque la inhabilitación de Espinoza es por diez años, aún no se puede nombrar a un nuevo titular hasta que la resolución sea firme y se agoten los recursos administrativos que la exfiscal puede interponer.
“Ella tiene cinco días para presentar una reconsideración. Solo si la Junta Nacional de Justicia ratifica la destitución, se podrá elegir a un nuevo fiscal de la Nación titular”, explicó Gálvez. Además, sugirió que el Ministerio Público atraviesa un periodo de transición y reestructuración, en el que el liderazgo y la toma de decisiones cobran especial relevancia.
También cuestionó la actuación de otras figuras del Ministerio Público, como el fiscal Pablo Sánchez, y manifestó su preocupación por la injerencia ideológica de ciertos grupos en la institución. Según el fiscal, la influencia de colectivos ligados a organizaciones no gubernamentales y al sector de derechos humanos ha sido “notoria y comprobable”, afectando la estabilidad y la autonomía del Ministerio Público.
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“Esa injerencia ideológica llevó a la desarticulación de la Junta de Fiscales Supremos y al desprestigio de las instituciones. Es necesario que se investigue en profundidad cómo se produjo esa influencia y quiénes se prestaron a esos juegos”, enfatizó Gálvez.
Estado de las investigaciones y casos emblemáticos
También abordó la problemática de la sobrecarga de denuncias y la necesidad de establecer criterios más rigurosos para la apertura de investigaciones. Anunció que en el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público se establecerá que no se podrán abrir procesos sin al menos un elemento objetivo que justifique la sospecha simple, evitando así el inicio de diligencias sin fundamento.
En cuanto a las críticas sobre la actuación de la fiscalía en casos mediáticos, como la prisión preventiva de Keiko Fujimori, Gálvez defendió la necesidad de pruebas para dictar sentencias condenatorias y lamentó la influencia de presiones mediáticas e ideológicas en ciertas decisiones judiciales y fiscales. “El caso de los cócteles es el ejemplo de la manipulación de la administración de justicia. Yo fui el primero en señalar que no había delito de lavado de activos, lo que finalmente confirmó el Tribunal Constitucional”, recordó.
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