Lima registró un inicio de año marcado por una serie de crímenes que inquietan a los vecinos y a las autoridades. Más de una decena de asesinatos en distintos distritos quedaron documentados en los primeros días del 2026, en pleno estado de emergencia y en medio de la expectativa por un nuevo plan de seguridad ciudadana. Los casos comparten un mismo patrón: uso de armas de fuego y modalidad de sicariato, con escenarios urbanos donde la violencia irrumpe sin aviso.
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao rige desde el 21 de diciembre, tras dos decretos previos emitidos en octubre y noviembre. A pesar de esta medida, los reportes policiales describen ataques selectivos contra trabajadores del transporte, jóvenes y comerciantes. La sucesión de homicidios expone disputas vinculadas a extorsión y control de rutas, según las primeras indagaciones.
Entre los hechos más comentados figura el asesinato de dos adolescentes de 15 y 17 años en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Se encontraban sentados en una esquina del jirón La Unión cuando dos sujetos en moto abrieron fuego. Tal como señala la información inicial, “Dos sujetos en moto llegaron y les dispararon hasta en 16 oportunidades”. Fueron conducidos al hospital de Canto Grande, pero fallecieron durante el traslado. Uno de los menores era extranjero, detalle que también quedó incluido en los informes del caso.
Sucesos posteriores reforzaron el clima de preocupación en distintos puntos de la capital y en ciudades cercanas, con relatos que apuntan a móviles vinculados a cobro de cupos y disputas criminales.
Estado de emergencia y cadena de crímenes
El mismo fin de semana, un mototaxista de 27 años salió de su vivienda para atender a un pasajero que lo contactó por teléfono. En el límite de El Pedregal y Juventud, un motociclista interceptó la unidad y abrió fuego. La víctima descendió del vehículo e intentó huir, pero cayó a pocos metros tras recibir siete disparos. De acuerdo con las primeras versiones policiales, el hecho podría estar relacionado con extorsión.
En Breña, otro mototaxista de nacionalidad venezolana recibió disparos por la espalda dentro de su vehículo. El agresor simuló ser pasajero y escapó en motocicleta luego del ataque. El crimen ocurrió en la cuadra 3 del jirón Manoa y, según la información compartida por los asociados del sector, el servicio formaba parte de la empresa Asociación Los Pioneros de Breña, cuyos integrantes denunciaron exigencias de pago. La propia fuente describe que a los miembros “les exigen el pago de cinco soles por cada mototaxi”.
Horas después, tres personas murieron en una cevichería situada en la Carretera Central, cerca de la comisaría y la base de serenazgo de Chaclacayo. El ataque fue ejecutado por sicarios que ingresaron al local y dispararon contra los presentes. El hecho se sumó a la lista de jornadas violentas reportadas por la Policía en diferentes distritos.
Choferes y trabajadores del transporte bajo ataque
También se confirmaron asesinatos de dos choferes de transporte público durante el fin de semana. Uno pertenecía a la empresa Etmosa y murió por impactos de bala en la avenida Paramonga, en San Martín de Porres. El otro fue interceptado en la autopista Ramiro Prialé, en Chosica, cuando conducía una unidad de la empresa Nazareno. En ambos casos, los agresores actuaron con precisión y escaparon de inmediato.
Fuera de la capital, en Huacho, dos colectiveros identificados como Walter Ramos y Edequiel Torres perdieron la vida mientras jugaban fulbito en un local del sector El Paraíso, en el distrito de Santa María. Cubrían la ruta Huacho–El Paraíso y, según los testimonios iniciales, serían víctimas de extorsión. Los atacantes ingresaron al recinto y dispararon ante la mirada de otros asistentes.
Patrón de sicariato y preocupación por extorsión
Los reportes oficiales coinciden en el uso de armas de fuego y en la modalidad de ataque directo. La información compartida por las autoridades destaca que “Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato”. Los escenarios incluyen calles, avenidas, locales comerciales y espacios recreativos, lo que intensifica la sensación de riesgo entre los ciudadanos.
La Policía desarrolla diligencias para identificar a los responsables y esclarecer los móviles. Las primeras hipótesis apuntan a mafias de extorsión que operan sobre rutas de transporte y negocios locales. Dirigentes del sector mototaxista y choferes relatan amenazas y cobros previos, mientras las familias de las víctimas exigen respuestas y mayor protección.
La semana queda descrita por los agentes del orden como una de las más violentas del inicio del año. Tal como señalan los informes recogidos en los operativos, se trata de “una semana sangrienta, según lo reportado por los policías”. La continuidad de las investigaciones y las medidas de seguridad será clave para determinar responsabilidades y comprender el alcance de estas redes criminales.