Teléfonos del penal y cobros de más de S/2 mil: el esquema de ‘Los Mexicanos’ para extorsionar desde la cárcel

La organización movía fondos ilícitos entre cuentas de familiares y utilizaba mensajes intimidatorios para imponer el pago de “cuotas de seguridad” a empresarios del transporte en Lima y Huánuco

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La organización conocida como ‘Los Mexicanos’ extorsionaba a empresas de transporte desde prisión, coordinando pagos y ataques a través de teléfonos penitenciarios y cuentas bancarias de allegados. | La Contra

Las autoridades peruanas lograron el desmantelamiento de una de las bandas de extorsionadores más activas contra empresas de transporte público. ‘Los Mexicanos’, como se denominaba esta organización, mantenía bajo amenaza a varios empresarios con el objetivo de recaudar sumas millonarias, valiéndose de métodos violentos y tecnología para esquivar la acción policial.

El grupo articulaba sus acciones tanto fuera como dentro de las cárceles. Desde penales en Huaral y Lima, líderes como Erick Yufire Oré coordinaban ataques, exigían pagos y gestionaban el movimiento del dinero ilícito, mientras sus cómplices ejecutaban los atentados e intimidaban a sus víctimas en distintos distritos de la capital y en Huánuco.

Esquema de recaudación y control territorial

La fiscalía y la Policía Nacional identificaron que la red solicitaba pagos semanales de hasta S/2 mil 500 a compañías afectadas, entre las que figuran Los Milagros del Señor de Pachacamilla, San Juan y Los San Juanitos. Este método de cobro, denominado “cuotas de seguridad”, permitía consolidar su influencia principalmente en el distrito de Villa María del Triunfo, sumando cerca de un millón de soles en menos de un año.

El esquema operaba con depósitos directos en cuentas de los integrantes o allegados, lo que dificultaba rastrear el origen y destino final del dinero. Los responsables alternaban los titulares bancarios para obstaculizar el trabajo de las autoridades.

Comunicaciones desde prisión

Las pesquisas revelaron que los cabecillas mantenían el control desde las cárceles, empleando teléfonos autorizados en el penal, conocidos como “azulitos”, para seguir dirigiendo la red. Según documentos obtenidos por La Contra, a pesar de las restricciones y bloqueadores de señal, los líderes impartían instrucciones y supervisaban los cobros desde el interior de las penitenciarías.

Un episodio clave se produjo cuando la empresa afectada exigió dialogar directamente con el responsable del grupo para concretar el pago de la extorsión. Esta conversación ocurrió el 14 de noviembre, como quedó acreditado en el expediente fiscal. El propio Yufire, encarcelado en Huaral, gestionó el contacto, mientras otro de sus colaboradores, Luis Zabaleta, interno en Castro Castro, también enviaba órdenes.

Intimidación y atentados coordinados

Desactivan a banda de extorsionadores 'Los Mexicanos'. Latina

La red utilizaba aplicaciones de mensajería para enviar imágenes intimidatorias, fotografías de armas y registros de buses incendiados o baleados, con el fin de infundir terror y doblegar la resistencia de sus víctimas. Las investigaciones atribuyen a Los Mexicanos’ una serie de ataques contra empresas durante los últimos meses, incluidas quemas y disparos realizados entre octubre y noviembre.

En los allanamientos ejecutados en Lima y Huánuco, los agentes incautaron dispositivos móviles, municiones, combustible y sumas relevantes de dinero. El fiscal Álvaro Rodas Farro estuvo al mando del operativo, donde se confirmó la detención de catorce miembros de la organización.

Modalidades de engaño y expansión del delito

Un elemento adicional en el accionar del grupo fue simular la presencia de varias bandas para aumentar la presión sobre los empresarios. Esta táctica, que ya se ha observado en otros sectores de Lima, confundía a las víctimas y multiplicaba la percepción de peligro.

El impacto de estas operaciones extorsivas fue visible en diversas zonas de la capital y en Huánuco, a la vez que se documentaron nuevos ataques a figuras públicas y periodistas. El asesinato de la regidora de Chicama, Helena Rojas, y el atentado contra el reportero Antonio Rumiche fueron señalados por fuentes policiales como parte de una creciente oleada de violencia vinculada al crimen organizado.

Las investigaciones apuntan a que el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional, así como el empleo de grupos especializados como Grecco y la Dirección Nacional de Investigación Criminal, permitieron reunir pruebas y accionar judicialmente frente a una red que se valía de la intimidación constante y del manejo sigiloso de fondos para permanecer activa, incluso tras las rejas.

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