Durante una reciente conferencia ante la prensa extranjera, el canciller Hugo de Zela expresó su incomodidad al reiterar que el Gobierno descarta la posibilidad de un ingreso por la fuerza a la embajada de México para cumplir la orden de captura de Betssy Chávez, expremier sentenciada a 11 años de prisión tras el intento de autogolpe de Estado de diciembre de 2022.
“Yo creía que había sido claro sobre este tema, pero me he dado cuenta que no tanto. No vamos a entrar a la embajada de México, no vamos a sacar a Betssy Chávez por la fuerza”, enfatizó al ser consultado sobre si se baraja dicha posibilidad.
Vale mencionar que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ha mantenido su postura desde antes de conocerse la sentencia contra la exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo. En entrevistas con la prensa local e internacional ha ratificado que dicha posibilidad no es ni evaluada. “Ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, mencionó recientemente en entrevista con CNN, donde se distanció de una acción similar a la Daniel Noboa.
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No obstante, fue el propio presidente José Jerí quien generó alarma internacional al mencionar que “si se debe entrar a la embajada mexicana, se hará”. Si bien pocas horas después retrocedió y aclaró que cuenta con un equipo ministerial con experiencia, “como por ejemplo la de Hugo de Zela, a quien siempre consulto y escucho mucho antes de cualquier acción concreta”, en un intento por atenuar la tensión generada, sus palabras ya habían motivado el pronunciamiento de los presidentes izquierdistas Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.
Consultado al respecto, el propio mandatario reconoció, en entrevista con El Comercio, que el canciller le transmitió de inmediato sus objeciones a cualquier acción que pudiera dañar la imagen internacional de Perú. “No es que me haya jalado las orejas. Él siempre me pone en contexto los escenarios”, reconoció Jerí, resaltando la necesidad de actuar con prudencia y respeto por el derecho internacional.
En esa línea, el jefe de Estado ha mencionado que la evaluación del salvoconducto a Chávez no constituye una prioridad para su gestión, dado que “el hecho de que la señora Betssy Chávez vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en mi país”.
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Al respecto, el canciller ha coincidido que no es una prioridad y que ello se analizará tras tener respuesta por parte de la OEA, donde busca que se debata la modificación de la Convención de Asilo de Caracas de 1954, a fin de que los países requieran oficialmente información judicial al Estado de origen antes de conceder asilo diplomático.
El ministro aclaró que la revisión de estas normas pretende evitar que figuras gubernamentales procesadas o condenadas por delitos comunes utilicen el asilo como recurso para eludir la acción de la justicia. “Por lo menos, mientras esté este gobierno, la cosa no va a ser tan fácil. Si se meten, tendrán que quedarse en la embajada”, aseguró De Zela en entrevista con Cuarto Poder.