El antecedente de la incursión policial ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, que desencadenó una crisis diplomática y sanciones internacionales, se ha convertido en un punto de referencia ineludible para el gobierno peruano en la gestión del caso Betssy Chávez. Este hecho, según consignó la cadena peruana RPP, ha intensificado la atención sobre la necesidad de preservar la legalidad internacional y el respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, en especial tras el pedido de asilo diplomático por parte de la ex primera ministra en dependencias mexicanas ubicadas en Lima. En este contexto, la negativa del primer ministro Ernesto Álvarez a ejecutar una operación policial en la Embajada de México ha expuesto una fractura visible en el Ejecutivo peruano, contradiciendo de manera directa las declaraciones previas del presidente José Jerí, quien manifestó que el gobierno estaba dispuesto a actuar en caso de que la justicia lo requiriera.
Según destacó RPP, tras una conferencia frente al Congreso de la República, el primer ministro Álvarez, acompañado por el canciller Hugo de Zela, afirmó expresamente que cualquier posibilidad de intervención en la sede diplomática mexicana quedaba “descartada”, sujetándose a los marcos legales nacionales e internacionales que resguardan la inmunidad de los recintos consulares. Álvarez basó su postura en su experiencia como presidente del Tribunal Constitucional y en la reconocida trayectoria diplomática de De Zela, argumentando que la institucionalidad peruana debía guiarse por el estricto acatamiento de las normas internacionales que rigen la protección de las representaciones extranjeras.
En este clima de creciente tensión, la cadena RPP precisó que la controversia ha escalado debido a la presión interna de sectores que exigen al Ejecutivo medidas inmediatas para hacer efectiva la orden de captura emitida contra Betssy Chávez. La ex primera ministra, bajo solicitud de asilo en la Embajada de México desde que se le dictó prisión preventiva por presunta coautoría en el delito de rebelión asociado al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, enfrenta la solicitud fiscal de una condena de 25 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación para ocupar cargos públicos. El Tribunal Supremo también dispuso cinco meses de prisión preventiva para Chávez, en el marco de una causa judicial que ha aumentado las demandas de celeridad y eficacia al Poder Ejecutivo.
Las declaraciones del presidente Jerí sobre la disposición a intervenir en la legación diplomática mexicana, recogidas por RPP, propiciaron una reacción inmediata por parte del canciller De Zela y precipitaron un intenso debate interno en el gabinete ministerial. El posicionamiento público del primer ministro Álvarez en contra de la intervención ha dejado en evidencia las divisiones dentro del Ejecutivo, con un sector alineado al respeto irrestricto del Derecho Internacional y otro que prioriza la ejecución rápida de decisiones judiciales y las expectativas sociales. RPP reportó que esta postura discordante entre presidente y primer ministro representa un nuevo episodio en la serie de crisis institucionales que enfrenta Perú desde fines de 2022, cuando la gestión de Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, hechos que terminaron con su destitución y arresto.
De acuerdo con la información publicada por RPP, en el gabinete ministerial peruano subsisten posiciones opuestas acerca de la estrategia a seguir: mientras una parte defiende la no intervención y la observancia rigurosa del Derecho Internacional, otra considera que la coyuntura demanda un enfoque más activo para satisfacer las resoluciones judiciales, además de responder a la presión mediática y ciudadana. El primer ministro Álvarez señaló que su postura refleja el sentir de un segmento importante de la población, especialmente ante la evolución del proceso contra Chávez, la cobertura de los medios y la opinión pública que percibe retrasos en la administración de justicia.
El antecedente ecuatoriano, según documentó RPP, ha cobrado peso entre los funcionarios y diplomáticos peruanos, que observan con cautela las consecuencias que una intervención en la Embajada de México podría acarrear para la relación bilateral y la imagen internacional del Perú. Tras la acción en Quito, México y Ecuador rompieron relaciones, y el caso fue condenado por diversas entidades multilaterales, recordando el carácter inviolable de las sedes diplomáticas según la Convención de Viena.
El desarrollo del caso también ha provocado respuestas directas desde México. RPP citó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que las legaciones diplomáticas deben gozar de plena inmunidad y que México no contempla ningún escenario que implique el uso de la fuerza dentro de su embajada en Lima. Sheinbaum enfatizó los compromisos multilaterales aceptados por los Estados y observó que la protección de estas instalaciones representa uno de los pilares del orden internacional vigente.
RPP señaló que, pese a la tensión política e institucional, la Embajada de México en la capital peruana sigue operando sin contratiempos ni alteraciones reportadas. Hasta el momento, las autoridades peruanas mantienen la política oficial de no intervención en la sede y aseguran el respeto a la seguridad de su personal. No obstante, la controversia ha colocado la gestión del asilo diplomático como asunto prioritario en la agenda gubernamental, judicial y legislativa, en un contexto donde la presión de la comunidad internacional y el reclamo social interno obligan a un manejo cauteloso.
La atención global sobre el caso Betssy Chávez, según insistió RPP, se mantiene elevada, puesto que su desenlace podría fijar parámetros regionales respecto al alcance del asilo diplomático, la soberanía estatal y la gestión de conflictos políticos y judiciales de alto nivel. El proceso, sumado a las disputas internas en el Ejecutivo, ha estimulado un examen crítico del sector jurídico y la opinión pública, situando el caso como catalizador del debate sobre los límites legales y políticos que enfrenta el Estado peruano bajo presión.
Por último, RPP consideró que la resolución que adopten los gobiernos de Perú y México sentará precedentes claves para la definición de futuras crisis similares en Latinoamérica, teniendo en cuenta la importancia de balancear la potestad interna de los Estados con el respeto a las normas internacionales y los compromisos diplomáticos multilaterales. La situación de Betssy Chávez sigue como foco central del debate institucional, sin que se hayan producido cambios en la política oficial respecto a la embajada mexicana, mientras la administración peruana enfrenta los retos derivados tanto de las exigencias judiciales como de las obligaciones internacionales asumidas.
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