El excanciller Javier González-Olaechea advirtió que la eventual expulsión masiva de migrantes irregulares desde Chile hacia Perú, propuesta que ha cobrado relevancia en el debate político chileno, generaría un escenario “inviable” para ambos países. En declaraciones a Canal N, explicó que un operativo de esa magnitud no solo sería impracticable desde el punto de vista logístico, sino que colocaría al Perú en una posición compleja como país de tránsito.
Según señaló, incluso si un eventual gobierno chileno decidiera ejecutar una expulsión a gran escala, el proceso se enfrentaría a limitaciones físicas, operativas y legales. “Si hay cientos de miles de personas que no están siendo registradas por las autoridades chilenas, primero tienen que agruparlas físicamente en algún lugar”, sostuvo, enfatizando que la magnitud de ese esfuerzo ya supondría un obstáculo de difícil solución.
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Frontera limitada y control insuficiente
El excanciller recordó que la frontera terrestre entre Perú y Chile es reducida y cuenta con pocos puntos de control formal. “Nuestra frontera con Chile es menor a 180 kilómetros lineales”, manifestó, para luego subrayar que los pasos fronterizos formales y las aduanas “no cubren los 274 kilómetros” del límite total, lo que haría inviable canalizar por allí un flujo migratorio masivo.
El extitular del ministerio de Relaciones Exteriores también señaló que, en caso de migrantes no peruanos, las autoridades del Perú tendrían la potestad de aceptar o rechazar su ingreso. Ello crearía una situación aún más compleja porque el país quedaría como un territorio de tránsito obligado entre Chile, país de origen del desplazamiento, y un destino final incierto para ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellas venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos.
Emergencia por migración irregular
González-Olaechea destacó que el Gobierno peruano ya viene adoptando medidas preventivas para evitar que un eventual éxodo desde Chile genere una crisis en la frontera sur. En ese sentido, calificó como una señal positiva la reciente decisión del Ejecutivo de declarar un estado de emergencia en zonas fronterizas, permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
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“El Gobierno está abocado a afilar todos los mecanismos dentro del marco de las posibilidades”, afirmó, aludiendo a la necesidad de fortalecer las capacidades estatales ante eventuales desbordes. La participación militar, añadió, puede contribuir al control territorial en escenarios de movilidad masiva, siempre dentro del marco legal.
Caso Betssy Chávez: tensiones diplomáticas
Durante la entrevista, el excanciller también comentó el caso de Betssy Chávez, quien permanece en la Embajada de México en Lima. Señaló que no prevé cambios en su situación y que la expremier se mantendrá “ad eternum” en calidad de asilada, con las obligaciones logísticas que ello implica para el Estado mexicano.
Asimismo, cuestionó la legalidad del asilo concedido a Chávez, al sostener que este habría sido otorgado “de forma ilícita” según la Convención de Caracas. Argumentó que la exfuncionaria no es una perseguida política, dado que enfrentaba un proceso judicial regular y que incluso el Tribunal Constitucional ordenó su liberación cuando estuvo bajo prisión preventiva.
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Rectificación del Ejecutivo
Finalmente, González-Olaechea se refirió a recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien había sugerido una eventual intervención en la embajada. Aseguró que dichas palabras fueron expresadas en términos hipotéticos y que luego el mandatario ajustó su posición tras consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Horas después, el Ejecutivo precisó que se respetarán plenamente las normas internacionales aplicables al asilo diplomático. Para el excanciller, este pronunciamiento confirma que la política exterior peruana seguirá enmarcada en los compromisos internacionales asumidos por el país.
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