La minería ilegal se convirtió en una de las mayores amenazas ambientales y sociales del Perú. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), hacia 2014 ya se habían perdido 100 mil hectáreas de bosques a causa de esta actividad ilícita, con un impacto directo en las fuentes de agua que abastecen a comunidades amazónicas y rurales.
El director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Minam, Yury Pinto, explicó durante su ponencia en el Foro del Agua de PERUMIN 37 que el problema va más allá de la deforestación: la minería ilegal contamina los ríos con mercurio y destruye ecosistemas importantes para la seguridad hídrica del país.
3.000 toneladas de mercurio en los ríos
Pinto detalló que, en las últimas dos décadas, más de 3.000 toneladas de mercurio fueron arrojadas a los ríos del Perú. Solo en Madre de Dios, esta contaminación alcanza un promedio de 27 toneladas por año, afectando no solo el agua, sino también la pesca y la biodiversidad.
El funcionario advirtió también que el mercurio está entrando en la cadena alimentaria y en los cuerpos de las personas. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país.
Denuncias de comunidades amazónicas
En junio, representantes de diez comunidades amazónicas viajaron a Lima para denunciar que el Estado no frena la expansión de la minería ilegal. La queja fue presentada ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), acusando al Perú de incumplir un acuerdo regional contra esta actividad, vigente desde 2012.
“Más del 80% de nuestra población está contaminada con mercurio en la sangre. Los peces de nuestros ríos y lagos también están envenenados”, declaró Jhonny Huaymacari Yuyarima, líder del pueblo indígena Ikito y representante de 33 comunidades de la cuenca del río Nanay.
Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt encontró niveles peligrosamente altos de mercurio en el cabello de 273 residentes de seis comunidades ribereñas. El 79% superó el límite de seguridad de la OMS, con los niños menores de 4 años registrando valores hasta seis veces más elevados de lo permitido.
Impactos sociales y de seguridad
El problema no solo es ambiental. Según líderes locales, los campamentos mineros ilegales han traído consigo grupos armados, trata de personas y explotación sexual. Huaymacari denunció que en algunas comunidades operan más de 60 dragas mineras y que incluso se llegó a izar una bandera extranjera en territorio peruano. “Ya no parece Perú”, lamentó.
En Loreto, la minería avanza hacia las cabeceras del Nanay, incluso en zonas protegidas. El alto consumo de pescado en la región incrementa el riesgo de intoxicación por mercurio, mientras los habitantes sienten que sus reclamos no son atendidos por el Estado.
Estrategia contra la minería ilegal
Ante este panorama, el Gobierno anunció la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, que plantea seis objetivos prioritarios, entre ellos reforzar la fiscalización, frenar la comercialización de minerales de origen ilícito y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad.
El Minam también subrayó que no es posible formalizar operaciones que se desarrollan en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, pues la ley prohíbe actividades extractivas en estas zonas críticas para la seguridad hídrica nacional.