Las nuevas políticas antimigrantes durante la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos están teniendo un impacto incluso en quienes poseen documentos en regla. Tal es el caso de una mujer que, pese a contar con más de dos décadas como residente legal y portar una ‘green card’ vigente, fue retenida por las autoridades al regresar de unas vacaciones familiares.
Se trata de Jemmy Jiménez Rosa, ciudadana peruana que llegó a Estados Unidos a los nueve años y que, tras más de veinte años como residente permanente, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La medida, que se dio a pesar de que su tarjeta de residencia había sido renovada en julio, ha generado preocupación por lo que su abogado califica como un atentado contra el debido proceso.
El caso ha despertado el interés de la prensa estadounidense y de legisladores de Massachusetts, quienes cuestionan la legalidad de su detención y las condiciones en las que se le mantuvo bajo custodia.
La detención de Jemmy tras volver de un viaje familiar
El 11 de agosto, Jemmy Jiménez regresaba de México junto a su esposo e hijos cuando fue apartada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Aunque había viajado en al menos doce ocasiones anteriores con su green card, en esta oportunidad fue puesta bajo custodia.
Su abogado, Todd Pomerleau, explicó a Newsweek que nunca recibió una explicación oficial sobre la detención. Sin embargo, señaló que las autoridades pudieron haber vinculado el caso con un cargo menor de posesión de marihuana del año 2003. Dicho antecedente había sido indultado de forma total e incondicional por el entonces gobernador de Massachusetts y los registros estaban sellados.
Pomerleau recalcó que el gobierno nunca solicitó documentación adicional ni citó formalmente a su cliente, lo que convierte la retención en una medida arbitraria. Tras cuatro días en el aeropuerto, Jemmy fue trasladada a un centro de detención en Maine donde permaneció aproximadamente otros 4 días antes de su inesperada liberación.
“Lo que está sucediendo ahora no tiene precedentes. Es un atentado contra el estado de derecho y el debido proceso”, afirmó la defensa de Jiménez Rosa.
Autoridades de EE.UU. defienden endurecimiento de controles migratorios
Ante las consultas de la prensa, un portavoz de la CBP declaró que “una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho” y que el gobierno tiene la potestad de revocarla si se infringen las leyes. Asimismo, indicaron que los residentes legales con antecedentes penales pueden quedar sujetos a detención obligatoria o a procesos de verificación adicionales.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su portavoz Tricia McLaughlin, sostuvo que bajo la gestión de la secretaria Kristi Noem se están cumpliendo las órdenes del presidente Trump de intensificar la deportación de “inmigrantes ilegales delincuentes”. “Se desplegó al ICE para atacar a los peores entre los peores y llevar a cabo la mayor operación de deportación de inmigrantes delincuentes en la historia de Estados Unidos”, aseguró.
Problemas de salud agravaron la situación de la residente
La situación de Jemmy se agravó debido a sus condiciones médicas. Según relató su abogado, durante su reclusión en el aeropuerto no tuvo acceso a sus medicamentos para la diabetes e hipertensión, ni a sus tratamientos de salud mental. Tampoco se le permitió ducharse ni realizar llamadas telefónicas.
En varias ocasiones debió ser trasladada de urgencia a un hospital por complicaciones en su estado físico. Al llegar al centro de detención en Maine, su condición era tan precaria que apenas podía caminar. Estas circunstancias han sido denunciadas como una violación a sus derechos humanos básicos.
Preocupación en Massachusetts por el caso de Jemmy
El caso generó una ola de cuestionamientos. El congresista de Massachusetts, Stephen Lynch, expresó su preocupación sobre la demora en resolver la situación y la falta de servicios adecuados para una residente legal permanente.
En paralelo, su esposo Marcel Rosa inició una campaña en la plataforma GoFundMe en la que destacó que Jemmy siempre se ha mostrado solidaria con su comunidad y que su detención carece de justificación. “Para ella todo gira en torno a sus hijos”, escribió en la página de recaudación.
La liberación de Jemmy, obtenida tras una moción urgente de su abogado y la anulación judicial de su antigua condena, ha sido vista como un alivio temporal. Sin embargo, el caso deja abiertas preguntas sobre el alcance de las políticas migratorias actuales y el trato a quienes, pese a contar con documentos legales, enfrentan procesos que ponen en riesgo su estabilidad, salud y derechos fundamentales.