José Jerí pide que Martín Vizcarra vaya al mismo penal que otros expresidentes: “Hay un principio y una tradición”

El INPE declaró irregular la permanencia del exmandatario en Barbadillo y abrió la posibilidad de trasladarlo a Lurigancho, generando la respuesta inmediata del presidente del Congreso peruano

(Video: Canal N)

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, se pronunció con firmeza sobre la situación del exmandatario Martín Vizcarra, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declarara nula la clasificación que le permitía permanecer en el penal de Barbadillo. Esta decisión abre la puerta a que el expresidente sea trasladado al penal de San Juan de Lurigancho, lo que ha generado un intenso debate político y mediático. Jerí remarcó que, más allá de la polémica, corresponde aplicar las mismas reglas que se siguieron en el pasado con otros exjefes de Estado que enfrentaron procesos judiciales.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento sostuvo que la figura presidencial no debe alterar la aplicación de la normativa penitenciaria, pero sí respetar la “tradición” con la que se ha tratado a los expresidentes en el país. “Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendría que respetarse conforme las normas estén vigentes”, expresó.

Un debate abierto por la decisión del INPE

Composición: Infobae Perú

El pronunciamiento de José Jerí surge luego de que el INPE declarara nula la clasificación que permitía a Vizcarra permanecer en Barbadillo. Según la Directiva N° D001034-2025-INPE-ORL, el exmandatario obtuvo un puntaje de 10 en el proceso de evaluación, lo que hace irregular su estadía en dicho penal y lo pondría en la lista de internos que deben cumplir condena en Lurigancho, el penal más grande y sobrepoblado del país.

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La declaración del titular del Parlamento marca una posición política clave, pues recuerda la existencia de una “tradición” respecto al tratamiento de expresidentes privados de libertad. Si bien evitó entrar en detalles sobre el destino final de Vizcarra, insistió en que el respeto a las normas vigentes debe primar en cualquier decisión.

En paralelo, desde el entorno familiar del exmandatario surgieron críticas. Su hermano, Mario Vizcarra, calificó de arbitraria la resolución y advirtió que se estarían buscando “irregularidades políticas” para justificar un traslado a Lurigancho. Incluso responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte por lo que pueda sucederle a su hermano en caso se concrete el cambio de penal.

Defensa de Vizcarra y respuesta del INPE sobre su situación penitenciaria

Martín Vizcarra es el quinto expresidente en ingresar al penal Barbadillo. Foto: composición Infobae

Tras conocerse la resolución del INPE, el abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, declaró en contra de que se busque trasladar al expresidente a un penal común como Lurigancho. El también militante de Perú Primero aseguró que su defendido debe ser tratado con una excepción debido a su condición de exmandatario. “No se le puede enviar a Lurigancho por cualquier justificación, él tiene la condición de expresidente y eso nadie se lo puede quitar”, declaró.

Por su parte, el jefe del INPE, Iván Paredes, explicó que la permanencia de Vizcarra en Barbadillo no fue sustentada de la manera adecuada. Señaló que la junta de clasificación no aplicó de forma correcta la directiva que regula el internamiento de procesados y sentenciados, sino que simplemente lo envió a Barbadillo por haber sido presidente. Según el funcionario, Vizcarra obtuvo un puntaje de 10, lo que corresponde al perfil de internos destinados a Lurigancho, y no a un penal especial.

El INPE también aclaró mediante un comunicado que la presidenta Dina Boluarte ni otras instituciones han tenido injerencia en el proceso, rechazando las acusaciones de presiones políticas. En el documento, además, se detalla que Barbadillo está reservado únicamente para expresidentes elegidos mediante voto popular, lo que no se aplica en el caso de Vizcarra, quien asumió la presidencia tras una vacancia. El propio INPE reconoció la existencia de un vacío legal y sostuvo que la prioridad será garantizar la seguridad del exmandatario en cualquier penal al que sea trasladado.

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