El Gobierno del Perú oficializó la Ley Nº 32419, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Esta fue publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.
La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno, generó amplio rechazo de organismos de derechos humanos y de víctimas, que advierten que esta medida podría abrir la puerta a la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
Una ley que genera controversia internacional
La promulgación, realizada el 13 de agosto, se llevó a cabo pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano suspender el trámite de la ley por su incompatibilidad con los tratados internacionales. Casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ya juzgados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), podrían verse afectados si se aplica la amnistía a condenados y procesados.
La presidenta Boluarte defendió la medida afirmando que el país “rinde justicia” y “honra” a quienes combatieron el terrorismo, señalando que muchos de ellos “cargaron durante años con el peso de juicios interminables” y “acusaciones injustas”.
En su discurso, advirtió que el Perú “no permitirá intromisiones internas o externas” que busquen “distorsionar la historia” o “convertir a los defensores de la patria en enemigos de la nación”.
Alcance de la norma
La Ley Nº 32419 beneficia a integrantes de las FF. AA., PNP y comités de autodefensa que no tengan sentencia firme, así como a adultos mayores de 70 años con condena cumplida o en ejecución, siempre que no hayan sido procesados por terrorismo ni corrupción. Su aplicación incluye delitos “derivados u originados” en la lucha contra el terrorismo durante las dos décadas de conflicto interno.
Sin embargo, organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sostienen que la ley contradice la jurisprudencia internacional que prohíbe las amnistías en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y advierten que más de un millar de personas podrían beneficiarse, entre ellas sentenciados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Presencia de figuras cuestionadas
El acto oficial contó con la presencia de congresistas que respaldaron la norma —como Fernando Rospigliosi (legislador que propuso la ley), Martha Moyano, Jorge Montoya y José Williams—, así como de altos mandos militares, policiales y miembros de comités de autodefensa.
Un hecho que llamó la atención fue la asistencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del grupo Colina condenado por violaciones de derechos humanos, quien fue excarcelado en 2024 y recibió el saludo personal de Boluarte.
Reacciones y advertencias
Andrea Pochak, representante de la CIDH, declaró que el Perú “se sometió voluntariamente” al Sistema Interamericano y que debe acatar sus decisiones, no por la CIDH, sino “por las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia”. Cabe señalar que la Corte IDH convocó a una audiencia pública el próximo 21 de agosto para evaluar el impacto de la ley, advirtiendo que su aplicación colocaría al país en desacato de sentencias internacionales, lo que constituiría el cuarto incumplimiento durante el gobierno de Boluarte.
Por su parte, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos han pedido a los jueces que se abstengan de aplicar la ley, argumentando que no es un acto humanitario sino una maniobra para blindar a responsables de crímenes graves cometidos durante el conflicto interno.