Durante una ceremonia de graduación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), un egresado aprovechó uno de los momentos más importantes para manifestarse en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Mientras sostenía su diploma, este joven desplegó una bandera con el mensaje “Dina asesina”.
El joven se acerca a la mesa de los representantes de la institución junto a sus compañeros. A los pocos segundos de recibir el diploma voltea para la fotografía y es ahí donde saca de sus pertenencias esta tela blanca con la frase en contra de la mandataria, generando una reacción entre los presentes y viralizándose rápidamente en redes sociales.
La protesta ocurre en un contexto en el que aún persisten cuestionamientos por la actuación del Gobierno durante las manifestaciones sociales de diciembre 2022 y enero 2023, las cuales dejaron decenas de muertos en distintas regiones del país. El mensaje del egresado fue interpretado como una expresión de indignación frente a la falta de justicia para las víctimas, debido a que la Fiscalía continúa la investigación.
Víctimas sin justicia
Desde que Boluarte llegó a Palacio de Gobierno luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el respaldo de la población ha ido disminuyendo. Sin embargo, a los pocos días de tomas el mando, las protestas en el país comenzaron, donde se reportaron 49 fallecidos ante enfrentamientos de la PNP. Ante ello, la Fiscalía abrió investigación en contra de la jefa de Estado y sus ministros de Estado en ese momento.
Este es uno de los casos que llegó a nivel internacional. A los dos años de este lamentable episodio, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH se pronunciaron y exigieron al Estado peruano justicia para las víctimas. En este cotexto, señalaron que se “usaron balas, perdigones y gases lacrimógenos”.
A pesar de que se creó la Comisión Multisectorial para atender a las víctimas, los familiares han señalado el abandono del Gobierno.
Jhon Rusbel Canchari, un joven ayacuchano de 27 años, perdió la visión de un ojo tras recibir perdigones en el rostro cuando regresaba de su trabajo. A su caso se suma el de Raúl Samillán, quien perdió a su hermano médico mientras auxiliaba a manifestantes. “El dolor no cesa”, declaró a Hildebrandt en sus trece.
La historia de Samillán expone cómo la violencia también alcanzó a quienes acudieron a brindar ayuda en medio del caos. Muchas familias aún exigen justicia y explicaciones del Ejecutivo, en un contexto marcado por el silencio y la lentitud de las investigaciones.
Según la Defensoría del Pueblo, un total de 900 personas resultaron heridas durante las protestas. De ellas, 65 presentaron impactos en zonas altas del cuerpo, lo que va en contra de los protocolos del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
Congreso blinda a presidenta
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 40 personas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. La decisión fue respaldada por mayoría, con más de diez votos a favor y solo dos en contra.
El congresista José Jerí, encargado del informe, argumentó que no se encontraron pruebas que vinculen directamente a Boluarte con órdenes para reprimir las manifestaciones. Con ello, el Congreso descarta por ahora un proceso político o constitucional contra la mandataria.